La vicepresidenta Nadia Calviño está en contra de reforzar la ley contra la morosidad

Nadia Calviño aseguró que establecer un régimen sancionador para que se cumpla la ley contra la morosidad sería excesivamente burocrático e ineficaz

En el Estado español la morosidad en las operaciones comerciales sigue siendo un problema grave para las pymes y a pesar de las sucesivas reformas para acotar el plazo de pago a sesenta días, los plazos de pago en lugar de disminuir han aumentado. Para muestra, un botón; en 2021 los plazos de pago se encuentran en torno a los 95 días muy por encima de la media europea lo que supone una elevada morosidad empresarial. Sorprende comparar este plazo medio de pago con el de Francia que es de solo 44 días; de manera que llegamos a la conclusión de que el período medio de pago a proveedores en España duplica holgadamente el de su vecino galo. Conviene recordar que el período medio de pago a proveedores en Europa es de 40 días y a nivel mundial es de 65 días.

El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de Junts per Catalunya, presentó ante el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones. Esta proposición de ley fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en su reunión del día 12 de mayo de 2020 y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Con fecha 22 de septiembre el Pleno del Congreso aprobó iniciar la modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La toma en consideración fue apoyada por 344 votos a favor y una sola abstención, resultado digno de figurar en los anales de la Cámara como paradigma del consenso parlamentario. El grupo proponente aseguró que mediante los cambios normativos propuestos para combatir la morosidad empresarial se pretende realizar un cambio en la cultura empresarial de pago de las transacciones comerciales entre empresas, que elimine las malas prácticas en la liquidación de las facturas y despierte en la sociedad española que la morosidad es muy perjudicial no solo para la economía de las empresas, sino incluso para la economía del Estado. Con posterioridad a la toma en consideración de la tramitación de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, en su reunión del 29 de septiembre la Mesa tomó el acuerdo subsiguiente de encomendar la aprobación con competencia legislativa plena a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso.

La iniciativa legislativa impulsada por Junts per Catalunya contra la morosidad empresarial incorpora un nuevo régimen de infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de los plazos legales de pago que dicta la Ley 3/2004.  No obstante, una vez que llegó la iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Plural a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en el mes de octubre de 2020, los partidos con mayoría en la Mesa de la Cámara han ido ampliando sucesivamente el plazo para presentar envmiendas, alcanzado a fecha de hoy las 42 ampliaciones de enmiendas al articulado, de forma que no se ha podido avanzar a la siguiente fase. Merece la pena subrayar, que es la Mesa como órgano de gobierno del Congreso, la que acuerda si se amplía o no este plazo, por lo que tener una mayoría en este órgano resulta imprescindible para la estrategia de los partidos. De ahí que en esta ocasión se está utilizando este instrumento político por algunos partidos políticos para obstaculizar en la Mesa, mediante la prórroga de los plazos, la completa tramitación del texto legislativo contra la morosidad empresarial que tiene el apoyo mayoritario de los miembros de la Cámara, dilatando indefinidamente el procedimiento.

Asimismo, hay que señalar, que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados, rechazó la proposición de ley contra la morosidad empresarial impulsada por Junts per Catalunya por la que se pretende establecer un régimen sancionador para la morosidad empresarial, una iniciativa que lleva congelada desde hace más de un año. La vicepresidenta, sin inmutarse, aseguró que establecer dicho régimen sancionador sería “excesivamente burocrático e ineficaz” y ha considerado que hay otras vías a explorar con las que atajar el problema de la morosidad empresarial en España y que ya forman parte de la ley de crecimiento empresarial.

La vicepresidenta Nadia Calviño debería aprender de macroeconomía del expresidente de la República Francesa Nicolas Sarkozy, que en el año 2007 fue advertido por el Banco de Francia y por diversos organismos franceses que el plazo medio de pago en Francia era de 66 días, por lo que superaba en nueve días el período medio de pago de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo que estaba en 57 días. En consecuencia, en el ranking europeo de los plazos de pago, Francia se situaba por delante de países como Italia (82 días) y España (86 días) pero detrás de otros como Reino Unido (52 días), Alemania (47 días) y Noruega (26 días). Este elevado período medio de pago en las transacciones comerciales entre empresas francesas tuvo como consecuencia directa el aumento de las cuentas a cobrar en el balance de las empresas suministradoras de bienes y servicios (cuentas de clientes) y por ende aumentar sus necesidades operativas de fondos (NOF) e incrementar su pasivo exigible a corto plazo formado por los préstamos y créditos concedidos por las entidades de crédito y que las empresas proveedoras han tenido que solicitar para mantener a flote sus tesorerías. Esta problemática de las finanzas operativas que tenían las empresas galas supuso también una disminución de su capacidad de inversión y de desarrollo y un menoscabo de sus posibilidades de competir en el mercado interior y en el comercio internacional.

