Las empresas zombis nos invaden

Por culpa de la Covid-19 aumenta el número de empresas zombis

El informe las empresas zombis en España publicado recientemente por la Dirección de Estudios de Informa D&B (filial de la aseguradora CESCE) reveló que se está produciendo una «zombificación» del tejido empresarial español debido a las ayudas que reciben determinadas empresas en este periodo de crisis sanitaria y económica y que está creando una tipología de empresas zombis. Asimismo, dicho informe evidenció que últimamente se están también calificando de zombis a las empresas inscritas en el Registro Mercantil, pero que no desarrollan actividad comercial, en particular que no publican cuentas anuales. En concreto, la Administración tiene en el punto de mira estas empresas y se pretende identificarlas para que no sean utilizadas para fines delictivos; estas empresas forman parte de otra tipología de sociedades zombis. El objetivo del estudio de Informa D&B es analizar las características estas dos categorías de empresas. Primero, analiza las sociedades zombis definidas como empresas endeudadas respecto a un grupo de comparación. Segundo, estudia las sociedades inscritas en el Registro mercantil sin actividad comercial.

Otro análisis reciente de la compañía de informes comerciales y financieros Iberinform (que es una filial de la aseguradora Crédito y Caución) que ha tenido en cuenta las más de 270.000 cuentas de empresas con cuentas depositadas correspondientes a los ejercicios de 2018 y 2019 reveló que al cierre del año 2020 la recesión provocada por la pandemia ha provocado que cerca del 17,6% del tejido empresarial español pueda considerarse zombi, muy por encima del 9,2% que se registraba cuando arrancó el citado ejercicio. En consecuencia, la pandemia ha duplicado el número en España de las empresas zombis, y que son empresas muy vulnerables. Según el estudio de Iberinform, las empresas zombis no son capaces de cubrir sus gastos financieros con los beneficios operativos, a pesar de que los tipos de interés se encuentran en niveles históricamente bajos y, por lo tanto, los importes dedicados al pago de intereses son menores que en otras épocas. Los analistas que han realizado el estudio advierten de que se trata de estimaciones a la baja, ya que solo pueden detectarse aquellas empresas zombis que han cumplido con la obligación de depositar sus cuentas. El citado estudio ha patentizado que, por tamaño de empresa, la tasa de empresas zombis es mayor entre las grandes y las medianas empresas que entre las pequeñas o microempresas. Ello se debe a que las empresas de mayor tamaño tienen mayores posibilidades de refinanciar su deuda. Por sectores, Servicios o Industria registran históricamente tasas inferiores a sectores como Agricultura, Transportes o Construcción.

En los tiempos que corren hay un gran número de sociedades limitadas que han cesado sus actividades. La mayoría de ellas se convierten en “empresas zombis” o sociedades inactivas sin disolución. El problema que presenta este tipo de entidades es que, con frecuencia, quedan en un estado de abandono y dejan de atender obligaciones de pago, pero legalmente siguen existiendo mientras la sociedad no se disuelva. Una causa que supone un freno a la hora de optar por la disolución son las deudas con acreedores. Una sociedad con deudas no puede disolverse. Pero aún en el caso improbable de no tenerlas, dar el paso para disolver legalmente una sociedad es una labor que a muchos administradores se les plantea muy compleja y costosa. Por ello los administradores deciden dejar la sociedad inactiva, a menudo generando obligaciones incumplidas con una legión de acreedores. Vale la pena diferenciar la disolución de la extinción de la sociedad. Una entidad en proceso de disolución no deja de existir como tal mientras no haya concluido la liquidación. Será entonces cuando concluya en proceso de extinción.

Vale la pena señalar, que la legislación mercantil establece ciertos hechos específicos que pueden provocar la disolución de una sociedad de capital, como sería la de reducción del capital social por debajo del mínimo legal, pero en la mayoría de los casos se requiere una declaración por parte de los socios que haga constar la causa. Los administradores deberán convocar la Junta General en el plazo de dos meses desde el acuerdo de disolución. Su incumplimiento de esta obligación determina su responsabilidad solidaria por todas las deudas sociales. El acuerdo abre el período de liquidación de la sociedad. Este procedimiento consiste en saldar las deudas con los acreedores y distribuir el patrimonio social remanente entre los socios. Durante ese tiempo la sociedad sigue manteniendo la personalidad jurídica, pero en todas las operaciones que lleve a cabo deberá añadir a la denominación social la coletilla “en liquidación”. En el momento de disolución los administradores dejan de serlo, delegando funciones en los liquidadores, que serán el nuevo órgano de gestión y representación de la sociedad durante ese período, debiendo realizar todas las operaciones precisas para llevar a cabo la liquidación de la misma. La Junta General sigue subsistiendo, aunque sólo para asuntos que tengan alguna referencia a la liquidación de la sociedad. Los propios administradores pueden convertirse en liquidadores, algo frecuente en las sociedades de responsabilidad limitada. Finalizada la liquidación, dejarán su cargo. El nombramiento se inscribirá en el Registro Mercantil. También lo hará la disolución. El registrador remitirá la inscripción al Boletín Oficial del registro para su publicación. De este modo podrán ejercer su derecho de oposición terceras personas que se consideren perjudicadas.

