El acreedor y el recobro de impagados en tiempos de Covid-19

La Covid-19 ha cambiado sustancialmente la posición del acreedor en el recobro de impagados

Me he tomado la libertad de parafrasear al inolvidable Gabriel García Márquez, como homenaje a una de sus obras maestras, para titular este artículo. En estos últimos tiempos están surgiendo millones de acreedores que intentan ejercitar su derecho de crédito e intentar el recobro de impagados sin éxito ya que sus deudores se han convertido en insolventes de un par de semanas por culpa de la crisis económica desencadenada por la maldita Covid-19. El milenario brocardo latino “pacta sunt servanda” es una regla tradicional del Derecho que establece jurídicamente que los pactos deben ser siempre cumplidos y además estrictamente cumplidos en sus propios términos. Constituye este principio general del Derecho, principio de los denominados tradicionales por eminentes juristas, una manifestación de la autonomía de la voluntad y el alma del negocio jurídico.

Ahora bien, otro sintagma nominal en latín es: “rebus sic stantibus” que constituye un mecanismo de restablecimiento del equilibrio de las prestaciones. Se produce cuando, por circunstancias sobrevenidas y totalmente fuera del poder de actuación de las partes, a una de ellas le resulta absolutamente imposible o gravoso el cumplimiento de la obligación. Incluso Henry Alfred Kissinger afirmó en una ocasión que en un mundo interdependiente, acreedores y deudores se arruinan mutuamente si se entregan a pruebas de fuerza.

Ahora bien, ¿Qué es un acreedor? En la antigua Roma se usó la expresión “reus”, para designar al acreedor, de lo que se derivó posteriormente la voz latina “creditor o reus credendi”. Un acreedor es la persona que ostenta el derecho de crédito y a ejercitar el recobro de impagados. Este derecho de crédito consiste en la facultad legal de exigir del deudor el cumplimiento de una determinada prestación; o dicho en román paladino: proceder al recobro de impagados. También se le denomina parte acreedora o sujeto activo de una obligación porque es el titular de la parte activa de la relación obligatoria y puede ejercitar el recobro de impagados. Como no puede existir un deudor sin acreedor vamos a ver quién tiene derecho a considerarse acreedor, que derechos tiene y que acciones le están permitidas para conseguir el recobro de impagados. Un acreedor es una persona que goza del derecho de crédito o derecho a exigir del deudor el cumplimiento de una prestación u obligación, mediante el procedimiento del recobro de impagados por las vías extrajudicial o judicial.

En Derecho se denomina acreedor al titular de la parte activa de la relación obligatoria. En términos jurídicos se le considera destinatario de la prestación y se le denomina receptor o en latín “accipiens”. El derecho de crédito también recibe la denominación de “derecho creditual” y consiste en una suma de facultades para exigir una determinada conducta o prestación del deudor, es decir proceder al recobro de impagados, aunque nunca es un derecho sobre el objeto de la prestación.

La obligación puede definirse como la relación jurídica existente entre dos sujetos mediante la cual una persona, llamada acreedor, tiene la facultad de exigir a otra, denominada deudor, un determinado comportamiento positivo o negativo y realizar el recobro de impagados. También se define a la obligación como aquella relación jurídica por la que dos o más personas se comprometen a cumplir y adquieren el derecho a exigir determinadas prestaciones. Por tanto, en la obligación el deudor está sujeto a realizar una prestación que el acreedor tiene derecho a exigirle cuando inicia el recobro de impagados.

Las obligaciones se basan en el poder jurídico que se otorga a una persona para exigir a otra que haga algo en virtud del vínculo legal que liga a una o más personas con otra u otras; el art. 1088 del CC establece que: «toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer una cosa». De esta forma el acreedor gracias a su derecho de crédito puede reclamar al deudor la prestación a la que está obligado y responde con todo su patrimonio. Consecuentemente obligación y derecho son conceptos interrelacionados y complementarios como las dos caras de una moneda.