Ante esta situación el presidente Sarkozy tomó una decisión política drástica: Francia promulgaría las leyes que fueran necesarias para combatir la morosidad en las operaciones comerciales entre empresas y entre éstas y las Administraciones públicas encaminadas a reducir el período medio de pago. La reforma legislativa para luchar contra la morosidad en las transacciones interempresariales comenzó con la aprobación de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, más conocida como Loi de Modernisation de l’Économie o incluso por el acrónimo LME. el objetivo principal de la Loi de Modernisation de l’Économie fue limitar las necesidades operativas de fondos y por tanto las necesidades de financiación bancaria de las empresas proveedoras francesas que estaban soportando unos aplazamientos de pago superiores a los que se practicaban en los países situados al norte de Europa. La finalidad de la LME era bajar drásticamente los plazos de pago de las operaciones comerciales B2B de manera a mejorar la situación de las tesorerías de las empresas francesas facilitando un marco legal que les permitiera cobrar mucho antes las facturas de las operaciones de compraventa. La LME establece que el plazo de pago queda fijado, como norma general, a los 30 días de la recepción de los bienes o de la ejecución de la prestación que consistía el servicio. Sin embargo, este plazo de pago puede ser prolongado por acuerdo entre las partes contratantes siempre y cuando el aplazamiento de pago no supere los 60 días contados desde la fecha de emisión de la factura.

Así pues, un modelo a seguir para luchar contra la morosidad es el existente en Francia. La Loi de Modernisation de l’Économie limita la libertad contractual de las partes para determinar los aplazamientos de pago en las operaciones comerciales ya que la autonomía de la voluntad en la contratación queda supeditada a la normativa introducida por la LME. Por consiguiente, los plazos de cobro en las operaciones comerciales pueden ser fijados contractualmente por el vendedor y el comprador dentro de los límites legales y sin infringir la norma. Las disposiciones sobre los plazos de pago deben figurar por escrito en los contratos, pero, en defecto de acuerdo contractual, el plazo de pago que de forma automática se aplicará por defecto es el de 30 días contados desde la entrega de los bienes o de la prestación del servicio. Consiguientemente, el plazo de pago acordado entre las partes contratantes para liquidar las facturas no puede superar jamás los 60 días contados desde la fecha de emisión de la factura. El proveedor y el cliente también pueden acordar un plazo de pago más corto; es decir, por debajo de los 30 días. Además, se estableció un régimen de infracciones y sanciones para las empresas incumplidoras que no respetasen los plazos legales de pago.

Asimismo, hace unos años se aprobó la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (más conocida como Loi Hamon), para conseguir un mayor cumplimiento de los plazos de pago de 60 días introducidos por la Loi de Modernisation de l’Économie. Esta Ley estableció nuevas sanciones administrativas en caso de que un comprador no respete los aplazamientos de pago. El incumplimiento puede ser penalizado con una sanción administrativa de dos millones de euros, pero la multa puede llegar hasta los cuatro millones de euros para las personas jurídicas que sean reincidentes en el incumplimiento de los plazos legales máximos establecidos por la LME. En el caso de personas físicas que sean emprendedores o empresarios autónomos las sanciones son de 75.000 euros y pueden llegar hasta los 150.000 euros en caso de reincidencia. Asimismo, están prohibidas todas las cláusulas contractuales o prácticas empresariales que tengan como efecto el retardar de forma abusiva la fecha de inicio del cómputo de los plazos de pago y en caso de que una empresa deudora las practique, se la aplicarán las mismas sanciones administrativas que se han establecido para el incumplimiento de los plazos de pago legales.

Igualmente, la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) introdujo un artículo, concretamente el L. 441-6-1, en el Código de Comercio francés que tiene como objetivo imponer a los censores jurados de cuentas la obligación de informar al Ministerio de Economía los retrasos de pago significativos y reiterados impuestos a los proveedores que realizan las empresas cuyas cuentas anuales auditan. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), una dirección general del Ministerio de Economía e Industria es el organismo oficial encargado de la supervisión del cumplimiento de los plazos de pago. Los resultados de estas medidas para combatir la morosidad han sido muy positivos, ya que antes de la promulgación de la LME, en Francia, el plazo medio de pago para las operaciones comerciales en la actualidad está en 44 días (que recordemos que en 2007 estaba en 66 días).

Asimismo, en Francia el proveedor tiene derecho a reclamar al deudor moroso un interés moratorio superior al existente en España (se calcula sumando 10 puntos porcentuales al tipo de interés del BCE por lo que actualmente el interés de demora es del 10% mientras que en España es del 8%) y una indemnización de 40 euros por factura impagada al vencimiento. Los resultados de estas medidas para combatir la morosidad han sido muy positivos. En el Estado francés el 58% de las empresas reclaman de manera sistemática o frecuente los intereses de demora mientras que en España solo lo hace el 13%. La explicación de esta enorme diferencia es que en España la mayoría de las pymes por miedo a perder clientes aceptan plazos superiores a 60 días y renuncian a reclamar intereses de demora e indemnizaciones en caso de impago o morosidad de los clientes. Por consiguiente, la vicepresidenta Calviño debería seguir el ejemplo del expresidente Sarkozy en la lucha contra la morosidad empresarial e inspirarse en el modelo francés de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

 

 

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Autor: Pere Brachfield, abogado colegiado en el ICAB
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