Hacia una Europa sin morosidad

¿Es posible o es simplemente una quimera?

En la amplia red comercial de la Unión Europea, cada segundo se intercambia más de 500 facturas.

La morosidad se ha convertido en un lastre que amenaza la salud financiera de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (pymes). Este problema, arraigado en desequilibrios de poder y prácticas financieras cuestionables, ha llevado, por parte de la Comisión Europea, a la propuesta de un nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que busca establecer medidas efectivas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

Según un documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea que acompaña al documento de Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, con más de 18.000 millones de facturas intercambiadas anualmente, la morosidad en operaciones comerciales se presenta como un desafío significativo en la Unión Europea. Aproximadamente el 50% de estas facturas se pagan con retraso, generando una cascada de consecuencias perjudiciales para la liquidez.

La morosidad no solo afecta a la productividad y competitividad, sino que también se traduce en despidos y quiebras, teniendo un impacto negativo en la estabilidad económica y social. Las cadenas de suministro también sufren las secuelas de la morosidad, ya que los retrasos en los pagos suelen repercutir en los proveedores.

Las pymes, en particular, se ven gravemente afectadas debido a su dependencia de flujos de efectivo previsibles. Sectores como la construcción se encuentran entre los más vulnerables, destacando la necesidad urgente de abordar este problema sistémico.

La causa fundamental de la morosidad radica en el desequilibrio de poder entre pequeños proveedores y grandes clientes, donde el pago con retraso se convierte en una forma atractiva de financiación a coste cero para el deudor. Factores como la insuficiencia de medidas preventivas, la inadecuación de medidas disuasorias y la falta de mecanismos de ejecución y recurso contribuyen a la persistencia de este problema a lo largo de las décadas.

Ante este escenario, la propuesta del Reglamento Europeo busca abordar de manera integral la morosidad en operaciones comerciales, estableciendo objetivos generales y específicos para fortalecer la competitividad y el crecimiento de las empresas, con un enfoque especial en la protección de las pymes.

Los objetivos generales incluyen mejorar la disciplina de pago de los poderes públicos, grandes empresas y pymes, así como promover el pago justo y puntual en las operaciones comerciales.

Según un documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea se presentan tres opciones estratégicas para abordar la morosidad en operaciones comerciales: evitar la morosidad, facilitar la puntualidad de los pagos y reforzar los mecanismos de recurso. Cada opción aborda aspectos clave del problema, y la evaluación de impacto concluye que la opción preferida es una combinación de medidas de las tres estrategias.

Vamos a comentar seguidamente cada una de estas opciones estratégicas. La primera opción se centra en evitar la morosidad garantizando condiciones de pago justas. Esto implica establecer plazos máximos de pago y procedimientos de verificación del cumplimiento de requisitos contractuales. Además, se incorporan disposiciones para proporcionar formación a las pymes en gestión de créditos y cultura financiera. La segunda opción de facilitar la Puntualidad de los Pagos se enfoca en hacer frente a la morosidad fortaleciendo la aplicación de normas y garantizando el cumplimiento de los plazos de pago. Se mejoran los elementos disuasorios de la Directiva actual, como los intereses de demora y la compensación a tanto alzado, haciéndolos obligatorios para asegurar una mayor eficacia.  Y la tercera opción de reforzar los mecanismos de recurso promueve la equidad y la disponibilidad de mecanismos de recurso eficaces en caso de incumplimiento de condiciones de pago. Los Estados miembros de la UE se verán obligados a establecer herramientas de mediación accesibles para las pymes y abordar cláusulas y prácticas contractuales abusivas a través de su legislación nacional.

Ahora bien, la opción preferida consiste en un enfoque integral y que es una combinación de medidas de las tres estrategias.

El paquete preferido incluye los siguientes puntos: primero, la limitación a treinta días de los plazos de pago en operaciones entre empresas; segundo, un procedimiento de verificación o aceptación limitado a treinta días (sin excepción); tercero, la facilitación de formación en gestión de créditos y cultura financiera para pymes; cuarto, los intereses de demora automáticos y aclaración del día de vencimiento; quinto, la compensación a tanto alzado aumentada a 50 euros para reflejar la inflación; sexto, la designación de organismos nacionales para hacer cumplir la ley, investigar y sancionar; séptimo, la verificación de pagos a subcontratistas en contratos públicos de obras; octavo, la creación de un sistema nacional de mediación; noveno, abordar cláusulas y prácticas contractuales abusivas a través de la legislación nacional. Este enfoque integral se presenta como la estrategia más eficaz y eficiente para abordar la morosidad en operaciones comerciales en la Unión Europea.

La reducción de los plazos de pago, estimada en un 35 %, liberará tesorería y mejorará la previsibilidad de los pagos. Los operadores más pequeños del mercado tendrán menos probabilidades de enfrentarse a condiciones de pago abusivas y dispondrán de vías de recurso eficaces en caso de demora en los pagos. Se reducirán considerablemente los costes de perseguir a los deudores. El establecimiento de mediación permitiría a las empresas ahorrar 27 millones de euros al año en causas judiciales que podrían evitarse. Esta iniciativa también aumenta la equidad en las relaciones comerciales.

Asimismo, los poderes públicos se benefician de los sistemas de mediación, tanto directamente, si desean resolver un litigio con un proveedor, como indirectamente, al reducir la carga que pesa sobre el sistema judicial. En general, esto se traduce en una reducción de la morosidad, lo que significa menos quiebras y costes asociados para el erario público.

Desde el punto de vista del acreedor, la morosidad impide que las empresas crezcan y les obliga a malgastar recursos: por término medio, entre el 5 y el 10% del trabajo administrativo total se dedica a perseguir deudores. Se trata de un tiempo que las pymes podrían haber utilizado de manera más productiva, por ejemplo, para recibir formación o buscar nuevas oportunidades de negocio.

Desde el lado del deudor, cuanto mayor sea la empresa, más probable es que pague con demora. Por término medio, se espera que alrededor del 41 % de las pymes se beneficien de la limitación a treinta días de los plazos de pago. Se esperan efectos más amplios para las microempresas (50 %), mientras que la limitación del procedimiento de verificación a treinta días podría beneficiar a hasta el 66 % de las pymes. La obligatoriedad del pago de intereses y tasas de compensación mejorará la situación actual, en la que el 81 % de las pymes y el 93 % de las microempresas nunca reciben tal compensación.

Unas normas de ejecución más estrictas mejorarán el comportamiento en materia pagos. Las medidas de apoyo a los subcontratistas en los contratos públicos de obras tendrán un efecto positivo en las pymes (por término medio, el 80 % del valor de un gran proyecto de construcción se subcontrata a pymes). Los sistemas nacionales de mediación supondrán beneficios monetarios para las empresas que actualmente dependen de litigios judiciales y una resolución más rápida de los litigios para aquellas empresas que actualmente evitan acudir a los tribunales para recuperar las deudas impagadas.

Con un aumento de los flujos de efectivo agregados en la economía, las empresas disponen de más liquidez para invertir en innovación o repercutir las reducciones de costes a los consumidores. La redistribución de la liquidez en la economía es más justa porque cada empresa paga por la liquidez que necesita y utiliza. Las condiciones comerciales para hacer negocios serían más previsibles, lo que daría lugar a un entorno empresarial más favorable.

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Pere Brachfield, socio director de Brachfield & Asociados Abogados