¿Se puede registrar a personas sobre las que ha recaído una sentencia judicial en los ficheros de morosidad?
Pere Brachfield29 ENE 2014 · 1 MIN
En este artículo vamos a conocer la legislación que regula la protección de datos de los ciudadanos en los registros de solvencia patrimonial y los ficheros comunes de morosidad, en concreto cuando se refiere a personas sobre las que ha recaído una sentencia judicial.
En cuanto a la posibilidad de realizar un registro privado de personas sobre las que ha recaído una sentencia condenatoria en un juicio por reclamación de cantidad, la resolución de la AEPD es que en el artículo 3 j. de la Ley Orgánica, cuyo inciso segundo establece, de forma taxativa y terminante que "tienen la consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo".
Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, los Diarios y Boletines oficiales y los medios de comunicación. Según el informe 0237/2009 del Gabinete Jurídico de la AEPD la simple lectura del tenor literal del precepto indica que
las resoluciones judiciales no pueden ser consideradas como fuente accesible al público
sin perjuicio del principio de publicidad contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero sólo son fuentes de acceso público las enumeradas, entre las que no se encuentran las resoluciones judiciales.
En consecuencia, el tratamiento de los datos contenidos en las sentencias condenatorias firmes resulta contrario a las previsiones contenidas en la LOPD, al quedar éste limitado a las Administraciones Públicas, en el ejercicio de las atribuciones que les son conferidas por la Ley, sin que quepa amparar su tratamiento por partes ajenas al proceso en normas cuyo fundamento es precisamente salvaguardar los derechos procesales de quienes son parte en el propio proceso.
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