La Comisión Europea insta a España que cumpla la Directiva contra la morosidad para proteger a las pymes

La CE emprende acciones contra España por no aplicar la Directiva europea antimorosidad

Un estudio de la Comisión Europea revela que los pagos por las operaciones comerciales entre las empresas privadas o entre los agentes económicos y los poderes públicos se efectúan a menudo más tarde de lo acordado. En algunos Estados miembros, los pagos por parte de los poderes públicos pueden acumular un retraso medio de hasta ciento treinta días (e incluso quinientos días en algunos sectores). Además, en algunos casos, se vulneran aún más los derechos de los operadores económicos al condicionar los pagos, por ejemplo, a la renuncia a reclamar intereses de demora o una compensación por gastos de cobro. Las pequeñas y medianas empresas, que no tienen la misma capacidad financiera que las grandes empresas, son más vulnerables a las consecuencias de la morosidad, especialmente en tiempos de crisis económica.

La Comisión considera que la morosidad tiene efectos perniciosos para las empresas, puesto que afecta a su liquidez y flujo de caja, lo que complica su gestión financiera y merma su crecimiento. La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales refuerza los derechos de los acreedores mediante el establecimiento de plazos de pago para las empresas y los poderes públicos que adquieren bienes o servicios. En caso de incumplimiento de esos plazos, otorga a las empresas el derecho a una compensación equitativa. Las administraciones públicas deben desempeñar un papel preponderante para desalentar la cultura de la morosidad, dando ejemplo y pagando a sus proveedores con puntualidad y transparencia.

El 26 de agosto de 2016, la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación de esta Directiva. Globalmente, la aplicación de la Directiva es positiva. La Directiva ha contribuido a poner de relieve el problema de la morosidad en las reformas económicas y agendas políticas nacionales. Los retrasos en los pagos del sector público se han reducido en diez días de media en comparación con la situación previa a la entrada en vigor de la Directiva. Algunos Estados miembros incluso dedican un esfuerzo adicional a promover la cultura del “pago sin demora”. No obstante, en el informe se señala que aún debe mejorar la aplicación de la Directiva, en particular, hay cuatro Estados de la Unión Europea, Grecia, España, Italia y Eslovaquia, que incumplen su deber de implementar la Directiva de lucha contra la morosidad para proteger a las pymes en sus relaciones comerciales.

La comisaria europea Elżbieta Bieńkowska, responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha declarado recientemente que la morosidad supone una carga importante para las empresas europeas, y especialmente para los pequeños negocios. Asimismo, la comisaria afirmó que contar con el pago puntual de sus clientes permite a las empresas realizar su trabajo y cumplir sus compromisos con sus compradores, proveedores y empleados. Cuando la Comisión Europea pide a los Estados miembros que cumplan las reglas sobre lucha contra la morosidad, está protegiendo a las empresas y contribuye a la competitividad de la UE.

Así las cosas, la Comisión Europea en su paquete mensual de decisiones sobre procedimientos por incumplimiento, ha emprendido acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no haber cumplido adecuadamente las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la UE. Estas decisiones, que abarcan varios sectores y ámbitos de actuación de la UE, pretenden garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. Entre los procedimientos iniciados por la Comisión, está la adopción de nuevas medidas contra Grecia, España, Italia y Eslovaquia para garantizar la correcta aplicación de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. La Directiva europea contra la morosidad tiene como propósito evitar que las empresas europeas, especialmente las pequeñas y medianas y los emprendedores autónomos, sufran pérdidas por culpa de los impagados y de los retrasos en la liquidación de las facturas. Los principales objetivos de la citada Directiva son, en primer lugar, incentivar a las empresas y a las administraciones públicas a respetar los plazos de pago legales o contractuales, en segundo lugar, evitar la imposición de plazos excesivamente dilatados por parte de las grandes empresas y en tercer lugar, armonizar de forma indirecta las diferentes prácticas de pago de los Estados, marcando un plazo de pago de referencia de 30 días –que es obligatorio por defecto en caso de inexistencia de pacto– para la liquidación de las operaciones.

La citada Directiva establece medidas más estrictas para desalentar la cultura de la morosidad. Uno de los puntos más notables de la Directiva es que no se discriminará entre el sector público y privado, por lo que el sector público es objeto del mismo tratamiento que el privado. Por tanto, las administraciones también quedan sujetas a la Directiva en los pagos a sus proveedores y a partir de su entrada en vigor, los poderes públicos deben abonar en un plazo de treinta días o, en casos excepcionales, de sesenta días, las facturas por los bienes y servicios adquiridos. En las operaciones entre empresas, el plazo es de sesenta días, salvo que se haya acordado expresamente otro distinto y que no sea abusivo para el acreedor. Otro de los preceptos que establece la citada Directiva, es que todo retraso en el pago de las facturas una vez vencido el plazo contractual, dará derecho automáticamente a los acreedores a percibir intereses de demora y en consecuencia estos tendrán derecho a reclamar los intereses moratorios y el tipo de interés que se establece es el que se obtiene sumando 8 puntos porcentuales al tipo de referencia del Banco Central Europeo; es decir en la actualidad el tipo legal de

interés de demora a aplicar durante el primer semestre natural de 2017 es el 8% anual. Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar una compensación por todos los costes de cobro que haya sufrido a causa de la morosidad y a un mínimo de 40 euros de compensación por cada factura impagada.

Hay que hacer notar, que la Directiva 2011/7/UE, no es la primera iniciativa legislativa europea antimorosidad, sino que es la refundición de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000. A principios del Siglo XXI, los organismos comunitarios, muy preocupados por la problemática que implicaba la morosidad, promulgaron esta Directiva. La CE se percató que El fenómeno de la morosidad no se debía imputar únicamente a la evolución de los ciclos económicos, sino que también existían causas estructurales que lo estaban fomentando.

Por todo ello, la Comisión pide a los cuatro Estados miembros anteriormente citados que actúen y apliquen adecuadamente la Directiva; que asuman su responsabilidad y sean transparentes en lo que concierne a las prácticas de pago por parte de los poderes públicos; y creen un entorno empresarial fiable para las empresas, que propicie un cambio decisivo hacia una cultura del pago puntual.

En relación con la aplicación de la Directiva antimorosidad, la Comisión pide a los Estados miembros que actúen por los motivos siguientes:

  • Grecia: nueva legislación que suprime los derechos de los acreedores a reclamar intereses y compensaciones (carta de emplazamiento complementaria);
  • Italia: pago con excesivo retraso por parte de los poderes públicos (dictamen motivado);
  • Eslovaquia: pagos con excesivo retraso en el sector de la sanidad pública (carta de emplazamiento);

En el caso particular de España, la Comisión le exhorta mediante una Carta de Emplazamiento a no seguir manteniendo una legislación que permita dilatar sistemáticamente los plazos de pago legales en 30 días. Estos cuatro Estados miembros deben notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir la situación en el plazo de dos meses. De lo contrario, la Comisión Europea podría actuar contra el país que no cumpla con lo estipulado.

 

 

Autor: Pere Brachfield, director de Brachfield & Morosólogos Asociados, BCN
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