España sufre un alarmante aumento de la morosidad interempresarial.
España sufre un alarmante aumento de la morosidad interempresarial. Según el Estudio de Riesgo de Crédito en el que han participado los gestores de cerca de 800 empresas de todos los tamaños y sectores – que impulsan la compañía aseguradora Crédito y Caución y su filial de información empresarial Iberinform–, el 55% de las empresas sufre los impactos negativos de la morosidad en su cuenta de resultados. Además, el 20% de las empresas españolas confirma que ha sufrido impagos significativos lo que supone un deterioro de cuatro puntos frente a los niveles de impacto de la morosidad de hace un año. Más aún, el 9% de las empresas entrevistadas afirma que corre el riesgo de cerrar por el impacto de los impagados. Asimismo, de acuerdo con el citado estudio el 47% de las empresas españolas afronta pérdidas de ingresos significativas a causa de la morosidad y el 26% de las compañías mercantiles registra un incremento de sus costes financieros por culpa de los impagos de facturas. Además, el 14% de las empresas se ven obligadas a frenar su expansión comercial y el 11% a limitar sus nuevas inversiones.
Por otro lado, el citado estudio de Crédito y Caución e Iberinform patentiza que el 73% de las empresas tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes, además, que un 11% del tejido productivo trabaja por encima de los 90 días de plazo, un valor similar a 2019. Y el 51% de las empresas opera con plazos por debajo de los 60 días. Conviene especificar que la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales incluye un precepto que establece que el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios y, asimismo, contiene una norma que dicta que las partes no podrán alargar los aplazamientos de pago por encima de los 60 días naturales a contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios. Por añadidura, el estudio revela que el mejor comportamiento en cuanto a plazos de pago se registra en el sector público y el peor, entre las pymes y la gran empresa. A su vez, sólo el 9% de las empresas tiene que aceptar una extensión indeseada de los plazos de pago por parte de la Administración, un porcentaje sensiblemente inferior al registrado en la crisis de 2008. La capacidad de los autónomos para imponer plazos de pago también se reduce al 17%. En el caso de la pyme y la gran empresa este valor alcanza el 42% y el 43%, respectivamente. Tanto los autónomos como las pequeñas, medianas y grandes empresas registran peores cifras que en 2022, lo que implica un empeoramiento de su comportamiento como clientes y una mayor necesidad de imponer plazos amplios a sus proveedores. Igualmente, el mencionado estudio revela que un 59% de las empresas percibe problemas financieros en sus clientes, doce puntos porcentuales más que hace un año. Esta falta de liquidez vuelve a ser la razón más citada para explicar la morosidad empresarial, por delante del retraso intencionado (51%), la complejidad del procedimiento de pagos (16%), la emisión de facturas incorrectas (8%) o las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados (8%).
Según los autores del citado Estudio de Riesgo de Crédito la falta de control sobre la morosidad es un riesgo para la actividad empresarial. El incumplimiento de los pagos acordados genera importantes tensiones de liquidez y es especialmente desestabilizador en la operativa de las empresas de menor tamaño. Si se llega al impago de una venta a crédito comercial, la pérdida equivale a los costes de producción del producto. El impacto de un impagado comercial se acentúa cuanto menor sea el margen de beneficios, pues multiplica el número de ventas con clientes solventes necesarias para compensar la pérdida. Si una sociedad con un margen comercial del 10% sufre un impago de 10.000 euros, deberá generar nuevo negocio por 100.000 euros para compensar el impacto de los 9.000 en costes de producción. Estoy totalmente de acuerdo con las conclusiones que se obtienen del Estudio de Riesgo de Crédito por lo que las empresas deben adoptar técnicas de prevención de riesgos de crédito comercial e incorporar procedimientos para la gestión de las facturas impagadas.
