La reclamación de créditos impagados a través del proceso monitorio

El proceso monitorio es un procedimiento especial directamente destinado a la reclamación de impagados que intenta dar respuesta a la escasa protección del crédito.

 

El proceso monitorio y sus características diferenciadoras

El proceso monitorio es un procedimiento especial directamente destinado a la reclamación de impagados que intenta dar respuesta a la escasa protección del crédito de la legislación procesal clásica. El proceso monitorio se inicia mediante un escrito muy simple al que se ha de acompañar una documentación mínima de la que se desprenda la existencia de una deuda impagada.

Ante este escrito y la documentación aportada, el Letrado de la Administración de Justicia requiere de pago al moroso. Si el deudor no paga, o no se opone, el Letrado de la Administración de Justicia, sin más trámites, dictará un decreto para que el acreedor inste el despacho de ejecución. Si el deudor se opone, el procedimiento seguirá por el juicio ordinario que corresponda por la cuantía de la deuda.

Una de las características diferenciadores del proceso monitorio es que para la petición inicial del proceso monitorio no es preceptiva la intervención de abogado y procurador, con independencia de la cuantía que se reclame. El legislador pretendió facilitar el acceso a la Justicia a los acreedores.

El procedimiento monitorio fue sin duda la estrella de la LEC del 2000.  Según la propia Exposición de Motivos de la LEC, se intenta otorgar una protección rápida y eficaz al crédito dinerario líquido principalmente de profesionales y pequeños y medianos empresarios.

 

El proceso monitorio como instrumento contra los morosos contumaces

El legislador sabía que una problemática importante de los procesos civiles tradicionales era la incomparecencia del demandado. Muchos demandados adoptaban la rebeldía como estrategia procesal, o sea que ni pagaban, ni se oponían a la reclamación; simplemente no se presentaban ante el Juzgado. La declaración de rebeldía no es considerada como allanamiento ni como admisión de hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario. Consecuentemente en estos casos el procedimiento debía seguir con la silla del demandado vacía, y el demandante debía pasar por todas las fases del proceso hasta conseguir la sentencia favorable y luego ejecutarla.

El proceso monitorio pretende acabar con la rebeldía del deudor y le obliga a reaccionar puesto que, si no comparece ante el Juzgado y se opone al requerimiento inicial de pago, en unas semanas se encontrará con un título ejecutivo en su contra y el embargo de sus bienes. Por tanto, el monitorio es muy útil ante deudores pasotas o negligentes que no se oponen al requerimiento del Juzgado en tiempo y forma.

 

Tipología de las deudas que se pueden reclamar a través del proceso monitorio

Este proceso es útil para el acreedor que pretenda reclamar una deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible, cuando la deuda se acredite documentalmente de alguna de las formas siguientes:

  • Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica.
  • Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos, aunque estén unilateralmente creados por el acreedor.

 

Presentación del proceso monitorio

Por un lado, el acreedor legítimo puede formular la reclamación judicial mediante un simple escrito sin necesidad de abogado y procurador y, por otro, podrá ver cobrada su deuda en un período de tiempo relativamente breve (teniendo en cuenta los plazos habituales de la Administración de Justicia), si el deudor paga el importe reclamado después de recibir el requerimiento de pago efectuado por el Juzgado.

Además, el proceso monitorio aporta una gran ventaja, consistente en que si el deudor no paga ni se opone al requerimiento de pago, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

Una vez presentado el escrito de demanda de ejecución por la cantidad reclamada, el Juzgado llevará a cabo diversas acciones encaminadas a cobrar la deuda. Solamente cuando el deudor formule escrito de oposición, alegando las razones por las cuales a su juicio no tiene que atender el requerimiento de pago, el proceso monitorio se transformará en el procedimiento declarativo que corresponda en atención a la cuantía de la deuda.

Con respecto al importe del crédito reclamado, este es un punto clave para tomar la decisión de presentar la reclamación al juzgado sin intervención de abogado ni procurador puesto que, si el importe es superior a 2.000 euros y el deudor formula escrito de oposición, el Juez deriva el proceso monitorio a un juicio ordinario o verbal (según la cuantía reclamada) y, a partir de ese momento es preceptiva la asistencia de abogado y procurador.

Por tanto, si el acreedor ha presentado la petición inicial de monitorio sin la intervención de abogado, deberá apresurarse a buscar un letrado dispuesto a continuar con el pleito. Asimismo, si el deudor no se opone, el Juez despachará ejecución por la cantidad reclamada, pero si esta supera los 2.000 euros, es preceptiva la intervención de abogado y procurador para que presenten la demanda de ejecución.

Otro factor importante a tener en cuenta cuando el importe de la deuda reclamada es superior a 6.000 euros es que, si el deudor formula oposición, el proceso monitorio no puede seguir adelante y el Juez emplazará al acreedor a interponer una demanda de juicio ordinario en el plazo de un mes desde el traslado del escrito de oposición. En caso de que el acreedor no presente la demanda se sobreseerán las actuaciones y se condenará al acreedor en costas. Consecuentemente, el acreedor no habrá conseguido recuperar su crédito, habrá perdido un tiempo precioso y además se verá obligado a iniciar un procedimiento declarativo ordinario en el plazo de un mes para que no se le condene en costas.

De ahí que, para reclamar deudas superiores a 6.000 euros, cuando el acreedor tenga (casi) la certeza de que el demandado presentará oposición, aunque solo sea para dilatar el proceso, resulta más práctico acudir directamente a un juicio ordinario.

De todas maneras, el acreedor siempre puede arriesgarse a presentar la petición inicial de monitorio y confirma que haya suerte puesto que, si el moroso se asusta al recibir el requerimiento y paga la cantidad reclamada, el procedimiento puede terminar de una forma óptima. Por tanto, para la decisión final el acreedor no solo tiene que considerar aspectos jurídicos y económicos, sino que también debe tener en cuenta determinados factores psicológicos que conciernen la personalidad del moroso.

Por consiguiente, el acreedor debe reflexionar sobre los pros y de los contras antes de presentar la petición inicial de procedimiento monitorio, y cuando se trate de cuantías superiores a los 2.000 euros, aunque no sea preceptivo por ley, resulta altamente recomendable iniciar el monitorio contando con la asistencia de un letrado. Sobre todo, si el acreedor sospecha que el deudor se opondrá al requerimiento de pago, aunque solo sea para poner palos en las ruedas y ganar tiempo.

El único inconveniente del monitorio es que, si el deudor paga la deuda al recibir el requerimiento, los gastos derivados de la intervención del abogado no se incluirán en la condena en costas ya que su intervención no era obligatoria. Sin embargo, en el supuesto que el acreedor tenga su domicilio en un lugar distinto a aquél en que se tenga que tramitar el proceso monitorio, que como hemos comentado, debe ser obligatoriamente el lugar del domicilio del deudor, el demandante puede tramitar la petición inicial de monitorio valiéndose de procurador y abogado, y podrá exigir al deudor también condenado en costas el pago de los gastos derivados por la intervención de estos profesionales.

Esto último a condición que el acreedor acredite que, con carácter previo a la iniciación del proceso monitorio, intentó infructuosamente el cobro, puesto que en este caso el Juez puede apreciar temeridad en la conducta del moroso e imponerle las costas al amparo de lo dispuesto en el art. 32.5 de la LEC.

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Autor: Pere Brachfield
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