Llega la primera ola de la avalancha de concursos de acreedores que nos caerá encima

El tsunami de concursos de acreedores que se nos echará encima envía una primera ola

Dicen los expertos en maremotos que un gran tsunami se suele anunciar enviando una primera ola de considerable tamaño como aviso a navegantes. Hace unos días se dispararon las alarmas que avisan cuando se aproxima un tsunami de concursos de acreedores en España. En el mes de abril los concursos de acreedores registraron un aumento interanual del 968% respecto al mismo mes de 2020 llegando a registrarse 470 procesos concursales en todo el Estado Español según se desprende de la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores. El ranking mensual de insolvencias de derecho lo lidera la Comunidad Autónoma de Cataluña con 112 concursos de acreedores, seguida por la Comunidad Valenciana con 101. El tercer lugar es para la Comunidad de Madrid con 81 concursos de acreedores; mientras que La Rioja, Navarra, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no registraron ningún concurso de acreedores. En el mes de marzo los concursos de acreedores registraron un aumento interanual de casi el 100% al publicarse 624 concursos de acreedores. Esta tendencia al incremento de las insolvencias de derecho se empezó a observar en el mes de febrero, que pesar de ser un mes con solo 28 días, marcó un récord en el registro de concursos ya que un total de 532 empresas se declararon en situación de insolvencia, lo que supuso un incremento del 18% con respecto al mismo mes del año anterior.

Además, en el cómputo acumulado de enero a abril de este año, los concursos de acreedores sumaron un total de 2.114, lo que supone un 72% más que en el primer cuatrimestre del año 2020. El número de deudores concursados en el conjunto del año 2020 fue de 6.718, un 13,6% inferior al registrado en 2019, año en el que se registraron un total de 7.772 concursos de acreedores. A primera vista puede parecer que los 6.718 procedimientos concursales son una cifra sorprendentemente pequeña si tenemos en cuenta la crisis económica provocada por la pandemia, por lo que cabía esperar un tsunami de insolvencias de derecho. Y aparenta ser todavía más baja si la comparamos con los 9.310 concursos registrados en 2013, año en el que se alcanzó un máximo histórico.

Por tipo de concurso, 6.447 de los 6.718 de 2020 fueron voluntarios y 271 fueron concursos de acreedores necesarios. Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios disminuyeron un 31,7% y los abreviados un 11,9%. Asimismo, el 79,2% de las empresas concursadas en 2020 eran Sociedades de Responsabilidad Limitada y el 40,9% de las empresas concursadas se encontraban en el tramo más bajo de volumen de negocio, es decir hasta 250.000 euros de facturación anual. Por actividades, las de Comercio e Industria y energía concentraron el 32,6% del total de empresas concursadas en 2020. Igualmente, las empresas de hostelería fueron las que registraron la mayor variación anual; concretamente del 35,6%. Como información atípica en el ámbito concursal, el 20,8% del total de empresas concursadas en el año 2020 tenían una antigüedad de 20 o más años. Por otro lado, el 24,1% tenían cuatro o menos años de antigüedad. Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en 2020 fueron Cataluña (2.003), Comunidad de Madrid (1.099) y Comunidad Valenciana (947). Estas tres concentraron el 60,3% del total de deudores concursados. Por su parte, la comunidad con menor número de deudores concursados fue Comunidad Foral de Navarra (33).

Esta primera ola de procedimientos concursales que se ha producido en los meses de marzo y abril seguramente es una señal de alerta de la avalancha de insolvencias de derecho que se avecina para los próximos meses a pesar de que actualmente en el Estado Español existe una moratoria concursal que fue declarada por el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito concursal que estableció la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020. Y, además, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo dispuso una nueva ampliación de la moratoria concursal hasta el 31 de diciembre de 2021 (inclusive) la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores. A partir de esta fecha se iniciará el cómputo del plazo legal de dos meses para solicitar la declaración de concurso. Igualmente, el Real Decreto-Ley suspende hasta el 31 de diciembre de 2021 la tramitación de las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores desde el 14 de marzo de 2020.

