Sr. Alcántara cuénteme que es un fraude fiscal

La Audiencia Nacional lleva a juicio a Imanol Arias y Ana Duato por un presunto fraude fiscal y delito contra Hacienda Pública.

En pleno siglo XVIII Benjamin Franklin –el más brillante de los padres fundadores de los Estados Unidos cuya efigie aparece en los billetes de 100 dólares– afirmó que en este mundo ninguna cosa es cierta salvo la muerte y los impuestos. Franklin además de ser un destacado político, científico, editor, inventor y diplomático ejerció de economista en sus ratos libres. El aforismo que nos legó de que el pago de impuestos es ineluctable debería ser un consejo práctico para todos los contribuyentes.

Aun así, en la actualidad hay ciudadanos que intentan escaquearse de su obligación de contribuir a los gastos públicos mediante el pago de los impuestos y contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica como preceptúa el artículo 31 de la Constitución española. Para eludir el pago de sus tributos algunos personajes famosos han recurrido a la creación de sofisticados entramados societarios cuya creación demuestra una notable imaginación y esfuerzo; lo que nos hace venir a la memoria un aforismo de John Maynard Keynes que con su fino sentido del humor británico declaró en cierta ocasión: “Evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa”.

En España los delitos contra la Hacienda Pública se regulan en los artículos 305, 305 bis, 306, 307, 307 bis, 307 ter, 308, 308 bis y 310 y 310 bis del Código Penal, todos ellos introducidos, en algunos casos, o modificados, en otros, por la Ley 7/2012, de 27 de diciembre. Los delitos contra la Hacienda Pública pueden ser los de defraudación contra la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local (Art. 305 CP y 305 bis CP).

El delito de defraudación a la Hacienda Pública consiste en la elusión del pago de tributos, ingresos a cuenta o cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria.

Cuando en el curso de una investigación la Administración Tributaria estima que una infracción puede ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, pasa el asunto a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal. Esto producirá la suspensión del procedimiento administrativo hasta que la autoridad judicial dicte sentencia firme, declare el sobreseimiento o el archivo, o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. Si recayera sentencia condenatoria no procederá la imposición de sanción administrativa. Si no se aprecia delito, la Administración Tributaria continuará sus actuaciones y se reanudará el plazo de prescripción en el punto en que estaba cuando se suspendió.

Hay que tener en cuenta que el Código Penal establece que los delitos contra la Hacienda pública prescriben a los cinco años. Esto ofrece un marco temporal amplio para que la Administración Tributaria puede trasladar un expediente a la jurisdicción penal.

Recientemente ha salido en todos los medios de comunicación la noticia de que la Audiencia Nacional llevará a juicio a los populares actores Imanol Arias y Ana Duato por un presunto fraude millonario a Hacienda cometido a través de sociedades instrumentales. No ha sido ninguna sorpresa ya que hace algunos meses que la Fiscalía Anticorrupción había presentado su escrito de acusación en el que reclama por los supuestos delitos cometidos por los protagonistas de “Cuéntame cómo pasó” un total de 27 años para Imanol Arias y 32 años de cárcel para Ana Duato.

La opinión pública ha quedado extrañada por las elevadas penas de prisión que solicita la Fiscalía, cuando los célebres actores no han cometido ningún delito contra las personas ni contra el patrimonio; esto ha despertado un sentimiento de pena y solidaridad en muchos seguidores de la serie televisiva. Ahora bien, mucha gente desconoce que nuestro Código Penal tipifica los delitos contra la Hacienda Pública. La conducta típica consiste en una acción destinada a defraudar a la Hacienda pública, que, según el Tribunal Supremo, es algo más que dejar de pagar ya que implica un cierto componente de artificio, ardid o engaño. Además, el Tribunal Supremo en una sentencia de 2005 señaló que cualquier fraude tributario supone un grave atentado contra los principios constitucionales que imponen la real y leal contribución al sostenimiento de los servicios sociales y las cargas públicas y que no puede olvidarse que la justificación de la pena específica, radica en la inadmisible vulneración de los principios de solidaridad tributaria inexcusables en una sociedad democrática.

El juicio que se llevará a cabo contra los dos famosos actores puede ser un aviso a los navegantes o mejor dicho a los deudores tributarios para que escarmienten en costilla ajena y no intenten defraudar a Hacienda a través de entramados societarios opacos con fines fraudulentos; y harán bien en tener siempre presente el aforismo de Benjamin Franklin.

 

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Autor: Pere Brachfield
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