La responsabilidad patrimonial de las empresas y la responsabilidad patrimonial de sus socios y administradores

En España los socios y administradores pueden responder personalmente de las deudas de sus empresas en aplicación de las normas de responsabilidad patrimonial

El Código Civil español tiene un artículo –1911 CC– que establece que el deudor tiene el deber de responder en caso de incumplimiento de sus obligaciones de pago con todos sus bienes. En consecuencia, el artículo 1911 del Código Civil establece la responsabilidad patrimonial universal que tiene el deudor sobre sus acreedores, debiendo responder al cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes tanto presentes como futuros y por tiempo indefinido. Por tanto, aunque el deudor sea insolvente en este momento, su acreedor podrá seguir exigiéndole el pago en el futuro, hasta que sea satisfecho. Ahora bien, vale la pena señalar que si el acreedor no realizase estas reclamaciones diligentemente podría prescribir su derecho a exigir el pago de lo debido. El patrimonio del deudor es la garantía general del complimiento de sus obligaciones. Esto quiere decir que, si no paga sus deudas, el acreedor puede solicitar judicialmente la ejecución de sus bienes hasta alcanzar el importe de la deuda reclamada, junto con los intereses y costas procesales. El acreedor debe conocer el alcance de la responsabilidad de los deudores en función de su personalidad jurídica.

En primer lugar, si el deudor es persona física, tanto si es un particular como un empresario individual, responde de las deudas con todo su patrimonio, lo que comprende bienes y derechos. Sin embargo, el régimen de responsabilidad patrimonial universal tiene un límite aplicable a las personas físicas. Se trata de los bienes inembargables, que no pueden ser ejecutados y, por tanto, quedan libres de toda acción judicial. Además, unos cambios recientes en la legislación concursal española han creado mecanismos legales que permiten flexibilizar el régimen de responsabilidad patrimonial universal introducido en el artículo 1911 del Código Civil. Así, la Ley de Segunda Oportunidad permite que el deudor insolvente que lo sea de buena fe, tras la liquidación de su patrimonio, pueda solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho mejor conocido por su acrónimo BEPI. Consecuentemente, gracias a este mecanismo jurídico del BEPI el deudor insolvente podrá cancelar aquellas deudas que resulten impagables. De modo que la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho supone una excepción del principio de responsabilidad patrimonial universal.

En segundo lugar, puede ser que el deudor sea una empresa. En este caso se pueden clasificar las empresas en dos grandes grupos: por un lado, están los empresarios que son personas físicas, los que se conocen como empresarios individuales, y por otro lado están los empresarios que son personas jurídicas o también llamados empresarios sociales. El empresario individual –también conocido como empresario autónomo– es una persona física que, en nombre propio y asumiendo el riesgo de las operaciones con su patrimonio personal, organiza los medios de producción de bienes o servicios, para introducirlos en el mercado. El empresario individual no debe cumplir con ningún requisito específico para adquirir la personalidad jurídica, únicamente debe tener capacidad de obrar y cumplir con las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos. Un aspecto muy importante es que todo empresario ya sea persona física o jurídica, debe responder ante sus acreedores con todos sus bienes presentes y futuros. En el caso de empresarios individuales no existe distinción entre su patrimonio personal y el de su negocio desde el punto de vista de responsabilidad patrimonial. El empresario individual asume una total responsabilidad patrimonial, que no queda restringida a los activos afectos a la actividad empresarial, sino que se extiende a todos los bienes que conforman su propio patrimonio personal. Consiguientemente sus acreedores pueden actuar indistintamente y simultáneamente contra los bienes de su patrimonio personal y los de su empresa; incluso si el deudor es propietario de varios negocios, los acreedores pueden dirigirse contra los activos de cualquiera de ellos, aunque las deudas se hayan originado en otra empresa. Ahora bien, recientemente la legislación concursal introdujo elementos que permiten flexibilizar su rigor cuando afecta a un empresario insolvente. Desde la aprobación de la Ley de Segunda Oportunidad, los particulares y autónomos disponen de ciertos mecanismos que les ayudan a excluir el principio de responsabilidad patrimonial universal.

