La Directiva europea de facturación y las facturas electrónicas

Las facturas electrónicas tienen su regulación en la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010.

Debe tenerse en cuenta que, con la misión de salvar la divergencia entre legislaciones de los distintos Estados miembros y la existencia de ciertas lagunas no reguladas por la normativa comunitaria, se aprobó la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta a las normas de facturación, que debió transponerse al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros antes del 1/01/2013.

Vale la pena recordar, que de acuerdo con lo dictado en la Directiva 2006/112/CE (Directiva europea del IVA), la Comisión Europea presentó un informe en el que, ante de los imparables avances en la tecnología, destacaba ciertas dificultades con respecto a la facturación electrónica, señalando algunos otros aspectos en los que convendría simplificar las complejas normas del IVA para mejorar el funcionamiento del mercado interior.

Los objetivos de la Directiva 2010/45/UE (Directiva europea de facturación) son los de conseguir la simplificación, modernización y armonización de las normas de facturación del IVA ya que el legislador europeo fue consciente de que estas metas no podían ser alcanzadas de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, podían lograrse mejor a nivel de la Unión Europea; así que como esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado, se aprobó la Directiva 2010/45/UE de conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, para modificar la Directiva europea del IVA en lo que respecta a las normas de facturación.

Consiguientemente, la Directiva 2010/45/UE del Consejo persigue tres objetivos básicos: primero, asegurar la igualdad en el tratamiento de las facturas en papel y las facturas electrónicas con el fin de potenciar la facturación electrónica y luchar con el fraude; segundo, garantizar a las empresas una seguridad jurídica definiendo unas reglas de territorialidad destinadas a designar el Estado miembro cuyas reglas de facturación se aplicarán, y tercero, reforzar el funcionamiento del IVA en el mercado interior comunitario simplificando y uniformizando las reglas de facturación y el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Bajo mi punto de vista, uno de los nuevos preceptos que ha implantado la Directiva europea de facturación es el de imponer el principio de igualdad de tratamiento de las facturas en papel y las facturas electrónicas e instaura para todo expedidor o destinatario de una factura, la obligación de asegurar la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad desde el momento de su emisión hasta el final de su período de conservación. Esta obligación ya existía en la Directiva 2006/112/CE (Directiva europea del IVA), pero solamente para las facturas electrónicas; así pues, a partir de la entrada en vigor de la Directiva de facturación también se aplica a las facturas en papel.

De modo que, los cambios introducidos por la Directiva 2010/45/UE supusieron una flexibilización para las empresas a la hora de utilizar las facturas electrónicas. En particular cabe señalar que con la nueva redacción del artículo 233 se intenta encontrar un equilibrio entre las pretensiones del bloque de Estados miembros que abogaban por dar el mismo tratamiento a la factura electrónica y la factura en papel y que querían eliminar cualquier restricción impuesta a la facturación electrónica y las aspiraciones del bloque de Estados miembros que quieren mantener garantías adicionales en materia de facturación electrónica.

Por este motivo el legislador europeo modificó y amplió el apartado 2 del artículo 233, que mantiene como ejemplos de tecnologías que garantizan la autenticidad del origen y la integridad del contenido de una factura electrónica los sistemas de firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y el intercambio electrónico de datos (sistema EDI) como ejemplos de tecnología que pueden utilizar los sujetos pasivos para garantizar la autenticidad, la integridad y la legibilidad de las facturas electrónicas, aunque la Directiva europea no los exige obligatoriamente.

Por ende, los sujetos pasivos no estarán obligados a utilizar estos sistemas y podrán utilizar otros sin que sea ya necesaria aprobación previa por el Estado miembro (como exigía la antigua redacción de la Directiva 2006/112/CE del IVA). Ahora bien, en algunos Estados miembros de la EU los sujetos pasivos se sentirán más seguros (e incluso cómodos) frente a posibles comprobaciones de las autoridades de la Administración tributaria si utilizan estos sistemas descritos en el artículo 233. No obstante, el sujeto pasivo que haya venido utilizando un método o un sistema de garantía para las facturas que expida o almacene lo puede modificar durante el periodo de conservación, como consecuencia de la aparición de otras tecnologías.

Por lo que se refiere a la nueva redacción del artículo 217 que define simplemente a la factura electrónica como aquella que contiene la información requerida por la Directiva y que ha sido expedida y recibida en formato electrónico, hay que tener presente que no toda factura creada de forma electrónica tendrá la consideración de factura electrónica. Además, será necesario que la transmisión de la misma se realice también por medios electrónicos. Una factura generada electrónicamente, por ejemplo, en un PDF, impresa en papel y enviada por medios no electrónicos, no tendrá tal consideración. No obstante, la norma no aclara si una factura en papel escaneada y enviada electrónicamente tiene la consideración de factura electrónica o si, por el contrario, en esos supuestos debe exigirse que la generación inicial de la misma se haya producido también de forma electrónica.

Al propio tiempo, la modificación dada por la Directiva 2010/45/UE al artículo 217 sumada a la redacción del artículo 218 (que no experimentó cambio alguno) proyectan la impresión de que el actual texto normativo de la Directiva 2006/112/CE menos riguroso en su definición de factura electrónica y, aparentemente, una factura podrá ser electrónica siempre que haya sido expedida y recibida en formato electrónico y que los Estados miembros aceptarán como factura cualquier documento en forma electrónica que cumpla las condiciones determinadas por el capítulo 3 de la Directiva 2006/112/CE, razón por la cual las autoridades tributarias de los Estados miembros pueden ser más tolerantes respecto a que se garantice la autenticidad e integridad de las facturas electrónicas. Nada más lejos de la realidad, ya que como señala el apartado 1 del artículo 233: “Se garantizará la autenticidad del origen, la integridad del contenido y la legibilidad de una factura, ya sea en papel o en formato electrónico, desde el momento de su expedición hasta el final del período de conservación de la factura”.

Eso sí, el artículo 233 concede flexibilidad para escoger los mecanismos que se puedan emplear, puesto que cada sujeto pasivo determinará el modo de garantizar la autenticidad del origen, la integridad del contenido y la legibilidad de las facturas; por ejemplo, podrá realizarse mediante controles de gestión que creen una pista de auditoría fiable entre la factura y la entrega de bienes o la prestación de servicios.

En cuanto las definiciones de los sintagmas nominales “autenticidad del origen” e “integridad del contenido”, el propio artículo 233 preceptúa que se entenderá por “autenticidad del origen” la garantía de la identidad del proveedor de los bienes o del prestador de los servicios o del emisor de la factura y se entenderá por “integridad del contenido” que el contenido requerido con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva no ha sido modificado.

En otro orden de cosas, la Directiva 2010/45/UE suprimió el artículo 234 que disponía lo siguiente: “Los Estados miembros no podrán imponer a los sujetos pasivos que entreguen bienes o presten servicios en su territorio ninguna otra obligación o formalidad relativa a la utilización de un sistema de transmisión o de puesta a disposición de facturas por medios electrónicos”.

Ahora bien, un punto que brilla por su ausencia en el texto consolidado de la Directiva 2006/112/CE es el procedimiento de aceptación de una factura electrónica por su destinatario y el proceso que puede implementar para rechazar una factura electrónica cuando no esté de acuerdo con su contenido.

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Autor: Pere Brachfield
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