Los cobradores de morosos que utilizan métodos claramente delictivos para cobrar

Existen ciertas “agencias de recobro” que emplean métodos sumamente agresivos e incluso delictivos para presionar al moroso para que pague sus deudas. En ciertos casos los “cobradores de deudas” han formado organizaciones criminales para conseguir sus objetivos utilizando auténticos “sicarios cobradores”.

Las fuerzas de seguridad han actuado con eficacia y detenido a los integrantes de estas bandas de delincuentes. El caso más sonado tuvo lugar en diciembre de 2001 cuando la Guardia Civil desarticuló una red de cobro a morosos mediante la extorsión y la utilización de matones. La noticia que saltó a todos los medios de comunicación se refería a la denominada “operación Pilatos” llevada a cabo por la Guardia Civil y que permitió desarticular una banda de matones que bajo la cobertura aparentemente legal de varias empresas se dedicaban al cobro a morosos utilizando los siguientes métodos: palizas, amenazas de muerte, coacciones, agresiones y secuestro de propiedades.

El entramado de diversas empresas que se dedicaban a esta actividad operaba principalmente en Andalucía, Extremadura y Madrid, y en sólo un año se había embolsado 2.404.048 euros de los seis millones de euros de deudas que gestionaban, ejerciendo coacciones contra unos 500 morosos.

La red de empresas demostró una gran eficacia recaudadora ya que trabajaba a comisión, quedándose con el 50 por ciento del total de los importes recuperados. El entramado de empresas contaba con una plantilla de sólo 21 personas repartidas entre Sevilla, Madrid y Cáceres. Además la Guardia Civil intervino un total de 9.000 expedientes de empresas y particulares morosos con numerosos datos fiscales y económicos, que próximamente iban a ser objetivos de la banda de extorsionadores.

La Guardia Civil intervino a raíz de la denuncia de una de las víctimas de la red, un moroso vecino del pueblo cacereño de Albalá que fue objeto de palizas y amenazas de muerte por parte de unos “sicarios cobradores” de la empresa extorsionadora que pretendía cobrarle una supuesta deuda de unos 18.000 euros. Los dos sicarios cobradores interceptaron a su víctima en las puertas de un bar de la localidad, lo agarraron por el cuello, le golpearon en el vientre y le obligaron por la fuerza a entregarles las llaves de su coche y a firmar una letra de cambio de 18.000 euros.

Los esbirros cobradores se apoderaron de su documentación personal y de su vehículo, indicándole que les serían devueltos una vez saldada la deuda.

 

A partir de esta denuncia la Benemérita puso en marcha la “operación Pilatos” con el objeto de desmantelar la banda y detener a todos los miembros. La peligrosidad de este grupo organizado quedó demostrada ante los métodos ilícitos que utilizaban los extorsionadores y que claramente imitaban los métodos mafiosos más clásicos. Muchas de las víctimas de la organización necesitaron hospitalización tras recibir palizas y al menos uno de los morosos acosados por la banda se suicidó al no poder soportar las presiones continuadas.

La Guardia Civil explicó a los medios de comunicación que esta operación permitirá que los detenidos sean juzgados por delitos, y no por faltas como ocurre en muchos casos similares, ya que se trata de sucesos aislados. Asimismo el Instituto Armado informó que otras veces la capacidad para condenar era especialmente complicada, debido a que sus presuntos autores elegían un contexto adecuado para actuar impunemente y en otras la supuesta víctima no acudía al juicio oral o simplemente retiraba la denuncia; tales circunstancias han venido dando a este tipo de empresas de cierto grado de impunidad. La Benemérita también reveló que en algunas ocasiones, sus propios clientes llegaron a denunciar a estas empresas por apropiación indebida.

Los nueve imputados en el caso de La Sombra del Moroso por el empleo de métodos ilícitos en el cobro de deudas, como coacciones, amenazas, extorsión e incluso agresiones, fueron condenados por estos delitos a penas de prisión en octubre de 2007.

Las condenas a los jefes que daban las órdenes de cobrar las deudas y que eran responsables de las sociedades bajo las que operaba “La Sombra del Moroso”, fueron condenados a dos años de prisión y una multa de unos 1.100 euros cada uno por asociación ilícita. El fiscal pedía inicialmente por este delito tres años de prisión, además solicitó otros dos años de cárcel por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos por robar correspondencia dirigida a las personas que tenían que cobrar impagados. La acusación por este último delito se retiró al no haber denuncia de ninguno de los perjudicados.

A los ejecutores de las órdenes y los que ponían en práctica las amenazas y coacciones para cobrar el dinero siguiendo un “manual de trabajo” previamente establecido, se les impuso un año y medio de prisión por un delito de extorsión.

