Qué son los registros de morosos y cómo funciona con la actual Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales

El funcionamiento de los registros de morosos después de la entrada en vigor de la LOPDGDD

Desde hace muchos años existen en España diversos sistemas de información crediticia, también denominados registros de solvencia patrimonial y coloquialmente llamados registros de morosos. Este tipo de registros de mora son de ámbito restringido y han sido utilizados por entidades bancarias, cajas de ahorros, compañías de servicios básicos, emisores de tarjetas de crédito, entidades financieras de todo tipo, empresas de telecomunicaciones, editoriales y compañías suministradoras de energía. En estos ficheros de morosos se suele incluir los datos de personas físicas y jurídicas que no han pagado sus créditos o deudas.

En el Estado Español el famoso Registro de Aceptaciones Impagados, más conocido como el temido RAI, es un fichero de titularidad privada que recoge los datos de los documentos cambiarios y efectos de comercio aceptados con función de giro a cargo de personas jurídicas y que hayan resultado impagados al vencimiento. Hoy en día el RAI funciona, únicamente, para personas jurídicas, y no para personas físicas. Hay que hacer notar que es un registro que tiene una peculiaridad en relación al resto de los ficheros de morosos, y es que la comunicación del impago no la hace directamente el proveedor o acreedor sino la entidad bancaria que ha gestionado el cobro o descuento del título cambiario. No obstante, dado que los documentos cambiarios solo representan el 0,70% sobre el total de operaciones de pago realizadas y menos del 4% de todos los importes cobrados en las operaciones mercantiles, su importancia en la época actual resulta irrisoria.

Asimismo, existen diversos ficheros de información crediticia y registros de morosidad especializados en recoger los impagos entre empresas (mucho menos conocidos que los ficheros de Asnef-Equifax o Badexcug-Experian) y que pueden ser utilizados por empresas de cualquier sector para incluir a sus clientes morosos. Estos registros de información crediticia y solvencia multisectorial son de carácter no restringido, y solo recogen datos sobre personas jurídicas, empresarios individuales o autónomos en el exclusivo ámbito de su actividad profesional o empresarial. Estos registros de solvencia contienen datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por los proveedores. La participación en este fichero conllevará la posibilidad de consultar la información contenida en el mismo y a incluir los impagos de los deudores que sean personas jurídicas o empresarios individuales. En este tipo de ficheros de morosos los acreedores pueden incluir las incidencias, siempre y cuando el deudor no haya satisfecho las cantidades pendientes después de que el acreedor le haya reclamado el pago. Por imperativo legal, los acreedores no aportarán deudas que tengan una antigüedad superior a los cinco años, contados a partir del día de vencimiento de la obligación dineraria incumplida.

El proveedor solamente puede aportar datos de impago cuando se trate de deudas dinerarias que resulten ciertas, vencidas y exigibles por operaciones comerciales, excluyéndose por tanto las devoluciones y anulaciones de pedidos de mercancías y cualesquiera otras deudas no comerciales. Además, el proveedor solamente puede comunicar las deudas de las que exista prueba documental de la obligación dineraria incumplida. Un requisito previo a la inclusión de un deudor, es que el acreedor haya realizado requerimientos de pago, con anterioridad a su incorporación al fichero.

Una ventaja añadida de este tipo de registros de morosos, es que el titular del fichero notifica a los deudores su inclusión en el mismo. Dicha notificación cumple un doble objetivo: por un lado, informar al deudor de la inclusión de sus datos en el registro de morosidad, facilitando el titular del fichero una referencia de los datos que hubieran sido incluidos y por otro conceder al deudor la posibilidad de ampliar la información contenida en el fichero de morosidad, rectificar o cancelar sus datos en el caso de que sean erróneos. Muchos morosos empecinados pagan al recibir la carta del responsable del registro de solvencia para no permanecer fichados en el mismo.

Ahora bien, la primera pregunta que se hace un ciudadano es saber si realmente son lícitos y legales los registros de morosos. La respuesta es que sí son legales. Por ejemplo, en España el Tribunal Constitucional ha considerado que los datos económicos y bancarios de una persona forman parte de la esfera de su intimidad, si bien no existe un derecho absoluto a su reserva, y su protección no es ilimitada. En particular, los registros de morosidad (oficialmente denominados registros de solvencia patrimonial) en los que se recogen datos relativos a la solvencia de las personas, son legítimos y cumplen una finalidad en el tráfico económico, tal y como afirmó el Tribunal de Defensa de la Competencia.

El problema que se plantea es cómo utilizar correctamente estos registros de morosidad para conciliar el interés en conocer la solvencia de las personas con una adecuada protección de los derechos de la personalidad, evitando intromisiones no justificadas. En España existe una legislación muy garantista para el ciudadano y unos mecanismos sancionadores para las inclusiones irregulares de personas en los ficheros de morosos. La normativa se encuentra en el artículo 20, sistemas de información crediticia, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Este artículo establece que, salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan una serie de requisitos.

El primer requisito es que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés; el segundo, que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes; tercero, que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe; cuarto, la entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en diversos artículos del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales; quinto, que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito; sexto, que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario; y séptimo, que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta.

Además, la Ley Orgánica 3/2018 establece que las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras, respecto del tratamiento de los datos referidos a sus deudores, tendrán la condición de corresponsables del tratamiento de los datos. Asimismo, corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud. Además, no se incorporarán a los sistemas de información crediticia deudas en que la cuantía del principal sea inferior a cincuenta euros. No obstante, el Gobierno español, mediante real decreto, podrá actualizar esta cuantía.

Por otro lado, el citado Reglamento europeo de protección de datos dicta diversos derechos que tienen los ciudadanos europeos en relación con sus datos personales. Así pues, el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información: en primer lugar, los fines del tratamiento; en segundo lugar, las categorías de datos personales de que se trate; en tercer lugar, los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales; en cuarto lugar, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo; en quinto lugar, la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento; en sexto lugar, el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; y en séptimo lugar, cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen.

Asimismo, el Reglamento europeo determina que el responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común. Igualmente, el ciudadano tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. También el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo; cuando el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento; cuando el interesado se oponga al tratamiento de sus datos y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento; cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; cuando los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento. Además, el interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento.

 

 

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Autor: Pere Brachfield
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