Ley «Crea y Crece» incorpora normas contra la morosidad

Las medidas contra la morosidad y los impagados de la Ley de creación y crecimiento de empresas (Ley Crea y Crece).

El día 29 de septiembre de 2022 la nueva Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas –más conocida como Ley “Crea y Crece”– fue publicada en el Boletín Oficial del Estado ya que el 22 de septiembre concluyó el trámite parlamentario para la aprobación de dicha Ley “Crea y Crece”. Esta ley de creación y crecimiento de empresas entró en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, a excepción del capítulo V que entrará en vigor a partir del 10 de noviembre de 2022 y del artículo 12, relativo a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales, que producirá efectos, para los empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a ocho millones de euros, al año de aprobarse el desarrollo reglamentario. Para el resto de los empresarios y profesionales, este artículo producirá efectos a los dos años de aprobarse el desarrollo reglamentario. La entrada en vigor del artículo 12 está supeditada a la obtención de la excepción comunitaria a los artículos 218 y 232 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. Los objetivos principales de la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas son facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad interempresarial e impulsar el crecimiento y expansión de las empresas, en particular de las pymes.

El motivo que impulsó al Gobierno a presentar el Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas en diciembre de 2021 fue que el Consejo de ministros aprobó el 27 de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. Este Plan de Recuperación está enmarcado dentro de los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión Europea para acogerse al Plan de Recuperación para Europa Next Generation EU y fue elaborado en cumplimiento del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Diario Oficial de la Unión Europea de 18.02.2021).

El Plan de Recuperación incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria.

El primer eje refuerza la inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo, impulsando la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de energía, la economía circular, las soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia de todos los sectores económicos.

El segundo eje, en línea con la estrategia digital europea y la Agenda España Digital 2025, fija la hoja de ruta para acelerar una transición digital humanista en España, a través de inversiones y reformas que potencien las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para una economía y una sociedad digital. Dada su naturaleza transversal, la transformación digital se desplegará a través del conjunto del Plan: desde la agenda urbana a la educación, desde la agricultura al turismo, desde la industria a la movilidad, desde la modernización de la Administración pública hasta la nueva economía de los cuidados.

El tercer eje promociona la cohesión social y territorial de España, mediante el refuerzo del Estado del bienestar, del sistema educativo, el impulso del empleo de calidad, un sistema fiscal justo, y con medidas específicamente orientadas a abordar el reto demográfico y a brindar oportunidades a las próximas generaciones.

El cuarto eje se centra en la igualdad de género, especialmente a través de medidas transversales orientadas a elevar la tasa de empleo femenino, a mejorar, fortalecer y reorganizar el sistema de cuidados de larga duración, a elevar el potencial educativo, la igualdad de oportunidades y a reducir la brecha digital.

Estos cuatro ejes orientan las diez políticas palanca que determinan la evolución futura del país: desde la agenda urbana, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura hasta la modernización y refuerzo del sistema fiscal y de pensiones, pasando por la resiliencia de infraestructuras y ecosistemas, la transición energética, la modernización de la Administración, del tejido industrial y de la pyme y la recuperación del turismo, la apuesta por la ciencia y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, el impulso de la educación y la formación profesional continua, el desarrollo de la nueva economía de los cuidados, las nuevas políticas públicas del mercado de trabajo o el impulso de la industria de la cultura y el deporte.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incorpora una serie de reformas e inversiones de carácter horizontal, orientadas a facilitar la creación de empresas, su crecimiento y restructuración, así como a seguir impulsando los importantes procesos de aumento de productividad mediante la inversión productiva, internacionalización y la innovación. Así, se abordan reformas normativas para mejorar el clima de negocios e impulsar el emprendimiento, incluyendo una nueva Ley de creación, crecimiento y adaptación empresarial que elimine obstáculos al crecimiento, reduzca la morosidad, impulse el desarrollo de los mercados de capitales que permitan mejorar el acceso a la financiación empresarial, elimine trabas administrativas y mejore el funcionamiento del mercado interior, la modernización de la justicia y la reforma del marco concursal para agilizar los procesos de reorganización de empresas, y una Ley de Startups. Además, se reforzarán los instrumentos de coordinación con las Comunidades Autónomas para la mejora regulatoria, para la buena articulación del marco normativo y la práctica administrativa.

Además, acompañando los cambios normativos, se reforzarán los instrumentos financieros de apoyo al emprendimiento, mediante, entre otros, un nuevo fondo NEXT TECH público-privado de capital riesgo para apoyar el crecimiento de las startups en tecnologías disruptivas a través del ICO, la reforma y el aumento de la eficacia mediante explotación de sinergias entre las diferentes redes de oficinas existentes, tanto del Estado como autonómicas y locales, para apoyar a las empresas sobre el terreno y la creación de una Oficina Nacional de Emprendimiento, un portal único para que los emprendedores accedan a los instrumentos de ayuda.

Una de las políticas palanca más importantes incluidas en el citado Plan es la palanca V: “Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora”, para la que se prevé un ambicioso programa de inversiones y reformas estructurales mediante el establecimiento de un marco jurídico adecuado que impulse la creación de empresas y fomente su crecimiento a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la reducción de la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial. Así pues, en términos agregados, el empleo generado por el Plan podría superar los 800.000 puestos de trabajo al cabo del periodo de ejecución del Plan, lo que equivaldría a unos 12 empleos por cada millón de euros invertido. Las políticas más intensivas en creación de empleo son las relacionadas con la palanca V.

La Ley “Crea y Crece” contiene medidas dirigidas a dotar de mayor agilidad y flexibilidad a las empresas en todas las fases de su ciclo vital, y lograr así mejoras en la productividad y resiliencia del tejido empresarial español, especialmente de las pymes. Así, se prevén medidas para facilitar la creación de empresas, mejorar la regulación y eliminación de obstáculos a las actividades económicas, incorporar medidas para la lucha contra la morosidad comercial, facilitar el acceso a la financiación mediante un régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa e impulsor y mejorar la inversión colectiva y el capital riesgo.

El artículo 1, Objeto de la Ley, establece que esta ley tiene por objeto la mejora del clima de negocios impulsando la creación y el crecimiento empresarial a través de la adopción de medidas para agilizar la creación de empresas; la mejora de la regulación y la eliminación de obstáculos al desarrollo de actividades económicas; la reducción de la morosidad comercial y la mejora del acceso a financiación. De ahí que, las medidas de la Ley “Crea y Crece” se pueden clasificar en cuatro grupos. En primer lugar, las medidas encaminadas a facilitar la creación de empresas; en segundo lugar, las que pretenden favorecer el crecimiento de las empresas mediante la mejora de la regulación y eliminación de obstáculos a las actividades económicas; en tercer lugar, las que quieren combatir la morosidad interempresarial, y, en cuarto lugar, la que facilitan el acceso a financiación.

 

 

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Autor: Pere Brachfield, abogado colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, ICAB.
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