 

 

El fiscal había solicitado una condena de tres años. Además, uno de los procesados fue condenado a una multa de 180 euros por una falta de maltrato. No obstante los condenados no ingresaron en prisión después de que sus abogados y el fiscal llegaran a un acuerdo para imponerles la pena mínima por los delitos que se les atribuían. Esto supuso, al no tener los procesados antecedentes penales y ser las penas de dos años o menos, que ninguno cumpliría condena en la cárcel. Además la Audiencia de Cáceres ordenó que desapareciera legalmente la organización conocida como “La Sombra del Moroso” y la disolución de las cuatro sociedades que la formaban.

Las sociedades que desaparecieron por orden judicial del registro mercantil fueron: Asociación y Cobro de Morosos SL (ASECOM), Europea de Finanzas y Cobros SL, Eurofinanzas del Mediterráneo SL y Peninsular de Cobros SL.

La desarticulación de esta banda nos debe hacer reflexionar sobre una serie de puntos.

  • El primero es que todas las empresas de la red eran sociedades de responsabilidad limitada que estaban registradas y cumplían con los requisitos necesarios (que son muy pocos) para poder actuar bajo la cobertura legal de empresas legales de recuperación de impagados.
  • La segunda es que esta red de extorsionadores pretendía realizar una actividad legal pero empleando métodos ilícitos por no decir mafiosos.
  • La tercera es que el pecado original es que en el Estado Español para abrir una empresa de recobro de morosos no es necesario ningún requisito especial, simplemente darse de alta fiscal como empresa o profesional.

Esta laguna legal permite que cualquier matón pueda montar una empresa supuestamente legal contratando a una banda de gorilas para hacer el trabajo sucio. Y que nadie piense que son los morosos las únicas víctimas de este tipo de empresas, puesto que muchas veces son los propios clientes –los acreedores legítimos– los que se ven perjudicados, puesto que en muchas ocasiones la agencia ilegal recupera la deuda pero no la liquida inmediatamente al cliente que contrató sus servicios.

El modus operandi es cobrar mediante coacciones al moroso, no informar al acreedor y apropiarse del dinero.

Y al cabo de cierto tiempo cerrar la empresa y desaparecer con las cuantías recaudadas a decenas de clientes, volviendo a iniciar el ciclo en otra dirección y con otro nombre. Esta situación no se puede dar en la mayoría de los otros estados de la Unión Europea, puesto que en prácticamente todos ellos las empresas de recobro han de cumplir una serie de requisitos legales y obtener los permisos de las autoridades.

Un caso de extrema violencia que saltó a las páginas de sucesos en enero de 1997 fue el de una empresa de cobro de morosos que tenía en su nómina a matones profesionales para coaccionar a los deudores. El fiscal de la Audiencia Nacional pidió en el juicio un total de 106 años de cárcel para cuatro integrantes de una banda de matones dedicada al cobro de deudas que llegó a simular el fusilamiento de sus víctimas. Para los acusados de crear la organización y que contrataron a los sicarios, la fiscalía solicitó 24 años de cárcel. El fiscal reveló que la banda llevó a cabo varias acciones violentas que les habían conducido a las acusaciones de los delitos de detención ilegal, amenazas y lesiones. El fiscal explicó que un industrial del sector de los electrodomésticos de Andorra se puso en contacto con la organización criminal y les entregó documentación de que un empresario madrileño le debía casi cinco millones de pesetas. Los procesados se quedaron con los documentos y exigieron al acreedor la suma 150.000 pesetas para afrontar los primeros gastos de su trabajo. Unos días después la banda abordó al empresario moroso en una cafetería de Madrid. Los cobradores le dijeron que venían a cobrar la deuda por las buenas o por las malas, pero su víctima cifró el débito en una cantidad muy inferior a la reclamada. Tras una conversación plagada de amenazas contra él y contra su familia, los procesados le quitaron las llaves de su coche, le taparon los ojos con unos esparadrapos y le trasladaron a las afueras de Madrid, mientras le colocaban un objeto en el lado derecho simulando ser una pistola. Tras las amenazas, el industrial accedió a sus pretensiones y les entregó varios talones millonarios.

En abril de 2006 también apareció una noticia en la prensa de que efectivos de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Cantabria detuvieron el miércoles a los ciudadanos rumanos B.A.T., de 27 años, y a C.N., de 25 años, en situación regular en España, como presuntos autores de un delito de extorsión y amenazas a un empresario al que reclamaban el pago de una deuda. Según informó la policía, el empresario denunció que, días antes, los cobradores le llamaron por teléfono desde una empresa dedicada al cobro de morosos nombrándole a su familia y exigiéndole todo el dinero. Posteriormente dos individuos se presentaron en su oficina y le dijeron que venían a cobrarlo todo y si no pagaba, el deudor y su familia sufrirían las consecuencias. Entonces, bajo las coacciones ejercidas, el empresario les entregó 5.000 euros, que era parte de lo adeudado, y el cobrador le firmó un recibo. Después, la víctima pidió a un empleado que estaba presente que avisara al 091, y cuando se personó la Policía, identificó a los dos cobradores, que después abandonaron el lugar. La Brigada de Policía Judicial continuó con la investigación de la denuncia, tomó declaración a testigos y detuvo a los dos esbirros, acusados de un delito de extorsión. Los detenidos declararon que se dedican a cobrar deudas por cuenta de una agencia de recuperación de impagados, que estuvieron en la oficina y recibieron el dinero, pero negaron que hubiera amenazas ni telefónicas ni en persona. No obstante uno de los imputados ya tenía antecedentes penales por malos tratos y un control especifico por un juzgado de Burgos.