La alternativa legal que le queda al administrador de una sociedad que se encuentra con una situación de falta de liquidez para seguir pagando sus deudas o ante una inminente situación de insolvencia, es solicitar un procedimiento concursal. La solicitud de declaración del concurso puede el administrador de la sociedad (o el mismo deudor si es persona física) ante el juzgado de lo mercantil del lugar en que la empresa afectada (o el deudor) tenga su sede principal. El juez antes de declarar el concurso deberá analizar la información presentada por el solicitante y además debe comprobar que se dan los presupuestos necesarios para ello antes de aprobar el concurso.

Ahora bien, el acreedor se puede encontrar con un deudor que cierre su negocio –sin liquidarlo ni disolverlo legalmente– y desaparezca mediante el procedimiento llamado popularmente del “persianazo”. Otra variante es que los administradores de la sociedad ante el impago de las deudas de la empresa, y la imposibilidad de que la compañía pudiera hacer frente a los pagos, dejan que la empresa caiga en la más absoluta inactividad, y dejándola morir, sin realizar la necesaria junta general para poder liquidar los bienes de la sociedad. Hay que hacer notar, que, en España con anterioridad a la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas del año 1989 con el cierre y desaparición de la Sociedad Mercantil, se extinguían de facto todas sus deudas, lo que llegó a provocar en España que durante décadas los administradores de las mismas optaran por «bajar la persiana» sin recurrir a los medios legales previstos para la liquidación y cierre de empresas, y eludían todas las responsabilidades por sus actos.  Pues bien, ahora desde la entrada en vigor en el Estado Español de la Ley Concursal de 2003 pasamos a un régimen que tiende a hacer responsables absolutos a los administradores de derecho y, de hecho, hasta el extremo de hacerles responder personalmente, en determinados supuestos, del pago de las deudas de la compañía. La nueva legislación evita que los empresarios morosos simplemente bajen la persiana, cierren el negocio y dejen a los acreedores con un palmo de narices, ya que el patrimonio personal de los administradores de derecho o de hecho (una circunstancia que puede suponer un medio efectivo de cobro de deudas) puede quedar afectado, y dichas personas abonarán con su propio patrimonio las deudas que no puedan ser cubiertas por la masa activa. Además, los administradores pueden ser condenados a una inhabilitación para ejercer de hasta quince años.

En la legislación española –y la mayoría de las legislaciones de los países europeos– existe un régimen de responsabilidad civil que afecta a los administradores de sociedades mercantiles cuando éstas sean sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada; por consiguiente, en los casos en que la sociedad haya cerrado y sea insolvente los acreedores pueden pedir responsabilidades directamente a los administradores dentro de los supuestos previstos por la ley de sociedades. Por un lado, hay que tener en cuenta que existe la denominada responsabilidad solidaria de los administradores con las deudas de la sociedad mercantil de carácter objetivo. El concepto de solidaridad recoge el concepto de solidaridad entre deudores: el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los declarados solidarios para reclamar el total de la deuda. El pago por uno de ellos extingue el crédito, si bien el deudor que ha pagado puede reclamar la parte proporcional a los demás declarados solidarios. El carácter de objetivo de la responsabilidad viene determinado por la regulación expresa por la Ley de la situación que motiva esa declaración; es decir, si la Ley recoge que en determinada situación societaria el administrador es responsable solidario, la existencia de esa situación hace que automáticamente sea responsable. Por tanto, el cierre y desaparición de una sociedad de responsabilidad limitada sin proceder a una adecuada liquidación de las deudas sociales y siguiendo el procedimiento previsto por la Ley, acredita una situación objetiva de responsabilidad del administrador legal.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la denominada responsabilidad solidaria de los administradores con las deudas de la sociedad mercantil de carácter subjetivo. El carácter subjetivo de la responsabilidad de los administradores, viene derivado de la propia actividad llevada a cabo por el administrador. En estos casos, la responsabilidad dimana de una actitud del administrador, cuando por ejemplo sea negligente o dolosa, y que ocasiona un daño al acreedor.  El ejemplo más claro es el administrador de una sociedad que compra bienes a un proveedor, siendo perfectamente consciente que no va a poder pagarla. Sin embargo, este tipo de responsabilidad es difícil de poder demostrar judicialmente, por el problema de probar la intencionalidad del administrador, y la relación de esta intención con el daño causado.

 

 

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Autor: Pere Brachfield
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