Solo el 9% de las empresas españolas trabaja con plazos de pago de 30 días

¿Veremos este 9% incrementado en breve?

El informe publicado recientemente por Las noticias de Crédito y Caución e Iberinform, indica que solo el 9% de las empresas españolas trabaja con plazos de pago de 30 días.

Aunque La Comisión Europea propuso en septiembre sustituir la actual directiva de lucha contra la morosidad vigente desde 2011 por un Reglamento europeo (Regulation) que sería directamente aplicable y establecería las mismas disposiciones en toda la Unión Europea, el 29% de las empresas no ha oído hablar de la propuesta para establecer un plazo máximo único de pago en la Unión Europea y sancionar su incumplimiento.

El principal objetivo de la propuesta es la introducción de un plazo máximo único de pago de treinta días en toda la Unión Europea para las operaciones comerciales B2B o entre empresas y Administraciones Públicas. Además, el texto propone eliminar la posibilidad de que el acreedor pueda renunciar a su derecho de reclamar intereses de demora, estableciendo su pago automático hasta que se satisfaga la deuda. ¿Qué impacto tendría esta homogeneización obligatoria de los plazos de pago a 30 días entre las empresas españolas?

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea, una de cada dos facturas vinculadas a las operaciones comerciales entre empresas en Europa se paga con retraso o no se llega a pagar y una de cada cuatro quiebras empresariales se debe a los problemas de liquidez que generan los retrasos en el pago de facturas de los clientes.

Queda mucha labor todavía para que en toda la Unión Europea se cumpla esta directiva y habrá que mantener dialogo entre los países para homogeneizar esta importante orientación.

Será una mejora empresarial cuando se aplique esta importante directiva ya que se rebajarán las fechas de pago de facturas repercutiendo de manera positiva en el cash de cada empresa.

Otra consecuencia positiva será la no necesidad de solicitar tantos créditos bancarios y como resultado no tener que pagar intereses y comisiones a las entidades bancarias porque el dinero estará en las cuentas corrientes de los proveedores a partir de los 30 días de la recepción de la factura.

Según el artículo 3 de la Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 12.9.2023 (Estrasburgo) – apartado Plazos de pago, se indica queEn las operaciones comerciales, el plazo de pago no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha de recepción de la factura o de una solicitud de pago equivalente por parte del deudor, siempre que el deudor haya recibido los bienes o servicios. Este plazo se aplicará tanto a las operaciones entre empresas como entre poderes públicos y empresas”.

Por otro lado, la misma Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO en el apartado Adecuación regulatoria y simplificación, señala que “El número de días-persona al año que una empresa dedica a perseguir la morosidad se ha estimado que oscila entre cinco días en Alemania y más de quince días en España.

Una tema diferente será que todos los países cumplan; habrá que pensar en positivo  y por el bien de otros países de la Unión Europea, España debería ser un ejemplo para seguir.

Por otro lado, según el Observatorio de la morosidad de CEPYME, el periodo medio de pago (PMP) creció en el tercer trimestre de 2023 hasta los 82 días después de cuatro descensos interanuales, cuando el plazo máximo legal de pago establecido es de 60 días.

Según datos proporcionados por el Observatorio de la morosidad de CEPYME, el esfuerzo financiero asociado a la deuda comercial de las empresas se ha duplicado en el mismo periodo, llegando a los 2.700 millones de euros en cómputo anualizado para el conjunto de las pymes, lo que detrae recursos de las pymes para la inversión o el aumento de plantilla, minando su productividad.

Este esfuerzo financiero de 2.700 millones es el mayor desde junio de 2009, y se produce pese a la restricción del crédito comercial. De esa cantidad, 1.400 millones se explican por el esfuerzo para financiar las ventas que se cobran dentro de los plazos acordados, y los restantes 1.300 millones por el tramo moroso de la deuda comercial, es decir, las ventas que se cobran más allá de los 60 días.

Esta situación es un termómetro del entorno adverso en el que se desarrolla la actividad de las pymes, que ven lastrada su liquidez por la demora en los cobros, y demanda una pronta adopción de medidas.

Respecto a la elaboración del nuevo reglamento europeo encaminado a reducir los plazos de pago en las empresas, CEPYME valora positivamente que se preste atención a este grave problema que sufren las pymes europeas y, en especial, las españolas, y que Bruselas haya dado prioridad a esta iniciativa.

La CEPYME está trasladando sus análisis y propuestas sobre el impacto de la morosidad en las pymes europeas, con el objetivo de conseguir un efecto más favorable de este reglamento en la lucha contra esta lacra comercial.

La elevada inflación unida a los altos tipos de interés eleva los costes asociados a la financiación de las obligaciones comerciales. Las empresas sufren un doble golpe: cobran sus cuentas pendientes en moneda de menor poder adquisitivo mientras afrontan un esfuerzo adicional para financiar su deuda comercial. Y esto se agrava en el caso de las pymes, cuya resistencia a tensiones de liquidez es menor que la de las grandes empresas.

Por todo ello, se espera tener la certeza de que España se adaptará y pondrá en marcha esta directiva porque de su consecución o no dependerá que el tejido empresarial tenga saneada su liquidez.

Al margen del diálogo y acuerdos comunes, debemos de seguir apostando por la formación como una de las mejores y más efectivas maneras de que nuestro tejido empresarial mantenga actualizados a sus  profesionales para que conozcan y se adapten a los cambios aplicándolos con eficacia en su trabajo.

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Por Cristina Vert – estudios sobre la morosidad