Qué debe hacer el acreedor para registrar a un deudor en un registro de morosidad

La inclusión de un deudor en un registro de morosidad de conocimiento compartido no está exenta del principio de protección jurídica para la persona cuya información de mora se publicita (o sea el moroso), por lo que los datos del impago deberán de ser comunicados al presunto deudor, quien tendrá derecho a defenderse de un posible error en esos datos. 

El protocolo para incluir a un deudor en un registro de morosidad según el Reglamento de Protección de Datos

El RLOPD promulgado en el  Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dicta la responsabilidad en el tratamiento de datos.  El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en la legislación y en particular los siguientes:

  •  la existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada
  • que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico
  • que se haya realizado requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación
  • El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento de pago, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias

Asimismo el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Requisitos que debe cumplir el acreedor para incluir a un deudor en un registro de morosidad

Para poder inscribir a un deudor que no quiere o no puede liquidar su deuda en un registro de morosos, el acreedor y el responsable del registro de morosidad están obligados a cumplir ciertos requisitos antes de registrar la incidencia de cobro en un fichero de morosidad o consultar la información en un registro de solvencia patrimonial.

 Vamos a ver a continuación cuáles son estos requisitos:

 Primero

En primer lugar sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos:

  • Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada.
  • Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.
  • Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación.
  • Esperar 3 meses desde que se produce el impago para dar la oportunidad al deudor de pagarlo antes de comunicar la incidencia de cobro al Fichero de Morosidad

Consecuentemente infringe la normativa sobre protección de datos (arts. 4 y 29.4 LOPD, art. 38.1,a RD 1720/2007 y Norma 1 Instrucción 1/1995) el acreedor que cede datos del cliente y presunto moroso para su inclusión en un registro de morosidad, cuando la reclamación de pago es infundada por no haber cumplido el propio acreedor sus obligaciones contractuales.

Por ejemplo  cuando el usuario de telefonía ha comunicado al operador su decisión de causar baja en un servicio. Se impone al responsable del tratamiento de datos, o sea al acreedor cedente de datos, un especial deber de diligencia al comprobar la exactitud y veracidad de los datos que pretende ceder. Incurre en infracción por vulneración del principio de calidad de los datos (art. 4.3 LOPD) el acreedor que facilita datos de abonados para su inclusión en un fichero sobre solvencia patrimonial y crédito sin haber comprobado previamente la existencia real de la deuda (ej. inclusión en registro por falta de pago de servicios facturados tras la solicitud de baja no tramitada o por el impago de facturas anuladas por servicios no prestados).

 Las dudas acerca de la existencia de la deuda en teoría impiden la incorporación de los datos al registro de morosos. Sin embargo, tras la anulación parcial por disconforme a derecho del artículo 38.1-a del RD 1720/2007, por Sentencia de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la sola presentación de una reclamación judicial, arbitral o administrativa no impide la inclusión en el registro de morosos pero sí genera una duda razonable acerca de la certeza de la deuda y en su caso, justificará el ejercicio del derecho a la cancelación de los datos. 

Antes de la anulación de dicho artículo y desde la entrada en vigor del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, (RLOPD) cualquier persona que fuera incluida en un registro de morosidad podía iniciar un procedimiento administrativo en el caso de servicios financieros o un procedimiento arbitral en las oficinas de consumo y se remitía a la entidad, lo cual suponía la salida del fichero.

Sin embargo el registro de solvencia patrimonial ASNEF EQUIFAX consideró que ese redactado dejaba en manos del afectado el poder convertir unilateralmente en controvertida una deuda que no lo es. A su juicio, esto iba en contra del principio de calidad del dato. En el Fundamento de Derecho decimocuarto del recurso 23/2008 y en el Fundamento de Derecho cuarto del recurso 26/2008, el Tribunal Supremo resolvió por sentencia que el artículo presenta una defectuosa redacción del precepto reglamentario por  falta de concreción en su texto no solo de aquellos procedimientos que justifican la no inclusión en los ficheros de las deudas a que aquellos se refieren, sino también porque esa vaguedad permite considerar que incluso cuando la reclamación se formule por el acreedor exista la imposibilidad de inclusión de los datos en el fichero.

Asimismo el Tribunal Supremo añadió que difícilmente puede entenderse que unos datos no son exactos y no se encuentran actualizados como consecuencia de una reclamación de cualquier naturaleza en instancias judiciales, arbitrales, administrativas o ante los Comisionados.

La Sentencia de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo también ha invalidado el  Artículo 38.2. del RD 1720/2007 (RLOPD) referente a  los requisitos para la inclusión de los datos en un registro de morosidad. Esta Sentencia del TS ha anulado el siguiente apartado:

“No podrán incluirse en los ficheros de esta naturaleza datos personales sobre los que exista un principio de prueba que de forma indiciaria contradiga alguno de los requisitos anteriores. Tal circunstancia determinará asimismo la cancelación cautelar del dato personal desfavorable en los supuestos en que ya se hubiera efectuado su inclusión en el fichero”.

