La morosidad sigue siendo un mal endémico en España

La morosidad está fuertemente arraigada debido a diversos motivos

La morosidad forma parte de ciertas prácticas empresariales viciadas que se han perpetuado en España hace décadas, o incluso, desde hace varios siglos. La morosidad es un fenómeno difícil de erradicar puesto que forma parte de las costumbres de algunos países meridionales y ha existido enraizada en la tradición mercantil hace siglos, por lo que únicamente con cambios legislativos no será posible acabar totalmente con el problema. La sociedad de española ha sido siempre muy tolerante con los morosos e incluso existe cierta simpatía hacia el moroso que huye y esquiva hábilmente a sus acreedores. En el fondo a lo largo de la historia siempre han existido aprovechados que medran a costa de no pagar a sus acreedores. Lo cierto es que está plagada de situaciones de impago de deudas, algunas de ellas pintorescas ya que afectan no sólo a personalidades del ámbito empresarial sino incluso a personajes famosos que salen constantemente en la prensa rosa. En estos casos no suelen existir señales de rechazo por parte de la opinión pública ni una censura por el comportamiento moroso de estos personajes, a pesar de que la información de los impagos de deudas y de la existencia de demandas judiciales sale cumplidamente en los medios de comunicación, de modo que los famosos implicados pudieron continuar con sus existencias sin sufrir el menor perjuicio en sus respectivas reputaciones.

El tejido empresarial también determina la morosidad, puesto que existen muchas empresas con una deficiente estructura financiera, siempre están necesitadas de dinero y además tienen una mala planificación económico-financiera. Esto se debe a que en muchos países el tejido empresarial está formado mayoritariamente por microempresas y pequeñas empresas que disponen de escasos recursos financieros. En el caso de España, en general las pymes suponen casi el 97 por ciento del tejido empresarial. Ahora bien, las microempresas constituyen el 94 por ciento de las empresas del sector privado por lo que este tipo de negocios son los que predominan. Esto significa que la mayoría de las empresas tienen estructuras financieras débiles y tienen como asignatura pendiente la financiación a largo plazo, por lo que son altamente frecuentes los problemas financieros y las tensiones de tesorería. Muchas empresas utilizan como fuente de financiación el crédito otorgado por los proveedores, y se dedican constantemente a forzar estos recursos. Asimismo, la dirección de muchas pequeñas empresas está en manos de su propietario, que con frecuencia no tiene la suficiente formación financiera para dirigir una empresa en el entorno económico actual. Cuando se produce un problema en la coyuntura económica, las pequeñas empresas son las que sufren mayores problemas de liquidez. La precaria situación financiera de un gran número de las empresas provoca una permanente falta de recursos de tesorería que hace que no pocos negocios se conviertan en morosos crónicos. Esto viene agravado en bastantes ocasiones por la actuación de una dirección poco competente, que, en vez de buscar soluciones a los problemas de circulante de las empresas, se limita a incumplir sus pagos a los acreedores como salida fácil a las crisis de tesorería. Todo ello provoca que casi la mitad de las empresas españolas no superan sus tres primeros años de vidas según un estudio reciente de la compañía de información Iberinform que pertenece al Grupo Crédito y Caución. Además, según este mismo estudio de Iberinform el primer año de vida es el más crítico para una empresa; sobre la muestra del INE de compañías que nacieron entre los años de 2004 y 2018, un 21,4 por ciento de ellas no lograron superar ni siquiera su primer ejercicio. En el segundo año desaparecieron el 13,1 por ciento de las empresas, y en el tercero el 9,9 por ciento, alcanzando el acumulado de los tres años el ya comentado 44 por ciento.

