¿Qué es un deudor?

Un análisis de la condición de deudor y de todas las circunstancias relacionadas con la deuda y el acreedor

En una ocasión Henry Kissinger afirmó que: “En un mundo interdependiente, acreedores y deudores se arruinan mutuamente si se entregan a pruebas de fuerza”. El deudor era llamado en las leyes romanas “debitor reus debendi”, “reus promittenti” y en tiempos más primitivos se le denominaba simplemente “reus”. En el Derecho romano la relación jurídica entre el deudor y el acreedor, creaba un mecanismo por el cual el primero se ligaba al segundo a través de un elemento misterioso, era la entrega de la libertad. El deudor se volvía como una especie de esclavo de su acreedor.

En Derecho actual el deudor es el sujeto que ostenta la obligación de cumplir la prestación en utilidad del acreedor. El deudor también recibe la denominación más formal de “parte deudora”, y desde el punto de vista jurídico es el titular de la parte pasiva de la relación obligatoria. Como persona obligada a cumplir la prestación, se le denomina en latín “solvens”, que traducido significa pagador. Al derecho obligacional que vincula al deudor con el acreedor se le conoce vulgarmente como deuda, y consiste en la obligación del primero de pagar al segundo. El derecho obligacional que vincula al deudor con el acreedor, no solamente consiste en la obligación del primero de pagar, sino además en el derecho a hacerlo. En otras palabras, el deudor tiene la facultad de poder liberarse del vínculo jurídico obligacional mediante el pago. Esto que a primera vista parece superfluo, no lo es cuando al obligado le interesa saldar la deuda para evitar penalizaciones por mora, impedir la ejecución de unas garantías o que se reclame el débito a un avalista. Cuando el acreedor retrasa voluntariamente el cobro de su crédito, el deudor puede instar la mora del acreedor para evitar los perjuicios que le pueda ocasionar la falta de pago de su deuda.

La mora del acreedor se produce cuando el deudor no puede cumplir con la prestación en el momento pactado, por culpa del acreedor. El deudor tiene la facultad de que, si pretende pagar una obligación vencida y exigible, hace el previo ofrecimiento de pago, pero el acreedor se niega a cobrar (la mora del acreedor) sin razón válida –se supone que con ánimo de poder ejecutar un crédito garantizado o de causar perjuicios al deudor– el deudor puede extinguir la obligación y liberarse de la deuda mediante consignación ante la autoridad judicial de la cosa debida. Sin embargo, para que el acreedor se encuentre en mora, no basta que el deudor se halle dispuesto a cumplir, sino que precisa que demuestre tal disposición, ofreciendo la prestación en el lugar, tiempo y modo convenidos, así como que el acreedor no acepte la prestación o, en general, no coopere al cumplimiento de la obligación, sin justificación legal para ello. Son efectos generales de la mora del acreedor:

  1. a) La exclusión de la mora del deudor.
  2. b) La imputación del riesgo o caso fortuito que pesase antes sobre el deudor, al acreedor incurso en mora.
  3. c) La liberación total de su obligación por el deudor mediante la consignación de la cosa debida con los requisitos legales.

El deudor debe realizar la prestación que constituye el objeto de la obligación a plena satisfacción del acreedor, es decir hacer el pago por el importe y dentro del plazo convenido. Pero como hemos visto, también tiene ciertos derechos, como el oponer excepciones a la pretensión del acreedor cuando esta no sea correcta. Las posibles excepciones son: primera, el haber realizado ya el pago; segunda, la compensación del crédito; tercera, el acuerdo de quita o espera; cuarta, pacto de no pedir con el acreedor; quinta, la novación de la deuda; sexta, la transacción con el acreedor y séptima, la plus-petición o exceso de computación en metálico de la deuda. Por supuesto son siempre los tribunales los que estudiarán la oposición del deudor y decidirán si es válida o no.

