España no está preparada para el alud de impagados que se nos cae encima

Un tsunami de impagados se avecina y España es el país de la UE menos preparado para hacer el recobro de impagados

Todo el mundo recuerda el maremoto de morosidad derivado de la última gran crisis económica que fue provocada por lustros de desregulación financiera y que tuvo su hito en la caída de Lehman Brothers. Esta crisis económica y financiera que se empezó a gestar a mediados de 2007 que acabó desembocando en la denominada Gran Recesión a nivel mundial, la peor etapa económica desde la Gran Depresión de los años 30 en EEUU. Muchos países experimentaron grandes contracciones en sus PIB nacionales, permaneciendo estancadas sus economías durante varios años y las empresas sufrieron tremendos incrementos de la morosidad y un alud de impagados sin precedentes. El impacto de ese maremoto de morosidad fue brutal en las empresas y entidades bancarias de todo el mundo civilizado.

En España, la morosidad bancaria según las estadísticas oficiales publicadas por el Banco de España superó los 197 mil millones de euros, casi el 20% del PIB. Si hablamos en porcentajes, esta cifra astronómica del alud de impagados de préstamos y créditos bancariosrepresentó el 13,6%; o sea, la ratio calculada como el porcentaje de créditos dudosos sobre el total de la cartera crediticia de las entidades de crédito. El impacto de este alud de impagados y morosidad fue brutal en las entidades bancarias y el sector financiero atravesó la mayor reestructuración de las últimas décadas.

Ahora bien, me temo que la crisis económica derivada de la Covid-19 provocará un inconmensurable tsunami de impagos en España que arrasará miles de pymes y autónomos, puesto que el Estado Español es de los menos preparados de la UE para combatir la morosidad en el pago de las operaciones mercantiles con aplazamiento de pago; lo que coloquialmente se llama con crédito comercial.

La morosidad en el pago de las operaciones comerciales no es un fenómeno provocado solamente por la coyuntura económica, sino que es necesario considerar la existencia de varios condicionantes que interaccionando entre sí provocan un aumento de la morosidad. Uno de estos condicionantes es la costumbre de pagar las deudas a los proveedores.

La cultura empresarial de la demora es un factor muy importante, puesto que constituye el principal generador de morosidad. En España no existe una cultura empresarial que fomente el pago puntual. En apoyo a esta afirmación, el periodo medio de pago de las facturas en España en el cuarto trimestre de 2019 superó los noventa días; un plazo muy alto en una época en la que la crisis económica ya había desaparecido.

Si comparamos este plazo con el de Francia que fue de sólo 44 días, llegamos a la conclusión que el período medio de pago a proveedores duplica al de nuestro vecino galo. Al propio tiempo, la media europea fue de 60 días y la mundial de 65 días.

Otro punto es que la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM) prohíbe que los compradores paguen las facturas a un plazo superior a 60 días naturales. Después de casi dieciséis años de la entrada en vigor de la LLCM y de las múltiples reformas que ha experimentado, esta ley sigue siendo una norma jurídica muy poco útil para combatir la morosidad en la realidad empresarial.

La explicación del fracaso de la LLCM es la falta de un régimen de infracciones y de sanciones, debida a la inexistencia de un interés político en implementar los preceptos instaurados por esta Ley ya que como dijo el ilustre jurista Karl Binding: “una ley sin pena es una campana sin badajo”. Al propio tiempo lo que ha sucedido con la Ley 3/2004 me recuerda a una genial frase del insigne jurista Federico de Castro y Bravo, quien expresó en una ocasión la siguiente máxima: “En España, la abundancia de leyes se mitiga con su incumplimiento”.

Otro de los condicionantes es que nuestro derecho procesal no ofrece un cauce especial que garantice satisfactoriamente la tutela del derecho de crédito dinerario surgido por operaciones comerciales entre empresas, puesto que los procedimientos especiales, pensados para la tutela específica que ofrece la Ley de Enjuiciamiento Civil, en particular el proceso monitorio, no ofrecen los resultados que pretenden los acreedores. Prueba de ello es que en el año 2002 el 20,40% de los monitorios terminaban con el pago del deudor y el 44,20% con la ejecución forzosa de los bienes del moroso por transcurso del plazo fijado sin que el deudor hubiera formulado oposición al requerimiento de pago.

Por lo cual, en el año 2002 el 64,60% de los monitorios facilitaba a los acreedores la posibilidad de recobrar total o parcialmente sus créditos. En cambio, en el 2018 el porcentaje de monitorios que acabaron con el pago directo por parte del deudor se ha reducido al 7,40% y el porcentaje de peticiones iniciales que terminaron con la ejecución forzosa de los bienes del moroso ha disminuido al 38,50. De modo que, en 2018 solo el 45,90% de los monitorios ha facilitado a los acreedores la posibilidad de recuperar sus créditos.

Además, el porcentaje de monitorios terminados por inadmisión o, por otras formas, se ha duplicado en el 2018 respecto al porcentaje de 2002, ya que en el año 2002 era de solo el 22% y en 2018 ha alcanzado el 45,70%. Este dato nos lleva a la conclusión que casi la mitad de los monitorios no facilita a los acreedores la posibilidad de recuperar sus créditos impagados.

En cambio, en los países anglosajones son muy severos respecto al deudor moroso. En apoyo a esta afirmación, podemos decir que en inglés norteamericano al moroso se le llama “delinquent”. La etimología de esta palabra viene directamente de la voz latina “delinquens” (en latín significa que comete delito). Además, a la morosidad en los pagos en inglés estadounidense se la denomina “payment delinquency”; lo que en español quiere decir algo así como delincuencia en los pagos; o sea, que en el inglés hablado en los Estados Unidos de América al deudor moroso ya se le criminaliza con su propia denominación.

 

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La recuperación de deudas generalmente se enfoca como un acto de confrontación con el moroso. Muchas empresas dedicadas al recobro de impagados utilizan métodos basados en el acoso e intimidación al moroso. Un buen número de agencias de recobro impagados utilizan técnicas coactivas y de acoso que han sido prohibidas con la reforma del Código Penal de 2015. También hay empresas de recobro impagados que vulneran los Derechos Fundamentales de los deudores e infringen la LOPD.

Asimismo, la mayoría de las empresas dedicadas al recobro de impagados emplean un tratamiento masificado e indiscriminado de los expedientes. La forma de trabajar es impersonal y gestionan a distancia los impagados, contactando con los deudores únicamente a través de cartas, SMS, Whatsapp, emails o por vía telefónica.

En cambio, no se realizan gestiones personales y personalizadas con los deudores para negociar un acuerdo de pagos.

Nuestra consultora ofrece un servicio de recobro impagados extrajudicial basado en la negociación directa con el deudor; a lo largo de las negociaciones, el gestor de recobro de impagados llega a un acuerdo de pagos adaptado a la situación financiera del moroso. El estudio previo de la situación económico financiera del deudor y la personalización de las gestiones de recobro de impagados son la clave del éxito.

 

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Autor: Pere Brachfield
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