Respecto al marco legal como posible causa de la morosidad endémica de un país, recordemos el antiguo refrán español que asegura: “Pleitos tengas, y los ganes”. Este refrán se utilizaba en el pasado a modo de maldición encubierta, puesto que antaño enredarse en pleitos, aun con resultado favorable, solía ser motivo de quebranto económico para el acreedor. Y tampoco se pueden aplicar otros proverbios que rezaban: “Más vale mal ajuste que buen pleito”, que aconsejaba evitar a toda costa los pleitos porque éstos acababan siempre siendo muy caros y de resultado dudoso y el refrán: “Más vale mala avenencia que buena sentencia”, dice que viene a ser más ventajoso llegar a un acuerdo pactado que iniciar un procedimiento judicial, siempre oneroso, incluso cuando la sentencia es favorable. La Administración de Justicia en varios países meridionales es segura e imparcial pero lenta y acumula retrasos en los procesos desde el comienzo del trámite de ingreso de causas judiciales en los tribunales hasta que se produce la sentencia definitiva y la ejecución del deudor demandado. Por ejemplo, la falta de agilidad de los juzgados españoles levanta críticas de los empresarios. Sobre todo, las empresas se quejan del perjuicio económico y la inseguridad jurídica que genera en el tráfico mercantil y en el normal funcionamiento de los negocios la lentitud de la Justicia. La opinión generalizada de los empresarios españoles es que la vía judicial no es eficaz a la hora de reclamar el pago de las deudas, que los procedimientos judiciales son demasiado costosos y que los tribunales son demasiado lentos. Una encuesta de la Fundación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) reveló que los empresarios tacharon de ineficaz la justicia en los asuntos económicos. La encuesta hizo público que la mayor parte del empresariado consideró que los tribunales de justicia no sirven para resolver los conflictos del mundo económico y empresarial. El 88 por ciento de los empresarios encuestados manifestó que siempre que podían evitaban acudir a los tribunales, ya que estos no funcionaban bien. La lentitud es la mayor lacra con la que los empresarios se tienen que enfrentar si acuden a la Justicia. En la investigación realizada por la Fundación ICO, el 88 por ciento de los empresarios encuestados consideró que la lentitud de la justicia es el factor que hace que los tribunales sean un medio poco eficaz para obtener el cobro de las deudas. La mayoría de los empresarios opinaron que con frecuencia los deudores provocan el hecho de acabar en los tribunales para ganar tiempo y no para solucionar los conflictos. El 86 por ciento de los encuestados achacó a la lentitud de los procedimientos, la imposibilidad de cobrar a los morosos, con la consiguiente impunidad para éstos y el quebranto para los acreedores. Además, el 86 por ciento de los empresarios manifestó que la lentitud encarece la justicia hasta hacerla inviable, por lo que no compensa económicamente recurrir a ella. La encuesta reveló que la mayoría de los empresarios opinaron que la lentitud beneficia a quienes actúan de mala fe. Según el 81 por ciento de los encuestados la lentitud termina también por afectar seriamente el estado anímico de los empresarios, y a un 91 por ciento de los empresarios les provoca una sensación de inseguridad y de indefensión. La lentitud de la justicia es también la causa para que el 75 por ciento de los empresarios no se decida a entablar relaciones comerciales con determinadas empresas. El informe también indicó que la lentitud del sistema se traduce en una erosión de la competitividad de las empresas por el encarecimiento de costes a que da lugar. Asimismo, según la encuesta el 83 por ciento de las empresas evita acudir a los tribunales para reclamar las deudas, y que lo más frecuente en caso de tener problemas de cobro es procurar un arreglo extrajudicial al coste que sea, aunque haya que hacer importantes concesiones al moroso y perder parte del valor económico en disputa. Igualmente, el informe evidenció un hecho trascendental para comprender el problema de la morosidad: que casi el 60 por ciento de los empresarios prefiere renunciar a parte de las cantidades adeudadas (o incluso todo el valor económico en disputa) antes de pasar por los trámites judiciales para reclamar una deuda. Este colectivo de empresarios aseguró que prefería asumir las pérdidas económicas y olvidarse del asunto, a tener que acudir a los tribunales de justicia para reclamar las deudas (los morosos recalcitrantes conocen esta postura de la mayoría de las empresas y se aprovechan de ella para dejar de pagar definitivamente sus deudas). Otro de los problemas que la mayoría de las empresas expusieron es el elevado coste de los pleitos, y que la lentitud de la Justicia los encarece todavía más, hasta hacerlos poco viables, de modo que recurrir a los tribunales no compensa económicamente a los acreedores. Además, la encuesta reveló que el 95 por ciento de los empresarios considera prioritaria la reforma de la justicia española y que creen que es necesario aumentar los recursos destinados a la Administración de Justicia para que ésta funcione de forma rápida y eficaz.