La legislación también señala el alcance de las responsabilidades de los deudores, y que no puede ser más amplio, puesto que el Código Civil español establece en el artículo 1911 que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros. Por tanto, existe la responsabilidad patrimonial universal y perpetua del deudor moroso. Queda claro que la obligación de pagar implica una responsabilidad patrimonial absoluta del deudor moroso. De esta forma si el deudor no hace el pago voluntariamente –porque no puede o no quiere– el acreedor puede reclamar el cumplimiento de la obligación ante los tribunales. En este caso el acreedor puede dirigirse contra todo el patrimonio actual del deudor para conseguir el cobro, pero además podrá dirigirse en el futuro contra los bienes que pueda obtener el deudor en años venideros. Por lo tanto, un deudor que hoy sea insolvente puede verse obligado a pagar la deuda contraída al cabo de los años si el acreedor detecta patrimonio o activos adquiridos con posterioridad. No obstante, las partes pueden pactar restricciones a la responsabilidad del deudor, lo que perjudica al acreedor en caso de impago de la deuda. Un ejemplo es los que establece el artículo 140 de la Ley Hipotecaria española, que autoriza al deudor a hipotecar en pago de una deuda determinados bienes expresando que de la deuda sólo responderán esos activos y no el resto que forman su patrimonio. Asimismo, el artículo 140 de la citada ley indica: “No obstante lo dispuesto en el artículo 105, podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados. En este caso, la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del patrimonio del deudor”.

El artículo 1.144 y siguientes del Código civil español recoge el concepto de solidaridad entre deudores: el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los declarados solidarios para reclamar el total de la deuda. El pago por uno de ellos extingue el crédito, si bien el deudor que ha pagado puede reclamar la parte proporcional a los demás declarados solidarios. Como ya se ha dicho en varias ocasiones, el patrimonio del deudor es la garantía general del complimiento de sus obligaciones. Esto quiere decir que, si no paga sus deudas, el acreedor puede solicitar judicialmente la ejecución de sus bienes hasta alcanzar el importe de la deuda reclamada, junto con los intereses y costas procesales. El gestor debe conocer el alcance de la responsabilidad de los deudores en función de su personalidad jurídica. En primer lugar, si el deudor es persona física, tanto si es un particular como un empresario individual, responde de las deudas con todo su patrimonio, lo que comprende bienes y derechos. En segundo lugar, puede ser que el deudor sea una empresa. En este caso se pueden clasificar las empresas en dos grandes grupos: por un lado, están los empresarios que son personas físicas, los que se conocen como empresarios individuales, y por otro lado están los empresarios que son personas jurídicas o también llamados empresarios sociales.

El empresario individual es una persona física que, en nombre propio y asumiendo el riesgo de las operaciones con su patrimonio personal, organiza los medios de producción de bienes o servicios, para introducirlos en el mercado. El empresario individual no debe cumplir con ningún requisito específico para adquirir la personalidad jurídica, únicamente debe tener capacidad de obrar y cumplir con las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos.

Un aspecto muy importante es que todo empresario ya sea persona física o jurídica, debe responder ante sus acreedores con todos sus bienes presentes y futuros. En el caso de empresarios individuales no existe distinción entre su patrimonio personal y el de su negocio desde el punto de vista de responsabilidad patrimonial. El empresario individual asume una total responsabilidad patrimonial, que no queda restringida a los activos afectos a la actividad empresarial, sino que se extiende a todos los bienes que conforman su propio patrimonio personal. Consiguientemente sus acreedores pueden actuar indistintamente y simultáneamente contra los bienes de su patrimonio personal y los de su empresa; incluso si el deudor es propietario de varios negocios, los acreedores pueden dirigirse contra los activos de cualquiera de ellos, aunque las deudas se hayan originado en otra empresa.

El empresario social es una persona jurídica que se ha constituido mediante un contrato de sociedad para adquirir personalidad jurídica distinta de la de sus socios, y actúa en nombre propio y asumiendo el riesgo de las operaciones hasta el patrimonio aportado por aquellas. Los empresarios sociales responden también con todo su patrimonio de las deudas contraídas, pero en estos casos, la responsabilidad alcanza siempre a todo el patrimonio, es decir a la totalidad de los activos de la sociedad. Sin embargo, otra cuestión importante que se plantea a los acreedores, es la posible responsabilidad de terceros, socios o administradores por las obligaciones contraídas por la sociedad. De modo que si se trata de sociedades habrá que analizar qué tipo de sociedad se trata, ya que el régimen de responsabilidades varía mucho en función de la tipología de la sociedad ya que existen sociedades de responsabilidad limitada y otras en que ésta es ilimitada. De modo que en algunos casos los socios responden con su patrimonio si la sociedad es insolvente o no tiene activos suficientes para responder de las deudas.

 

 

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Autor: Pere Brachfield
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