Otro caso digno de mención por la violencia y crueldad (presuntamente) empleadas por los sicarios cobradores tuvo lugar en octubre de 2012 cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron en Jaén a cuatro hombres, trabajadores de una empresa de cobro de morosos, como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio, lesiones y detención ilegal, toda vez que produjeron heridas a un varón que debía unos 700 euros a una empresa de Jaén y también supuestamente agredieron a la nieta del deudor, que tenía tan solo seis años de edad.

En un comunicado, la Policía informó de que los detenidos presuntamente introdujeron al hombre en un vehículo agrediéndole brutalmente, no sin antes amenazar, insultar, agredir y vejar a la familia en su domicilio. Los cobradores de la empresa de morosos supuestamente exigieron a la víctima el pago de dicha deuda y, prevaleciéndose de su superioridad numérica, utilizaron la violencia contra la víctima con el fin de conseguir su objetivo. Para la ejecución de su plan, no dudaron en agredir a la nieta de la víctima de tan solo seis años, que acudió valientemente en auxilio de su abuelo y que tuvo que ser asistida en el Hospital de Linares de diferentes lesiones. Luego, cuando los cuatro presuntos agresores se daban a la fuga en un coche, la víctima les siguió y éstos, al ver que no podían deshacerse de ella, la introdujeron en el vehículo continuando con la agresión, para después arrojar al agredido desde el interior del vehículo a la calzada. No obstante con esto no finalizaron su acción ilícita, ya que, presuntamente, el conductor del automóvil detuvo el mismo y se dirigió de nuevo a la víctima, que yacía indefensa y malherida, para comenzar de nuevo, de manera violenta, agresiva y desproporcionada a agredirle con patadas y puñetazos por todo el cuerpo. De este modo, los funcionarios de la Brigada Local de Policía Local de Linares identificaron a una empresa de cobro de morosos de Jaén en la cual los detenidos trabajaban para la misma. Una vez identificados los autores del presunto delito, los agentes de la UDEV de Jaén procedieron a su detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

Finalmente otro caso de agencias de recobro que utilizan métodos contundentes tuvo lugar en Cataluña a comienzos de 2012. La Policía Nacional detuvo a cuatro cobradores de una empresa de gestión de cobros acusados de –presuntamente– secuestrar durante varias horas, agredir y extorsionar a un moroso y también arrestó a los dos empresarios acreedores que habían contratado sus servicios de recuperación de impagos. La empresa de cobranza tiene como denominación social Kpital Group, con ámbito de actuación en toda España y en su web tenía un lema que decía “la pela es la pela”. Además en su publicidad añadía que “confiar en Kpital Group era asegurarse, ante todo, seriedad”. Esta agencia de cobros había sido contratada por los acreedores a los que el deudor le debía unos 40 mil euros. Los presuntos hechos delictivos ocurrieron cuando los responsables de la empresa de gestión de cobros Kpital citaron en su despacho del céntrico Passeig de Gràcia de Barcelona a uno de los copropietarios de una empresa de aluminio de la localidad barcelonesa de Mollet del Vallès, para tratar sobre la deuda de 40.000 euros que había contraído con unos empresarios de Sant Quirze del Vallès. Una vez que el moroso llegó al despacho, supuestamente los cuatro detenidos le secuestraron unas horas, le agredieron y le obligaron a llamar a sus dos hermanos y socios para que permitieran que los dos empresarios acreedores fueran a la sede de su empresa a recuperar material metalúrgico para saldar la deuda. Presuntamente, pocos días después de estos hechos, los propietarios de la agencia de cobros Kpital se dirigieron de nuevo al empresario moroso y le exigieron que les pagara 6.000 euros, extorsionándole con que sabían dónde vivía y amenazándole con hacer daño a su familia. Los cuatro cobradores de deudas, que quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial, fueron acusados de los delitos de secuestro, extorsión, lesiones, asociación ilícita y amenazas, mientras que los dos empresarios, que también están en libertad, fueron acusados de realización arbitraria del propio derecho.

Pere Brachfield, director de estudios de la PMCM y profesor de EAE Business School