El Círculo de Empresarios presentó el documento “Justicia, Economía y Empresa”, resultado de la encuesta realizada entre sus asociados. Los principales resultados obtenidos fueron: el 56 por ciento de los encuestados considera malo o muy malo el funcionamiento de la Justicia en España y sólo el 7,5 por ciento lo valoraba como bueno; el 77,5 por ciento está totalmente de acuerdo en que es excesivamente lenta debido al mal funcionamiento de los órganos que la administran; el 81,3 por ciento considera que los jueces no están técnicamente bien preparados, y el 71,3 por ciento  de los encuestados opina que es de vital importancia que los jueces alcancen un alto grado de especialización, principalmente en lo referente a los asuntos mercantiles. En consecuencia, según los empresarios el problema no se encuentra en la calidad de las normas jurídicas sino en el mal funcionamiento de los órganos que administran la Justicia. La crítica más habitual de los empresarios al sistema judicial español es la falta de jueces. En la encuesta “Justicia y Competitividad Empresarial” realizada por la Cámara de Comercio de Barcelona entre más de cuatro mil empresas, reveló que el aspecto peor valorado del empresariado es la lentitud de la administración de justicia. El estudio reveló que la mitad de las sociedades que acudieron a los tribunales, hicieron una valoración negativa de su funcionamiento. La valoración media que otorgaron los empresarios a la justicia fue un suspenso, ya que no sobrepasó del cinco sobre diez en los diversos aspectos evaluados. La peor puntuación fue para la característica de la rapidez que recibió 3,3 puntos, el aspecto eficacia recibió un 4,3 empatando con el de bajo coste para la empresa. Hay que hacer notar que, según datos ofrecidos por el CGPJ, el 36 por ciento de las quejas recibidas sobre el funcionamiento de los juzgados eran referentes a dilaciones en los procesos; se trata del motivo de queja más importante, muy por encima de otros como la organización que viene en segundo lugar y que sólo recogió un 17 por ciento de reclamaciones. En efecto la duración media de un pleito civil en primera instancia era en Madrid de unos 9 meses, pero la duración de una ejecución civil este mismo año era de más de 12 meses.

Tal y como se desprende de los estudios a nivel europeo, los tres países que obtuvieron las peores calificaciones en cuanto a la eficacia de sus respectivos sistemas legales fueron siguiendo el orden de peor a mejor: primero, Portugal, segundo, Italia y, en tercer lugar, España. Hay que hacer notar que, en la mayoría de los casos, los acreedores que acuden a los tribunales suelen obtener el reconocimiento judicial de sus deudas. Las estadísticas revelan que casi el 90 por ciento de los acreedores obtiene del tribunal el pleno reconocimiento de sus pretensiones en el juicio, ahora bien, el problema viene a la hora de obtener la ejecución de la sentencia. Por lo cual uno de los grandes problemas que presentan los procedimientos judiciales en España, es que sólo la mitad de las sentencias se llegan a ejecutar en la práctica según un estudio del Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Oviedo, Doctor Fernando Gómez de Liaño González. El informe aseguró que un proceso civil puede durar fácilmente varios años, tiempo en el que se invierte mucho dinero, que en la mitad de las ocasiones no se llega a recuperar, aunque se obtenga una sentencia favorable. Consiguientemente los datos del estudio dejan en entredicho la eficacia del proceso civil. En otras palabras, el 50 por ciento de las empresas a las que los juzgados reconocen la legitimidad de sus reclamaciones y condenan al pago al deudor, nunca llegan a cobrar las cantidades que reclaman. Por tanto, sólo la mitad de los demandantes cuyas reclamaciones han obtenido un reconocimiento judicial por parte de los jueces, consigue que se ejecuten las sentencias a su favor.

Pero demás los acreedores que consiguen ejecutar las sentencias favorables sólo recuperan finalmente una parte de la deuda reclamada. Un informe presentado por el Consejo General del Poder Judicial sobre la ejecución de las sentencias elaborado por el catedrático de la Universidad Complutense, Doctor Santos Pastor, puso de manifiesto que los acreedores sólo recuperan una media del 34 por ciento de las cantidades reclamadas en la demanda. El estudio demostró que en la mayoría de los casos los acreedores obtienen el reconocimiento judicial de sus deudas en las reclamaciones de cantidad, aunque también evidenció que intentar cobrar la deuda mediante el proceso ejecutorio puede resultar muy poco rentable para el demandante. El informe patentizó que el 88 por ciento de los acreedores obtiene el reconocimiento de sus pretensiones en el juicio, frente a sólo el 5 por ciento de los casos en los que el fallo judicial no reconoce el derecho de cobro al demandante; en un 7 por ciento de los casos se estima sólo parcialmente la demanda. Asimismo, el informe evidenció que después de que el acreedor obtenga una sentencia que reconozca su deuda, sólo en uno de cada tres casos se produce el pago de esta por el deudor sin necesidad de llegar a un procedimiento ejecutivo. Sin embargo, este porcentaje varía en función de que el deudor sea una empresa, en cuyo caso paga en el 40 por ciento de los casos, o un particular, que sólo paga en uno de cada cuatro casos. El estudio aseguró que al 15 por ciento de las sentencias les sigue un procedimiento ejecutivo para obligar al deudor a que pague su deuda.