Otro punto es que, según la Estadística del Procedimiento Concursal, publicada recientemente por el Colegio de Registradores de España, el número de deudores concursados alcanzó en el primer trimestre del año la cifra de 4.895, lo que supone un incremento del 67,6% respecto al mismo período del año anterior., Por tipo de concurso, son voluntarios 4.738 (un 196,6% más que en el primer trimestre de 2022), consecutivos 486, y necesarios 31 (un 138,5% más que en el primer trimestre de 2022). Por clase de procedimiento, hubo 3.440 concursos sin masa activa, lo que supone que han aumentado un 234% respecto al mismo período del año anterior. Los concursos sin masa activa es una modalidad de concurso de acreedores para empresa en situación de insolvencia definitiva, sin bienes ni activos y con deudas que hacen inviable su continuidad. Por consiguiente, los acreedores afectados por un deudor que presenta un concurso sin masa lo más seguro es que no consiga recuperar ni una pequeña parte de sus créditos impagados. Cabe señalar que este fuerte incremento de los procedimientos concursales en España ha obligado a las autoridades comunitarias de Bruselas a reaccionar y enviar una señal de alerta a España, puesto que el número de insolvencias crece al mayor ritmo de la UE.
En otro orden de cosas, en el Informe Europeo de Pagos de Intrum pone de manifiesto que el 46% de las empresas se muestra a favor de establecer una nueva legislación que resuelva el problema de los retrasos en los pagos. Este informe detecta que las empresas buscan soluciones para evitar retrasos en los pagos, entre ellas, piden una nueva legislación para conseguir solucionar el problema de los impagos. Además, también proponen otras alternativas como fijar las condiciones de pago por ley, una medida respaldada por el 42% de las empresas; una mayor transparencia alrededor del comportamiento de pago corporativo, medida apoyada por el 32% de las organizaciones o mejorar la aplicación de la legislación vigente, algo que reclama el 30% de las compañías. Asimismo, el Informe de Intrum detalla que perseguir la morosidad cuesta al conjunto de las empresas europeas unos 275.000 millones de euros al año y las empresas tardan una media de 74 días al año en resolver los problemas de cobro de facturas impagadas. Francia es el segundo país en el que las empresas dedican más tiempo a buscar el dinero que les deben sus deudores, seguido de Polonia, Alemania y Grecia. Más aún, el coste medio para una empresa en Europa se estima en 9.194 euros al año; principalmente causado por los gastos administrativos derivados del personal que debe asignar y las horas de trabajo necesarias para cobrar las deudas. Según el mencionado estudio, más de la mitad de las empresas europeas afirman que cada vez les resulta más difícil llegar a acuerdos de pago con los clientes que sean mutuamente beneficiosos, lo que da lugar a largas negociaciones y al incumplimiento de los plazos de pago contractuales. La misma proporción de empresas –la mitad– se han sentido frustradas porque los clientes les piden que pospongan la fecha en que emiten las facturas y a partir de la cual –por lo general– comienza la cuenta atrás del plazo para pagar; gracias a esta triquiñuela, los compradores obtienen un mayor aplazamiento de pago. Asimismo, el informe de Intrum explica que casi tres quintas partes de las empresas europeas emprenden acciones legales para cobrar sus deudas, mientras que un tercio cuenta con procesos internos claros de recuperación de deudas. Entre las que dedican más de 10 horas semanales a perseguir los impagados, estas cifras descienden al 53% y al 28%, respectivamente. Al propio tiempo, casi dos tercios de las empresas afirman también que cobrar más rápidamente podría ayudarles a dar prioridad a sus resultados en materia de sostenibilidad, contribuyendo así a una economía más fuerte y ecológica, en lugar de tener que centrarse en la eficiencia.
Así pues, los impagados suponen un incremento significativo de los gastos financieros y gastos, y una notable pérdida de ingresos. Además, los impagos pueden poner en peligro los beneficios de una empresa proveedora y pueden provocar una situación de insolvencia que, con frecuencia, origina el cierre del negocio por quiebra. Merece la pena subrayar que el credit management es la disciplina que minimiza los impagados, aumenta el flujo de caja y evita las pérdidas por facturas incobrables. Asimismo, se ocupa de gestionar el crédito comercial otorgado a los clientes, se encarga de proteger uno de los activos más importantes de las empresas y consigue que las ventas sean más rentables.
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Autor: Pere Brachfield, abogado colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, ICAB.
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