El tejido empresarial y los procedimientos concursales en España.
La demografía es una ciencia social y sus estudios versan sobre la estructura, la evolución, las características y el tamaño de la población humana. Los estudios demográficos son muy importantes para cualquier sociedad porque permiten conocer los cambios y la evolución que se producen en una población determinada, que permiten a los gobiernos planificar e implementar políticas que se adapten a las necesidades particulares de una determinada población. Dos de los aspectos más importantes que estudia la demografía son la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad.
En cuanto a la demografía empresarial existe un claro paralelismo en relación con los dos puntos que se investigan en la demografía social; es decir, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Por añadidura, se estudian las solvencias empresariales y para ello se emplea la información sobre los concursos de acreedores, ya que a estos procedimientos acuden aquellas empresas con dificultades para hacer frente al pago de sus deudas.
La crisis de la COVID-19 tuvo un impacto considerable en la evolución de la economía, afectó a la situación económica y financiera de las empresas españolas y tuvo repercusiones negativas en el tejido empresarial. El análisis del impacto en la demografía y la solvencia de las empresas es relevante, ya que una destrucción significativa del tejido productivo constituye un obstáculo para la recuperación económica a través de distintos canales. Así pues, unas tasas de disolución de empresas y de concursabilidad elevadas suponen un aumento del desempleo, lo que implica en un menor dinamismo del consumo. Por lo que se refiere a las disoluciones de empresas mercantiles, en 2022 se disolvieron 30.507 sociedades – un 9,90 % más que en 2021– la segunda cifra más alta desde 2012, lo que supone un dato preocupante ya que puede marcar una tendencia para los próximos años. Con respecto a las 30.507 sociedades disueltas en 2022, el único ejercicio económico en el que se superó esta cifra fue 2013, año en el que se produjeron 31.225 disoluciones. Las 30.507 empresas disueltas en 2022 tenían una plantilla agregada de 81.597 empleados y una facturación de 17.405.944.844 euros. Cabe señalar que el tipo de disoluciones más frecuente es el voluntario, con 23.720 sociedades. En el pasado año los sectores que acumularon más disoluciones fueron el de construcción y actividades inmobiliarias que concentraron el 24%, comercio el 19% y servicios empresariales el 14%.
Otro punto es que la renovación del tejido empresarial de un país es un buen indicador del dinamismo de una sociedad y de la evolución de su economía. El año pasado en España se crearon 99.502 sociedades de capital lo que supone la tercera cifra más alta de los últimos diez años (la más alta corresponde a 2016 con 102.302 nuevas sociedades). No obstante, las constituciones de sociedades mercantiles en 2022 no alcanzaron la cifra del año 2021 –102.022 nuevas sociedades– ya que se produjo una disminución cercana al 2,50%. El capital invertido en las constituciones aumentó ligeramente en 2022 alcanzando el capital suscrito los 5.188.072 millones de euros; ahora bien, se trata de la tercera cifra más baja de los últimos diez años. En el año 2015 el capital invertido batió todos los récords ya que fue de 8.144 millones de euros.
En definitiva, el saldo final de sociedades activas en 2022 fue de 1.219.186 sociedades comerciales. Por otro lado, en este mismo año se contabilizó un total de 1.804.569 empresarios individuales activos; es decir autónomos que ejercen una actividad empresarial por cuenta propia. Por añadidura, en el tejido empresarial operan 206.255 sociedades civiles y 27.066 sociedades cooperativas. Bajo mi punto de vista, el problema endémico que sufre el tejido empresarial es que proporcionalmente al tamaño de la población aún hay pocas empresas y su dimensión es una de los más pequeñas de Europa. Este gran número de microempresas genera una baja productividad y competitividad. Este hecho causa que la productividad media disminuya generando resultados desfavorables en la economía y en el empleo. Además, la estructura financiera de las empresas es débil y su volumen de ventas es bajo, concretamente un 32% menos que la media europea. Por consiguiente, el Gobierno debería incentivar que haya más empresas, de mayor tamaño, más productivas y competitivas lo que permitiría afrontar con más resiliencia vaivenes económicos como la crisis del coronavirus o la guerra de Ucrania.