Hay que tener en cuenta que España es el segundo país de la UE, tras Portugal, que tiene un porcentaje de recuperación de la deuda por vía litigiosa más bajo. En otros países europeos el promedio de recuperación es del 50 por ciento de las cantidades reclamadas. Es importante destacar que, según el mencionado estudio, el proceso judicial le costará al acreedor entre un 40 y un 50 por ciento de la cantidad que le adeudan. Los costes que el acreedor tiene que afrontar a la hora de reclamar sus deudas en los tribunales son principalmente el pago a abogados y procuradores, además de las tasas judiciales y los gastos administrativos del propio proceso. El acreedor también debe tener en cuenta otros desembolsos que suelen ser frecuentes como informes prejudiciales y de bienes, exhortos, embargos, subastas, liquidaciones de impuestos o inscripciones en el registro. Igualmente, el citado informe manifestó que España es uno de los países más caros a la hora de acudir a los tribunales para reclamar deudas, puesto que para recuperar 6.000 euros costaría unos 1.200 euros, mientras que en Francia el coste sería de unos 500 euros, en Alemania de unos 400 euros, y en Finlandia de unos 220 euros. Al propio tiempo un estudio comparativo reveló que España es uno de los países más caros de Europa a la hora de acudir a los tribunales para reclamar deudas. Como botón de muestra, en un procedimiento judicial para recuperar 30.000 euros, los costes (honorarios de abogado, aranceles de procurador, tasas) supondrían aproximadamente 6.400 euros, es decir más del 20 por ciento de la cantidad reclamada. A este importe habría que sumar el coste de un informe prejudicial investigado de solvencia del moroso (algo recomendable antes de emprender acciones judiciales a ciegas) lo que incrementaría el coste de la reclamación judicial en unos 300 euros más.

Hay que hacer notar, que el objetivo de todo moroso experimentado es conseguir demorar el pago lo máximo posible ya que el tiempo juega siempre a su favor. El moroso recalcitrante sabe que cuanto más retrase el cumplimiento de su obligación de pago, mayores beneficios financieros obtendrá. Por lo tanto, todo moroso avezado procurará torear al acreedor el mayor tiempo que le sea posible puesto que no sólo conseguirá demorar el pago de las deudas, sino que –con un poco de suerte– se librará de pagar por hastío o falta de diligencia del acreedor. Por ende, en este caso el moroso intenta conseguir lo que dice el viejo refrán “deuda vieja es deuda muerta”. En consecuencia, el objetivo final del moroso contumaz es que el acreedor acabe desistiendo, abandone los intentos de recuperar su crédito moroso y de facto le condone la deuda. El tiempo juega a favor del deudor; cuanto más se retrase en pagar, más dinero gana. El retraso en pagar una factura siempre genera un beneficio financiero; aunque el retraso sea pequeño el deudor puede contabilizar un ingreso financiero al poder utilizar una financiación espontánea a corto plazo que generalmente no le ha costado nada ya que el crédito comercial se lo ha proporcionado gratuitamente el proveedor. Para el deudor es la alternativa ideal para financiarse y sustituir el pasivo a corto con coste; o sea, los préstamos y créditos bancarios. Incluso una demora en el pago de solamente unos cuantos días supone un beneficio financiero para el deudor. El beneficio financiero adicional que supone para la empresa deudora liquidar con retraso una factura dependerá del importe de la factura y también irá en función de los días que transcurren desde el vencimiento de esta hasta que realiza el pago. Como botón de muestra, vamos a ver cuál es el beneficio financiero que obtiene el cliente moroso al retrasar el pago una factura de 10.000 euros; suponiendo en todo momento que el coste medio ponderado de los recursos empleados por el cliente para financiar el activo corriente de su balance sea del 6 por ciento, si el deudor consigue demorar el pago dos meses, el moroso obtiene un beneficio financiero de cien euros. Por supuesto hay que tener en cuenta que el efecto acumulativo de miles de facturas que se saldan con demora respecto al vencimiento acordado con los proveedores puede ser muy ventajoso para la situación financiera de un negocio, en especial si las facturas son de importes elevados. En consecuencia, cuando más demore el moroso el pago de una factura, mayor será el beneficio financiero devengado. Consiguientemente en función al coste del dinero (evolución al alza de los tipos de interés para financiar el activo circulante), y la dificultad en obtener créditos bancarios, la empresa deudora tendrá mayor interés en retrasar los pagos de las facturas vencidas, de modo que si los tipos de interés siguen aumentando como sucede en la actualidad, le será todavía más rentable demorar los pagos a los proveedores.

 

 

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Autor: Pere Brachfield, abogado colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, ICAB.
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