El empresario social es una persona jurídica que se ha constituido mediante un contrato de sociedad para adquirir personalidad jurídica distinta de la de sus socios, y actúa en nombre propio y asumiendo el riesgo de las operaciones hasta el patrimonio aportado por aquellas. Los empresarios sociales responden también con todo su patrimonio de las deudas contraídas, pero en estos casos, la responsabilidad alcanza siempre a todo el patrimonio, es decir a la totalidad de los activos de la sociedad. Sin embargo, otra cuestión importante que se plantea a los acreedores, es la posible responsabilidad de terceros, socios o administradores por las obligaciones contraídas por la sociedad.

 De modo que si se trata de sociedades habrá que analizar qué tipo de sociedad se trata, ya que el régimen de responsabilidades varía mucho en función de la tipología de la sociedad ya que existen sociedades de responsabilidad limitada y otras en que ésta es ilimitada. De modo que en algunos casos los socios responden con su patrimonio si la sociedad es insolvente o no tiene activos suficientes para responder de las deudas. Veamos a continuación la responsabilidad patrimonial en función de la forma social de la empresa:

  • En las sociedades civiles (SCP y CB), la regla general es que los socios si responden subsidiariamente de las deudas sociales; no obstante, lo hacen de forma mancomunada y no solidaria. Esto significa que a cada socio se le puede exigir sólo una parte de la deuda, en proporción a su participación en la sociedad.
  • En la sociedad colectiva, el patrimonio de la sociedad responde en primer lugar por las deudas contraídas; no obstante, si éste fuera insuficiente para cubrir los créditos, los acreedores pueden dirigirse subsidiariamente contra el patrimonio personal de los socios. Los socios responden solidariamente.
  • En la sociedad comanditaria o en comandita, existen dos clases de socios: los colectivos y los comanditarios. Los socios colectivos tienen una responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada por las deudas sociales. Los comanditarios, en cambio, no tiene esta responsabilidad. Si el patrimonio de la sociedad no alcanza para pagar las deudas, los acreedores sólo pueden dirigirse contra los socios colectivos.
  • En las sociedades anónimas, anónimas laborales, de responsabilidad limitada y limitadas laborales, los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Los acreedores cuentan sólo como garantía con el patrimonio de la sociedad. No obstante, cuando ha existido fraude de ley en perjuicio de acreedores, gracias a la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo societario, se dan casos de socios que responden personalmente de las deudas sociales.
  • En las sociedades cooperativas, la cooperativa adquiere autonomía patrimonial con relación al patrimonio de sus socios y, en consecuencia, se producirá frente a terceros una separación de la responsabilidad que podemos calificarla de plena. Por tanto, como regla general, la cooperativa debe hacer frente con todo su patrimonio a las obligaciones contraídas con sus acreedores. Esta norma contiene una excepción, ya que del importe global del patrimonio social debe detraerse el fondo de educación y promoción cooperativa, de carácter inembargable y cuyo destino se encuentra previsto en la legislación. Además, en caso de liquidación de la cooperativa, su importe no podrá ser repartido entre los socios. En cuanto a los socios de las cooperativas, como norma general, responden de forma limitada de las deudas sociales. No obstante, la legislación cooperativa distingue dos situaciones: la responsabilidad del socio mientras mantenga dicha condición y cuando la pierda. En el primer caso, la responsabilidad del socio se encuentra limitada a la aportación al capital suscrito; por tanto, una vez abonadas las aportaciones sociales, el socio no responderá de las deudas sociales. En el segundo caso, es decir, cuando el socio pierda esta condición, no existe una regla general. A título de ejemplo señalaremos que la Ley General de Cooperativas dispone que el socio que cause baja de la cooperativa» responderá personalmente por las deudas sociales, previa exclusión del haber social, durante cinco años desde la pérdida de su condición de socio, por las obligaciones contraídas por la cooperativa con anterioridad a su baja, hasta el importe reembolsado de sus aportaciones al capital social». Sin embargo, esta responsabilidad puede variar según la Comunidad Autónoma y los estatutos fundacionales.

Para finalizar, diremos que los administradores de las sociedades anónimas y limitadas responden frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a acreedores sociales del daño que causen por actos contrarios a la ley, los estatutos sociales o los realizados sin la debida diligencia.

 

 

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Autor: Pere Brachfield
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