Tal y como se desprende de este precepto, la persona a quien corresponde exigir la prestación y hacer el recobro de impagados se llama acreedor, porque si se trata de una relación obligatoria de carácter contractual, confía en la persona del obligado, es decir en el deudor, y en su voluntad y capacidad para cumplir la prestación. Desde el punto de vista del deudor, la obligación viene representada como el deber de cumplir una prestación; por el contrario, desde el punto de vista del acreedor, es un derecho denominado “derecho de crédito”, que supone pretender del deudor una prestación económica. Desde una perspectiva jurídico-patrimonial del deudor, la obligación o deuda constituye una carga, o sea un pasivo que disminuye el patrimonio. Ahora bien, para el acreedor significa un derecho patrimonial o crédito, que aumenta el patrimonio. No obstante, para poder considerar justificadamente como acreedor a una persona física o jurídica, es necesario que aquel al que denominamos como deudor se haya comprometido de forma legal. Un individuo se convierte en acreedor en base a un contrato, la firma de una letra de cambio o pagaré, la realización de un negocio, la concesión de un préstamo, o el otorgamiento de un crédito.

En las obligaciones dinerarias, el acreedor tiene derecho a exigir de la otra la prestación dineraria por el procedimiento del recobro de impagados, y éste se conoce como derecho de crédito. Sin embargo, si el moroso niega la existencia del débito, el acreedor deberá demostrar con documentos su derecho de crédito. La idea central es que el éxito de las reclamaciones que promueva un acreedor perjudicado por la morosidad de su cliente, dependerá fundamentalmente de la forma en la que se encuentre documentado el crédito impagado, es decir cómo se encuentran los documentos mercantiles siguientes: contratos, pedidos, albaranes, facturas e instrumentos cambiarios que son imprescindibles en el recobro de impagados. Un axioma del eminente jurista romano Gayo dice: “creditorum appelatione non hi tantum accipientur qui pecuniam crediderunt, sedamus quibus ex qualibet causa debetur” lo que significa que no se puede exigir el pago al deudor si no existe una deuda pecuniaria con causa cierta y legítima.

Con respecto a cuánto tiempo se mantiene la obligación de pago y las cuestiones legales relacionadas con el pago de una deuda, son de aplicación los artículos 1156 y siguientes del Código Civil. El art. 1156 establece que las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento. El art. 1157 que no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía. Consecuentemente la obligación de pago generada en el marco de una relación mercantil se mantendrá indefinidamente si el acreedor interrumpe con regularidad la prescripción extintiva de la deuda.

El acreedor está facultado por el Derecho para reclamar judicial o extrajudicialmente una deuda dineraria y realizar el recobro de impagados, cuando se cumplan los siguientes requisitos: primero, que sea legítima, haya sido originada por una operación comercial o negocio; segundo, que sea pecuniaria, que tiene por objeto la entrega de una cantidad de dinero; tercero, que sea lícita, no provenga de actividades delictivas o ilícitas como el tráfico de drogas o la prostitución; cuarto, que sea cierta; quinto, que sea determinada, para que exista una deuda de dinero debe determinarse su cantidad; sexto, que sea líquida, la liquidez es un concepto que sólo opera en las obligaciones de dinero y hace referencia a la determinación concreta de la cantidad a entregar; séptimo, que sea exigible, una deuda es exigible cuando no hay impedimento legal que impida su reclamación; octavo, que esté vencida, para que una deuda esté vencida debe haber llegado el día de su término o haberse cumplido la condición; y finalmente que resulte impagada al vencimiento.

Por añadidura, una deuda dineraria es aquella que está representada por una cantidad de dinero en moneda de curso legal. Se considera vencida a cualquier deuda representada en dinero cuyo plazo de pago ya ha transcurrido. Por consiguiente, una vez que ha pasado el vencimiento, esta deuda ya puede generar intereses de demora por haberse retrasado el deudor en la liquidación.

Por ejemplo, si una factura debía ser abonada el día 15 de enero y no lo fue, a partir del día 16 ya devenga intereses de mora, bien al tipo que las partes hayan pactado contractualmente o bien al tipo legalmente previsto por el artículo 7 de la Ley 3/2004. Una deuda es exigible cuando el cumplimiento de la obligación de pago no depende de ninguna condición y es lícita. La determinación de la deuda viene referida a su liquidez y según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, es líquida cualquier cantidad que pueda ser determinada por una simple operación aritmética, sin necesidad de acudir a una verdadera liquidación. Por ejemplo, si en una factura se especifican 100 cajas de bombones a 25 euros por caja, para determinar la liquidez de la deuda bastará con una simple multiplicación del total de cajas por el precio unitario para obtener la determinación de la deuda, o sea 2.500 euros. Por tanto, la liquidez de una deuda es un punto esencial en la reclamación dineraria.

 

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Autor: Pere Brachfield
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