La prescripción de las deudas pasará a ser de cinco años

Las deudas prescribirán a los cinco años en lugar de los quince actuales

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha salido con la suya. Durante la tramitación del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los 185 miembros del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, apoyados por los 152 senadores de la misma formación, han impuesto la aprobación de la Disposición final primera: “Modificación del Código Civil en materia de prescripción”. Esta disposición, propuesta por el ejecutivo de Rajoy, reducirá el actual plazo de prescripción extintiva de deudas a sólo cinco años.

El texto de dicha Disposición final primera es el siguiente:

Disposición final primera. Modificación del Código Civil en materia de prescripción.

Se modifica el artículo 1964 del Código Civil, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 1964.

1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.

2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.»

Vale la pena señalar que desde 1889, año en el que se aprobó nuestro Código Civil, el plazo general en el que prescriben las obligaciones de pago en España ha sido siempre de quince años. Este período de prescripción de las obligaciones es aplicable a todas las acciones que no tengan señalado en la Ley un término especial de prescripción.

A consecuencia de este cambio normativo, en España el plazo de prescripción extintiva con carácter general para las deudas que no tengan señalado un término especial de prescripción (que son la mayoría), pasará a ser de un lustro años en lugar de los tres actuales. Por tanto, el plazo que tendrá el acreedor para ejercer acciones legales de reclamación de una deuda, antes de que se produzca la prescripción extintiva, solamente será de cinco años.

Esta modificación tendrá importantes consecuencias en la tutela judicial del crédito, puesto que hasta ahora los acreedores que tenían paciencia, sabían que gracias al principio de responsabilidad patrimonial universal, establecido por el artículo 1911 Código Civil (los deudores responden ante sus acreedores con todos sus bienes presentes y futuros), combinado con la disposición del 1964CC, era cuestión de tiempo (y algo de suerte) recobrar algún día sus créditos.

A pesar de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió durante el trámite parlamentario, para dejar el plazo de prescripción de deudas en diez años, y así evitar una modificación tan drástica, los senadores del Grupo Parlamentario Popular impusieron su mayoría, y tumbaron las enmiendas, ratificando así el plazo quinquenal propuesto por el ejecutivo.

 

Durante el trámite parlamentario se ha evitado acabar con la interrupción extrajudicial de la prescripción de deudas

 

De todas maneras, no todo son malas noticias. En relación con el intento del ejecutivo de Mariano Rajoy de acabar con la institución jurídica de la interrupción del plazo de prescripción por la reclamación extrajudicial, afortunadamente el legislador ha tenido el sentido común necesario para eliminar esta propuesta del Gobierno del Partido Popular.

Hay que hacer notar que el Proyecto de Ley de Reforma de la LEC pretendía introducir un cambio revolucionario, puesto que el apartado Dos de dicha Disposición final primera rezaba:

Dos. Se modifica el artículo 1973, que queda redactado del siguiente modo:

“Artículo 1973.

La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. El plazo de prescripción no se entenderá interrumpido si transcurrido un año desde la reclamación extrajudicial el deudor no hubiese cumplido y el acreedor no hubiese reclamado judicialmente su cumplimiento.”

Desde mi punto de vista, este segundo apartado de la Disposición final primera, Modificación del Código Civil en materia de prescripción, era el que más peligro hubiera supuesto para el derecho de crédito de los acreedores, ya que pretendía limitar de forma radical la posibilidad de interrumpir la prescripción de las deudas mediante la reclamación extrajudicial. Este mecanismo legal es una de las escasas herramientas jurídicas a favor del acreedor que existen en el Derecho positivo español. Gracias a esta disposición, el acreedor tiene la facultad de mantener viva la deuda por tiempo indefinido, con el propósito de esperar y reclamar el pago cuando el moroso venga a mejor fortuna.

Menos mal que no se ha aprobado esta reforma tal y como estaba escrita en el Proyecto de Ley del Gobierno, ya que hubiera sido un torpedo en la línea de flotación del derecho de cobro de las deudas y de paso en la gestión del recobro de impagos. En la práctica, hubiera supuesto una condonación “de facto” de cientos de miles de deudas. Las consecuencias hubieran resultado catastróficas para los acreedores.

La firme oposición de diversas formaciones políticas en los trámites parlamentarios, presentando diversas enmiendas para que se eliminara esta temeraria parte Dos de la Disposición final primera, ha conseguido su propósito y esta parte ha sido definitivamente borrada del texto del “Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil” aprobado por la Comisión de Justicia.

En particular hay que destacar una lúcida enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a los efectos de modificar el apartado dos de la disposición final primera, que recoge de forma brillante el sentir de los acreedores y que por su relevante contenido transcribo literalmente a continuación: Si sólo se atribuye el efecto interruptor de la prescripción a quienes «reclamen judicialmente» en el plazo de un año se está incitando a la reclamación judicial, provocando procesos, mientras sería posible —como siempre ha sido históricamente— una segunda o nueva interrupción de la prescripción por reclamación extrajudicial o por acto de conciliación o por cualquier reconocimiento del deudor, que no obligue a acudir a los tribunales. Dicho de otro modo, con la redacción propuesta se está limitando la interrupción de la prescripción a una sola ocasión, sin que haya justificación alguna que no sea el interés de algunos acreedores —nunca del deudor— y no de todos los acreedores, que puede que no quieran reclamar sino esperar, y no se les deja oportunidad para ello: se les aboca a ir al Juzgado en un año, lo cual parece inaudito en la línea de lo que el Estado debería promover, que es justamente la solución extrajudicial de los conflictos. En la práctica diaria, sobre todo cuando entre acreedor y deudor se da una relación duradera, abocar a las partes al proceso jurisdiccional para evitar la extinción de la deuda por prescripción, puede ser pernicioso hasta para el acreedor. Con frecuencia un procedimiento judicial supone una ruptura definitiva de las relaciones entre las partes que, sin embargo, no ocurre con una reclamación amistosa —p.ej., por burofax—. Son los particulares quienes han de valorar la conveniencia de acudir a los tribunales en defensa de sus derechos privados o esperar la mejor fortuna del deudor, quien puede ser que no pague porque no puede y se decida esperar. Además, con el sistema que se proyecta se quiebra la esencia del instituto de la prescripción y su interrupción, pues si en un primer plazo las acciones prescriben a los cinco años, en el segundo, de hecho, se produciría algo así como que prescribirían al año, y se pierde de vista que el acto interruptivo de la prescripción, que es tal y tiene validez desde su mismo momento sin que pueda ser condicionado posteriormente y tiene el efecto de recomenzar el plazo señalado.”

De modo que, gracias a los partidos de la oposición, el artículo 1973 del Código Civil seguirá vivito y coleando, y continuará disponiendo lo siguiente: “Artículo 1973. La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”.

Por el momento, el peligro ha sido conjurado.

Para más información: Pere Brachfield ha publicado este manual para conocer todos los aspectos relacionados con la prescripción extintiva de las obligaciones de pago.

 

 

Un artículo de Pere Brachfield explica todas las cuestiones relacionadas con la prescripción de deudas
Para conocer más a fondo la temática de prescripción de deudas se puede leer este artículo: Las normas y plazos de prescripción de deudas en España

 

Pere Brachfield, presidente de APGRI, asociación de profesionales en la gestión del riesgo de crédito

 

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