Por lo que se refiere a los concursos de acreedores, en 2022 entraron en concurso 7.272 empresas, lo que supone un aumento del 24,05% respecto con el año pasado. Las 7.272 empresas facturaban 8.176.877.079 euros y empleaban a 44.155 trabajadores. Mientras que, en 2021 el número de empresas concursadas fue de 5.862 con una plantilla total de 43.039 empleados y una facturación global de 5.571.134.331 euros. Del total de concursos presentados en 2022, el 86,25% correspondieron a microempresas de menos de 10 empleados, el 12,10% a empresas pequeñas de menos de 50 empleados, el 1,49% a medianas de menos de 250 empleados, y el 0,17% a empresas grandes de más de 250 empleados. La tasa de concursabilidad –ratio entre el número de concursos declarados y el número de empresas activas– más elevada es del 0,50% para las sociedades mercantiles y alcanza el 0,62% para las sociedades anónimas. En cambio, la tasa de concursos de los empresarios autónomos es del 0,06%.
Si analizamos el reparto geográfico, las tasas de concursabilidad más elevadas se encuentran en Madrid, en la Comunidad Valenciana y Cataluña. En el lado opuesto, Navarra es la comunidad donde la proporción de concursos por empresas activa es la menor. Por sectores, Industrias extractivas e Industria registran las tasas de concursabilidad más altas, mientras que agricultura y energía tienen las más bajas. Las microempresas registraron la cifra más alta de concursos en 2022 ya que acumularon 5.677 procedimientos. En segundo lugar, se encuentran las pequeñas empresas que sumaron 435 concursos. En cambio, las medianas y grandes empresas en concurso coincidieron en tener solamente 100 concursos. Las empresas con una antigüedad entre seis y diez años presentan mayor concursabilidad.
A pesar del aumento de los procedimientos concursales en 2022, el número de concursos en España es muy inferior al de otros estados de la UE. Por ejemplo, el pasado año en Francia se produjeron 21.138 procedimientos concursales, lo que representa una tasa de concursabilidad superior al 1%. Mientras que en España esta tasa es de sólo el 0,20%.
Ahora bien, no hay que olvidar que en septiembre de 2022 entró en vigor la reforma de la Ley Concursal que traspone al ordenamiento español la Directiva UE 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Así pues, a raíz de la trasposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, se han creado dos nuevos procedimientos: el procedimiento especial para microempresas y el procedimiento de planes de reestructuración.
Esta circunstancia parece ser que está provocando un aumento de los procedimientos concursales y preconcursales en 2023. En apoyo de esta afirmación, hasta el mes de mayo los procesos concursales –incluyendo los planes de reestructuración y los procedimientos especiales para microempresas– suman 2.814, un 8,02 % más que el año pasado. De esta cifra agregada se contabilizan 2.585 concursos de acreedores (el 91,86 % del total), 172 planes de reestructuración (6,11 %) y sólo 57 procedimientos especiales para microempresas (2,03 %). Asimismo, la suma total de los procedimientos concursales (es decir, los concursos, los planes de reestructuración y los procedimientos especiales) en mayo es de 755, un 23,16 % más que en abril y un 41,92 % más que en 2022. Ahora bien, a pesar de la entrada en vigor de la nueva ley concursal, los concursos “clásicos” siguen siendo la vía más utilizada para entrar en un procedimiento colectivo de insolvencia.
En mayo, la comunidad con más concursos es Cataluña, con 219, seguida de Madrid, con 95. La Comunidad Valenciana registra la cifra más alta de procedimientos de reestructuración (9), mientras que Madrid anota el mayor número de procedimientos especiales para microempresas (8). Más aún, en los primeros cinco meses del año, Cataluña registra las cifras más altas de concursos (729) y de planes de reestructuración (44), mientras Madrid contabiliza la mayor cifra de procedimientos especiales para microempresas (20).
En el mes de mayo, los sectores con el mayor incremento de concursos son: Comercio (+63) y Construcción y actividades Inmobiliarias (+42). Los sectores con mayor número de planes de reestructuración son Comercio, con 16, y Construcción y actividades inmobiliarias, con 5. Los procedimientos especiales para microempresas se han solicitado principalmente en Comercio, con 10, es decir, el 37,04 % del total. Vale la pena señalar que, en mayo las microempresas con 604 concursos representan el 86,23 % de los procesos concursales. En el segmento de las pequeñas empresas hubo 84 concursos, que representan el 12,02% de la totalidad y en el de las empresas medianas se contabilizaron 9 concursos que suponen el 1,29%. En la categoría de las grandes empresas solamente se produjeron dos concursos lo que supone el 0,29% del total.
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Autor: Pere Brachfield, abogado colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, ICAB.
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