Algunos políticos españoles no quieren acabar con la morosidad

La vicepresidenta Nadia Calviño, rechaza la proposición de ley por la que se establece un régimen sancionador para la morosidad empresarial

El filósofo, matemático y jurista francés René Descartes afirmó que: “los Estados mejor organizados son los que dictan pocas leyes, pero de rigurosa observancia”; a diferencia de lo que preconizó Descartes, en Estado Español la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, a pesar de las sucesivas reformas para acotar el plazo de pago a sesenta días, no ha conseguido poner en vereda a la morosidad y los plazos de pago en lugar de disminuir han aumentado. Para muestra, un botón; en 2021 los plazos de pago se encuentran en torno a los 95 días muy por encima de la media europea lo que supone una elevada morosidad empresarial. Sorprende comparar este plazo medio de pago con el de Francia que es de solo 44 días; de manera que llegamos a la conclusión de que el período medio de pago a proveedores en el Estado español duplica holgadamente el de su vecino galo. Conviene recordar que el período medio de pago a proveedores en Europa es de 40 días y a nivel mundial es de 65 días.

Karl Ludwig Lorenz Binding, un reputado jurista alemán, afirmó que: “Una norma sin sanción es como una campana sin badajo”. Aquí tenemos la mejor explicación del estrepitoso fracaso de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales: la ausencia de medidas coercitivas para hacer cumplir una Ley contra la morosidad. Desde hace muchos años las organizaciones patronales que representan a las pymes han reclamado al Legislador que se promulguen medidas coercitivas para que la norma contra la morosidad se cumpla en la realidad empresarial y no sea un mero brindis al sol. Durante diecisiete años los partidos políticos han demostrado desinterés por incluir un régimen de infracciones y de sanciones en la ley de lucha contra la morosidad.

El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de Junts per Catalunya (PDeCAT), presentó ante el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones. Esta proposición de ley fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en su reunión del día 12 de mayo de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Con fecha 22 de septiembre el Pleno del Congreso aprobó iniciar la modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La toma en consideración fue apoyada por 344 votos a favor y una sola abstención, resultado digno de figurar en los anales de la Cámara como paradigma del consenso parlamentario.

El grupo proponente aseguró que mediante los cambios normativos propuestos para combatir la morosidad empresarial se pretende realizar un cambio en la cultura empresarial de pago de las transacciones comerciales entre empresas, que elimine las malas prácticas en la liquidación de las facturas y despierte en la sociedad española que la morosidad es muy perjudicial no solo para la economía de las empresas, sino incluso para la economía del Estado. Con posterioridad a la toma en consideración de la tramitación de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, en su reunión del 29 de septiembre la Mesa tomó el acuerdo subsiguiente de encomendar la aprobación con competencia legislativa plena a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso.

La iniciativa legislativa de Junts per Catalunya (PDeCAT) contra la morosidad empresarial, incorpora un nuevo régimen de infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de los plazos legales de pago que dicta la Ley 3/2004.  No obstante, una vez que llegó la iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Plural a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo los partidos con mayoría en la Mesa de la Cámara han ido ampliando sucesivamente el plazo para presentar enmiendas de forma que no se ha podido avanzar a la siguiente fase.

Vale la pena señalar, que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados, rechazó la proposición de ley contra la morosidad empresarial impulsada por Junts per Catalunya (PDeCAT) por la que se pretende establecer un régimen sancionador para la morosidad empresarial, una iniciativa que lleva congelada desde hace más de un año. La vicepresidenta, sin sonrojarse, aseguró que establecer dicho régimen sancionador sería “excesivamente burocrático e ineficaz” y ha considerado que hay otras vías a explorar con las que atajar el problema de la morosidad empresarial en España y que ya forman parte de la ley de crecimiento empresarial.

Hace algunos días el PDeCAT acusó al PSOE de bloquear en el Congreso a las órdenes de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la proposición de ley con un régimen sancionador contra la morosidad empresarial, a la espera de proseguir su tramitación tras más de un año desde su admisión a trámite. El diputado Ferran Bel aseguró que sin que ningún grupo lo haya pedido, la Mesa del Congreso ha ido prorrogando el plazo para presentar enmiendas parciales a esta norma. El citado diputado afirmó que se está «aplazando deliberadamente la constitución de la ponencia», sin que la iniciativa avance en su tramitación, y según manifestó dicho diputado responde a que en el Gobierno «no quieren un régimen sancionador a la morosidad», algo que «hizo explícito» la propia ministra hace unas semanas, ha dicho.

Se da la circunstancia que Unidas Podemos también reclama la instauración del régimen sancionador que se incluye en la citada proposición de ley para reformar la ley de morosidad. El portavoz de Unidas Podemos, Txema Guijarro, recalcó que el sistema de impagos favorece a las grandes empresas frente a las pymes e instó a la vicepresidenta Nadia Calviño, a escuchar más a los afectados. El citado diputado afirmó que: «Si el 92% de las pequeñas y medianas empresas solicitan la creación de un régimen sancionador para acabar con este problema igual es que algo puede ayudar implantar un régimen sancionador».

Merece la pena subrayar, que es la Mesa como órgano de gobierno del Congreso, la que acuerda si se amplía o no este plazo, por lo que tener una mayoría en este órgano resulta imprescindible para la estrategia de los partidos. De ahí que en esta ocasión se está utilizando este instrumento político por algunos partidos políticos para obstaculizar en la Mesa, mediante la prórroga de los plazos, la completa tramitación del texto legislativo contra la morosidad empresarial que tiene el apoyo mayoritario de los miembros de la Cámara, dilatando indefinidamente el procedimiento. Si realmente los partidos políticos tienen voluntad para reducir la morosidad en las operaciones mercantiles mediante medidas sancionadoras, deberían ponerse de acuerdo y apoyar la aprobación de la proposición de Ley impulsada por Junts per Catalunya, en lugar de frenar su tramitación implementando una técnica tradicional del filibusterismo parlamentario para ampliar sine die la fase de enmiendas y hacer encallar la iniciativa legislativa.

 

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Autor: Pere Brachfield, abogado colegiado en el ICAB
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