Todo hace sospechar que el año que viene, al desaparecer la armadura legal protectora que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto a las empresas insolventes o con graves problemas de liquidez, se producirá un alud de concursos de acreedores que según los economistas más optimistas puede llegar a los 50.000 y para los pesimistas puede llegar a superar los 100.000. Eso sin contar con los miles de empresas que optarán por el procedimiento más rápido, sencillo y barato del “persianazo”; es decir cerrar la empresa definitivamente sin acogerse al procedimiento de concurso de acreedores dejando a los acreedores con un palmo de narices. En apoyo de esta afirmación, un estudio realizado por el Registro de Economistas Forenses del Consejo General de Colegios de Economistas patentizó que solo dos de cada cien empresas que desaparecen del tejido empresarial en España acuden al concurso de acreedores como solución a los problemas de insolvencia o como medida de pago a sus acreedores.  Esto provoca que las estadísticas de insolvencias no reflejen la realidad del impacto de la crisis de la pandemia de la Covid-19 sobre la actividad económica del país. Asimismo, las empresas españolas que entran en concurso representan sólo el 10% de las que acuden al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para el pago de sus empleados.

Según un estudio del Registro de Economistas Forenses del Consejo General de Colegios de Economistas esto ocurre porque la legislación concursal española no está preparada para microempresas, pymes y autónomos endeudados, sino para empresas grandes. Si se hace un análisis comparativo con la situación de otros países de la Unión Europea y si se mide el número de concursos de acreedores en términos relativos en relación con el número de empresas y el tamaño de la economía, en Alemania, Francia o Inglaterra se producen entre cuatro y ocho veces más concursos de acreedores que en España. En el caso de Alemania, 89 empresas de cada 10.000 se declaran en concurso de acreedores; 92 empresas de cada 10.000 en Francia; 77 de cada 10.000 en Reino Unido, frente a las 24 de cada 10.000 en España. En el otro extremo del ranking, en Dinamarca la cifra de concursalidad asciende a 182 empresas en concurso de cada 10.000. En Francia se registraron en 2020 unos 31 490 concursos de acreedores y los expertos pronostican que en 2021 se producirán de 20.000 a 25.000 procedimientos concursales más el año pasado ya que la pandemia y sus consecuencias en la economía francesa provocarán la insolvencia de miles de negocios. El Banco de Francia ha estimado en más de 51.000 las empresas que entrarán en concurso en el 2021. Ahora bien, un estudio realizado por “l’Union des entreprises de proximité” ha estimado que, incluyendo a las microempresas, a los artesanos y a los pequeños comerciantes, la cifra de concursos de acreedores en Francia puede significar que 90.000 negocios tengan que echar el cierre definitivo por insolvencia.

A nivel internacional, la previsión de los expertos en riesgo de crédito es que el índice de insolvencias aumentará en 2021 un 35% y alcanzará un nuevo récord mundial, superando el que se produjo en 2009 en plena crisis financiera mundial. Los países que sufrirán un mayor incremento en insolvencias empresariales son los EEUU con un aumento de insolvencias previsto en 2021 del 57%, Brazil con un incremento del 45%, China con un 20%, Reino Unido con un 43%, España con un 41%, Italia con un 27%, Bélgica con un 26% y Francia con un 25%.

Uno de los motivos que explican el bajo número de concursos en el Estado Español es que las empresas intentan buscar soluciones alternativas a la excesiva burocracia que supone solicitar un concurso de acreedores en sede judicial y la duración excesiva de los procesos concursales, que provocan una tendencia a la “desjudicialización” del tratamiento de los procesos de crisis empresariales. Con todo, en España el concurso de acreedores tampoco es la panacea para rescatar empresas y conseguir que los acreedores cobren sus créditos, puesto que las estadísticas publicadas en el Atlas Concursal 2020 del Consejo General de Economistas revelaron que más del 92% de los concursos de acreedores terminan en liquidación. Asimismo, según un panel de 43 expertos perteneciente al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, el 90% de los concursos de acreedores en España acaba en liquidación y cerca de un 70% concluye porque no hay suficientes activos en las empresas que se puedan liquidar, para poder pagar a los acreedores. Para los expertos que hicieron el estudio, las empresas que entran en concurso probablemente lo hacen demasiado tarde, de tal manera que muy pocas empresas concursadas consiguen volver a ser viables y casi siempre terminan en liquidación.

 

 

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Autor: Pere Brachfield
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