¿Qué organismo protege los derechos de los ciudadanos inscritos en los registros de morosos?
Pere Brachfield22 NOV 2013 · 2 MIN
La tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos ha sido delegada a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La AEPD es el Ente Público encargado de velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales.
Consecuentemente la AEPD es un Ente de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones. La AEPD es el organismo que impone, en su caso, las sanciones correspondientes a los responsables del fichero, que en teoría pueden llegar a los 600.000 euros.
Su actividad inspectora como las sanciones que impone no depende del refrendo de ninguna institución. Sus inspectores y su director tienen libertad de actuación dentro del marco de la LOPD y demás legislación concerniente a la protección de datos personales.
La finalidad principal de la AEPD es velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, oposición, rectificación y cancelación de datos.
Para el cumplimiento de esta misión la Agencia está realizando campañas de divulgación e información a los ciudadanos para que puedan proceder así a la mejor defensa de sus derechos
Como botón de muestra, en el año 2012 la AEPD impuso sanciones por la inclusión irregular en registros de morosidad por valor de 10 millones de euros y algunas sanciones fueron de hasta 400.000 euros. Además el Tribunal Supremo ha reconocido a través de su doctrina jurisprudencial el daño moral indemnizable que supone al perjudicado figurar en un fichero de moroso de forma ilícita y los afectados tienen derecho a reclamar una indemnización.
No obstante hay que hacer notar que la Agencia Española de Protección de Datos no es el Órgano encargado de decidir, a priori, si la deuda es cierta, vencida y exigible, circunstancia que debe ser dirimida frente a los Tribunales Arbitrales existentes al efecto o frente a los tribunales de la justicia ordinaria.
Pere Brachfield, presidente de APGRI, Asociación de Profesionales en la Gestión del Riesgo
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