Realización arbitraria del propio derecho en el recobro

En España muchos acreedores tienen la creencia errónea de que existen el derecho a recuperar a la brava las cosas vendidas al deudor cuando éste no las paga. Esta conducta es un delito denominado “Realización arbitraria del propio derecho” tipificado en el Código Penal.

Esta modalidad delictiva la comete el titular de un crédito lícito, vencido y exigible que para cobrar la deuda actúe fuera de las vías legales, empleando violencia, intimidación o fuerza en las cosas. El delito se agrava si el autor para ejercer la intimidación o la violencia hace uso de armas u objetos peligrosos (verbigracia un bate de béisbol de aluminio).

En el Código Penal tal conducta está tipificado como delito de “Realización arbitraria del propio derecho” dentro del título “Delitos contra la administración de justicia”.

Nuestro Derecho no permite bajo ninguna circunstancia que el acreedor –por muy legítimo que sea su crédito– pueda tomarse la justicia por la mano.

En Código Penal en su Título XX, “Delitos contra la administración de justicia” tipifica en el Capítulo IV, “De la realización arbitraria del propio derecho” con un solo artículo, el delito de ejercer el derecho de crédito fuera de los cauces legales utilizando violencia, intimidación o fuerza en las cosas.
La tipificación penal se encuentra bajo la rúbrica de “Delitos contra la administración de justicia” tenemos el artículo 455 dicta:

  • “1. El que, para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses.
  • 2. Se impondrá la pena superior en grado si para la intimidación o violencia se hiciera uso de armas u objetos peligrosos”.

Además el bien jurídico protegido en este artículo es de la Administración de Justicia que ampara el derecho del deudor a que se utilicen las vías legales para hacerle las reclamaciones de pago. Así pues es totalmente ilícito que el acreedor pueda apropiarse, por su propia autoridad del dinero o de las propiedades del moroso o recuperar por la fuerza los objetos o artículos vendidos y no cobrados. También comete delito e la realización arbitraria del propio derecho el acreedor que ejercita violencia contra el moroso para obtener un cheque al portador. El motivo es que jurídicamente, el acreedor no tiene potestad sobre lo que pertenece al deudor por muy moroso que éste sea. La ley prohíbe que el acreedor –por muy justificado que esté el impago del crédito y probada la contumacia del moroso– no puede tomarse la justicia por la mano apoderándose de una cantidad de dinero o un bien del deudor de forma violenta, puesto que incurriría en la comisión de un delito. Asimismo se comete el delito de Realización arbitraria del propio derecho cuando el acreedor se apropia de una cosa que ya no está en poder del deudor, sino en manos de un tercero. Además la jurisprudencia ha fijado que si el acreedor actúa fuera de las vías legales, el hecho delictivo se consuma por el mero empleo de violencia, intimidación o fuerza en las cosas, por tanto aunque el autor no haya conseguido el propósito que perseguía, el delito se entiende ya consumado.

La jurisprudencia ha determinado que el crédito ha de ser real, lícito, vencido y exigible cuando el deudor incurre en mora, puesto que si la deuda no fuera exigible en el momento de realizar la acción, el autor comete un robo. Además la jurisprudencia ha establecido que el cobro de la deuda necesita de un requerimiento directo y personal al presunto deudor.

La ley no admite nunca el estado de necesidad para eximir al acreedor de su responsabilidad penal, puesto que en caso de peligro inminente de frustración de su derecho de cobro (alzamiento de bienes, enajenación de activos), el titular del crédito debe acudir a los tribunales y requerir las medidas cautelares oportunas como pueden ser embargo preventivo o depósito judicial del bien mueble, pero nunca está justificado realizar su derecho directamente por vía extrajudicial, con violencia, intimidación o fuerza en las cosas.

Las penas fijadas por el Código Penal cuando un acreedor para realizar un derecho propio (recuperar el dinero que legítimamente le deben), actúe fuera de las vías legales, empleando violencia, intimidación o fuerza en las cosas, –por ejemplo apoderándose de una cosa perteneciente al moroso– será castigado con la pena de multa de seis a doce meses. Si el acreedor, para apoderarse del bien y hacerse pago con dicha cosa, utiliza un arma de fuego o un objeto peligroso e intimida al deudor, el juez le impondrá la pena superior en grado.

La idea central es que la inexistencia de un ánimo de lucro y la existencia de un crédito cierto y legítimo marcan la diferencia de este delito con el de robo o con el de extorsión, que están castigados con penas muy superiores. En los casos de error sobre la existencia del derecho de crédito (el acreedor piensa equivocadamente que tiene derecho a cobrar una cantidad) el delito cometido sería un robo. En los caso que el objeto sustraído sea de valor superior a la deuda contraída y el acreedor sea consciente de ello, la justicia lo consideraría un delito de robo respecto al importe excedido.

Hay que hacer notar que el artículo 455 es una norma especial que se distingue de las amenazas, coacciones, extorsiones y robo. Todos los delitos que puedan tener características similares a este artículo pero que no encajen en el mismo, si hay ánimo de lucro deberán ser tratados como delitos contra la propiedad, contra la libertad, o contra el patrimonio. Asimismo en la comisión del delito de la realización arbitraria del propio derecho, es frecuente que exista el concurso con las lesiones.

Pere Brachfield, director de estudios de la PMCM y profesor de EAE Business School