El Tribunal Supremo al anular esta parte del RLOPD otorga la razón a los que presentaron recurso contra el artículo 38 basándose en el fundamento de derecho que si bien la prueba indiciaria es una prueba admitida en derecho, no es equiparable a la prueba de presunciones y que el artículo en cuestión tenía una redacción que no permitía concretar qué principio de prueba exige, o sea documental, pericia o testifical, junto a la dificultad de apreciación del grado exigible de la prueba indiciaria, lo que originaba una inseguridad jurídica que debía corregirse por el Tribunal.

No obstante, todo ello no impide que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancione a aquellos acreedores que conociendo la presentación de una demanda judicial no hayan accedido a la inmediata cancelación de los datos incluidos en un registro de morosos o por el contrario, la AEPD haya archivado las actuaciones iniciadas en un procedimiento sancionador en aquellos casos en los que no se ha podido probar que se había notificado al acreedor la demanda o el inicio del procedimiento administrativo ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información SETSI.

Igualmente el acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo y del requerimiento previo de pago de la deuda.

Segundo

 

En segundo lugar el acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra c del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias.

Tercero

En tercer lugar el responsable del fichero común deberá notificar a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos, informándole asimismo de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el art. 40 del RD 1720/2007 (RLOPD).

Se efectuará una notificación por cada deuda concreta y determinada con independencia de que ésta se tenga con el mismo o con distintos acreedores. La notificación deberá efectuarse a través de un medio fiable, auditable e independiente de la entidad notificante, que la permita acreditar la efectiva realización de los envíos.

En todo caso, será necesario que el responsable del fichero pueda conocer si la notificación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo caso no podrá proceder al tratamiento de los datos referidos a ese interesado. No se entenderán suficientes para que no se pueda proceder al tratamiento de los datos referidos a un interesado las devoluciones en las que el destinatario haya rehusado recibir el envío. Si la notificación de inclusión fuera devuelta, el responsable del fichero común comprobará con la entidad acreedora que la dirección utilizada para efectuar esta notificación se corresponde con la contractualmente pactada con el cliente a efectos de comunicaciones y no procederá al tratamiento de los datos si la mencionada entidad no confirma la exactitud de este dato.

 Respecto a esta notificación por parte del responsable del registro hay que tener en cuenta que ha sido anulado, por disconforme a derecho, por Sentencia de 15 de julio de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el art. 18 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que obligaba a que dicha comunicación al deudor debía llevarse a cabo a través de un medio que permita acreditar su cumplimiento, debiendo conservarse mientras persista el tratamiento de los datos del afectado. La sentencia del TS se basa en que el  artículo 5 de la LOPD consagra la libertad de forma en la recogida del consentimiento (escrita, verbal, telemática, etc.).

Vale la pena recordar que incurre en infracción por vulneración del principio de calidad de los datos (art. 4.3 LOPD) el operador que facilita datos de abonados para su inclusión en un fichero sobre solvencia patrimonial y crédito sin haber realizado el correspondiente requerimiento de pago.

Cuarto

En cuarto lugar respecto a la conservación de los datos, el Reglamento establece que sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con veracidad a la situación de la deuda en cada momento concreto.

El pago o cumplimiento de la deuda determinará la cancelación inmediata de todo dato relativo a la misma. En los restantes supuestos, los datos deberán ser cancelados cuando se hubieran cumplido seis años contados a partir del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.

 Una vez que haya sido saldada la deuda o comprobada la inexactitud de los datos, se han de cancelar conforme al procedimiento previsto en el artículo 44 del RLOPD.

Quinto

En quinto lugar referente al acceso a la información contenida en el fichero tenemos que los datos contenidos en el fichero común sólo podrán ser consultados por terceros cuando precisen enjuiciar la solvencia económica del afectado. En particular, se considerará que concurre dicha circunstancia en los siguientes supuestos:

a.         Que el afectado mantenga con el tercero algún tipo de relación contractual que aún no se encuentre vencida.

b.         Que el afectado pretenda celebrar con el tercero un contrato que implique el pago aplazado del precio.

c.         Que el afectado pretenda contratar con el tercero la prestación de un servicio de facturación periódica.

 Los terceros deberán informar por escrito a las personas en las que concurran los supuestos contemplados en las letras b y c precedentes de su derecho a consultar el fichero.

En los supuestos de contratación telefónica de los productos o servicios a los que se refiere el párrafo anterior, la información podrá realizarse de forma no escrita, correspondiendo al tercero la prueba del cumplimiento del deber de informar.

 

3 comentarios en “Qué debe hacer el acreedor para registrar a un deudor en un registro de morosidad”

  1. Hola Pere.

    Sóc un advocat especialitzat en arrendaments i propietat horitzontal. En el meu bloc abogadoarrendamientos.wordpress.com he escrit articles sobre morositat i esbrinament de solvència de llogaters. He llegit aquest article i l´he aprofitat per escriure´n un sobre els articles 38 i 39 RLOPD i aconsellar la inclusió d´una clàusula ala contractes de lloguer. Naturalment, et cito i hi afegeixo un enllaç a la teva web i a lárticle del bloc.
    Gràcies i bones vacances.

  2. Jo soy un autónomo y tengo a una clienta que me debe 2.571’94 euros de pintar dos apartamentos y es una particúlar y quisiera reguistrar-la como morosa como puedo hacer-lo y donde debó hacer-lo.

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