España sale bastante mal parada en el European Payment Report 2015 (EPI 2015) publicado por Intrum Justitia respecto al comportamiento de pagos de las empresas privadas y del sector público. En particular los datos resultantes del European Payment Risk Index 2015 (EPRI).
El European Payment Risk Index (lo podemos traducir como Índice de Riesgo en los Pagos) proporciona una visión holística del riesgo de crédito de los diferentes mercados europeos y sobre la salud financiera de las compañías europeas, así como de los factores de vulnerabilidad existentes. Esta multinacional escandinava lleva realizando este estudio entre miles de empresas europeas desde el año 1998. El objetivo del Índice de Riesgo en los Pagos es brindar información acerca del riesgo potencial de impago del país y compararlo con otros estados europeos.
El EPRI se basa en tres componentes diferentes que, combinados, crean el índice principal de un determinado país. Estos tres componentes son: el cumplimiento de los compradores con las condiciones de pago pactadas, el riesgo de morosidad y el impacto de la morosidad en las empresas.
El primer factor, el cumplimiento de los compradores con las condiciones de pago pactadas, consiste en comparar las condiciones de pago otorgadas a los clientes de una compañía con el plazo de pago real, describiendo que mercados presentan un mejor o peor comportamiento de pagos que el del mercado en general. El segundo factor, el riesgo de morosidad, mide el riesgo de facturas impagadas, describiendo el riesgo de retrasos en los pagos. El tercer factor, el impacto de la morosidad en las empresas, considera la importancia de las consecuencias negativas de la morosidad, describiendo los efectos que producen los retrasos en el pago en la empresa.
El valor más bajo posible para los tres componentes que puede aparecer en el índice principal es -2, y el valor más alto posible es +2.
En el informe Country Payment Report 2015 correspondiente a España, el European Payment Risk Index establecido para nuestro país es de -0,82, lo que sitúa nuestro EPRI en el cuarto lugar del ranking de países con mayor riesgo de morosidad, sólo superado por los EPRI de Italia, Portugal y Bosnia.
Este rating negativo es un estigma y un aviso a navegantes que induce a las empresas que quieren operar en España a implementar medidas muy estrictas para disminuir el nivel de riesgo; lo que en Román paladino puede traducirse como: “mucho cuidado al hacer operaciones comerciales con empresas españolas ya que de lo contrario es muy probable que tenga problemas a la hora de cobrar”.
El informe Country Payment Report 2015 sobre España también revela que los plazos de pago medios acordados en las operaciones comerciales entre empresas privadas nuestro país duplica el plazo acordado en Europa, situándose en el Estado Español en 56 días frente a los 25 de la media europea. Ahora bien, estos plazos contractuales no se respetan, puesto que el período medio de pago real en España es de 70 días, el mismo que Portugal, lo que supone un empate técnico con nuestro vecino en el segundo plazo de pago más largo de Europa. Para tener una vara de medir, el plazo medio de pago real en Francia es de 51 días y el de Alemania de17 días.
Para más INRI, el informe desvela que el 83 por ciento de las empresas españolas han recibido solicitudes por parte de sus clientes de aumentar todavía más los períodos de pago.
En lo que concierne al comportamiento de pago de las Administraciones Públicas, éstas tienen una media de pago de 103 días, cifra muy lejana a los 30 días que marca la legislación contra la morosidad, y que sitúan a España como el segundo país europeo con los plazos de pago más dilatados por parte del Sector Público, superado solamente por Italia.
El citado informe de Intrum Justitia sobre España, afirma que las empresas españolas registran un porcentaje anual de pérdidas por impagos del 2 por ciento de su facturación, lo que equivale a 36.816 millones de euros de pérdidas por créditos incobrables.
En relación con las consecuencias del retraso en los pagos, el Country Payment Report 2015 sobre España patentiza que el 70 por ciento de las empresas españolas ha mencionado los problemas de liquidez como la principal consecuencia de los retrasos en los pagos, indicando como segunda consecuencia más seria los costes adicionales generados por los retrasos en el cobro y como tercera la pérdida de beneficios.
En cuanto a las razones para el retraso en los pagos de los clientes, el informe revela que las dificultades financieras de los clientes son la razón principal, según el 88 por ciento de los encuestados. La segunda causa que esgrimen los proveedores españoles es el retraso intencional en el pago, causa que ha indicado un 64 por ciento de los encuestados. Vale la pena recordar que en el año 2009 el retraso intencional como principal causa del impago en España, era tan sólo del 16 por ciento.
En relación con la legislación promulgada en España para tratar de reducir los problemas de los retrasos en los pagos, el informe de Intrum Justitia revela que el 65 por ciento de las empresas españoles conoce la legislación sobre la lucha contra la morosidad, pero cuando se pregunta a los encuestados si han notado algún impacto positivo en el retraso de los pagos, gracias a la ley de lucha contra la morosidad, solamente el 17 por ciento de las empresas encuestadas ha notado un efecto positivo y está experimentando menos retrasos. En cambio, el 70 por ciento de las compañías no han notado ninguna mejora en los plazos de pago.
En cuanto a la previsión del riesgo de impago, el informe sostiene que el 62 por ciento de los empresarios españoles encuestados cree que el riesgo de impago permanecerá igual en los próximos doce meses.
Autor: Pere Brachfield
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