Algunos casos de cobradores de morosos que parecen astracanadas "made in Spain"

Un suceso digno de la ficción más disparatada saltó a los medios de información en julio de 2005. Esta astracanada recibió el titular de: "La fuga del cobrador de morosos".

Los hechos tuvieron lugar en Sevilla, cuando el cobrador acusado recibió el encargo de reclamar una deuda de 1.800 euros a una sociedad industrial. Para llevar a cabo la función que le habían encomendado, el individuo comenzó a llamar a la empresa para reclamar al propietario el pago de la deuda. En ocasiones, el imputado hablaba con la secretaria del dueño, a la que llegó a comentar que preparara los ordenadores en cajas porque iba a pasar a recogerlos como pago de la deuda. Como el deudor continuaba sin hacer el pago de las cantidades adeudadas, el procesado empezó a telefonear al domicilio particular del empresario, a altas horas de la madrugada, y en una ocasión se presentó en la vivienda y le dijo a la esposa que era policía y dueño de la empresa dedicada al cobro de morosos. Tras emplear en principio un tono amable, el acusado llegó a proferir insultos y frases con la intención de atemorizarla, intimidando a la mujer con hacer daño a sus hijos, a los que le podía pasar "cualquier cosa". También le dijo que cobraría la deuda "aunque fuera en carne" y que no dudaría en agredirla sexualmente. Estas amenazas provocaron la intranquilidad y la ansiedad en la mujer, hasta el punto de que tenía miedo a caminar por la calle por si aparecía el acusado.

La familia presentó una primera denuncia por estos hechos y, un mes después, el cobrador volvió a presentarse en el domicilio familiar. En la visita el cobrador de deudas afirmó lo siguiente: "Ya sabes a lo que vengo; hay tres formas para cobrar y ya he agotado una". El individuo conocía en ese momento que la familia le había denunciado, pero no le daba la mayor importancia. El alboroto que provocó el acusado fue tal que varios vecinos salieron de sus viviendas, lo que puso en fuga al individuo.

La denuncia de la familia motivó el inicio de un proceso penal contra el acusado, a quien la Fiscalía pidió en febrero de 2001 dos años de cárcel y el pago de una indemnización de 3.000 euros a la familia, como presunto autor de un delito de amenazas condicionales.

El cobrador de morosos iba a ser juzgado por un jurado popular, compuesto por nueve ciudadanos, pero antes de que se iniciara la vista oral el procesado se quitó de en medio. La juez acordó en 2002 la prisión provisional del procesado, eludible bajo fianza de 2.000 euros, pero el imputado no pudo ser localizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A continuación se declaró la situación de rebeldía, paralizando el procedimiento hasta su localización. Mientras tanto, se procedió al archivo provisional del procedimiento.

El reo fue buscado por todo el territorio nacional y al no ser hallado se pensó incluso que podía estar en el extranjero. La Audiencia de Sevilla ha dictado ahora un auto porque considera que el delito de amenazas que se le imputaba ha prescrito, de acuerdo con el artículo 130.6 del Código Penal. Las amenazas que se atribuían al encausado, al tratarse de un delito menos grave, prescriben a los tres años desde que la causa se hubiera paralizado y este tiempo ha transcurrido ya en el caso de José Ángel González, por lo que los jueces han dado por "extinguida" la acción penal contra él. La decisión de la Audiencia significa que se deja sin efecto la declaración de rebeldía y las órdenes de busca y captura. Es decir, el encausado ya puede regresar al país porque no va a ser enjuiciado: el cobrador de morosos imputado no va a saldar su deuda con la ley. La familia todavía puede ejercer acciones civiles, pero tampoco parece probable que cinco años después de los hechos vaya a actuar contra un individuo que todavía sigue en paradero desconocido.