Empresas de recobro

La Ley penal protege la integridad corporal de la persona ya que es uno de los derechos fundamentales protegidos por el Artículo 15 de la Constitución Española de 1978:» Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (…) «.

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El Código Penal tipifica como delito la usurpación funciones públicas en su artículo 402. La usurpación de funciones públicas la realiza el acreedor que se hace pasar por funcionario judicial o policial y para recobrar una deuda realiza actos propios de un funcionario, como puede ser simular una diligencia de embargo, entrar en un local, levantar acta, colocar precintos o requisar bienes muebles y al mismo tiempo se atribuye un carácter oficial.

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En España muchos acreedores tienen la creencia errónea de que existen el derecho a recuperar a la brava las cosas vendidas al deudor cuando éste no las paga. Esta conducta es un delito denominado «Realización arbitraria del propio derecho» tipificado en el Código Penal.

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En la mayoría de los casos de juicios por amenazas en el transcurso de una acción de recobro, los jueces califican la conducta del acreedor como falta de amenaza leve como tipifica el art. 620.2 del Código Penal.

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La detención ilegal es una de las modalidades de los delitos contra la libertad junto con las amenazas y las coacciones que cometen algunas agencias de cobro a morosos que emplean métodos ilegales. La detención ilegal es una modalidad delictiva dolosa que consiste en el propósito de privar al deudor de su capacidad ambulatoria.

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