La prescripción de las acciones por vicios en la entrega de mercancías

El Derecho Español preceptúa que en una transacción mercantil entre empresas, a partir del momento de la entrega de los productos o prestación del servicio, si no existe disconformidad expresa del cliente en tiempo y forma (según señala el contrato, las condiciones generales o el código de comercio), el deudor está obligado al pago en función a las condiciones pactadas o según marca la legislación vigente.

El silencio del comprador es una tácita conformidad puesto que el art. 336 del Código de Comercio impone al receptor de las mercancías una diligente comprobación del estado y cantidad de las mismas.

Artículo 336

  • El comprador que al tiempo de recibir las mercaderías las examinare a su contento, no tendrá acción para repetir contra el vendedor alegando vicio o defecto de cantidad o calidad en las mercaderías.
  • El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad o calidad de las mercaderías recibidas enfardadas o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días siguientes al de su recibo y no proceda la avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa o fraude.
  • En estos casos, podrá el comprador optar por la rescisión del contrato, o por su cumplimiento con arreglo a lo convenido, pero siempre con la indemnización de los perjuicios que se le hubieren causado por los defectos o faltas.
  • El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo en el acto de la entrega que se haga el reconocimiento, en cuanto a cantidad y calidad, a contento del comprador.

De esta forma si el cliente no reclama la existencia de vicios visibles dentro de los cuatro días siguientes a la recepción de los productos, ya no podrá alegar que no paga la factura por no estar satisfecho con los bienes suministrados.

En cuanto a los vicios ocultos es importante conocer que el art. 342 del CCom indica que a los 30 días caducará el ejercicio de acciones de saneamiento:

Artículo 342

  • El comprador que no haya hecho reclamación alguna fundada en los vicios internos de la cosa vendida, dentro de los treinta días siguientes a su entrega, perderá toda acción y derecho a repetir por esta causa contra el vendedor.

Consiguientemente cuando los vicios son internos, es decir los defectos no sean reconocibles en el examen de la cosa en el momento de la entrega, el comprador tiene un plazo máximo de treinta días a partir de ésta para denunciarlos, plazo que la jurisprudencia viene considerando como de caducidad y no de prescripción. Por consecuencia si el comprador guarda silencio durante los treinta días contados a partir de la entrega, su acción caduca. Para el ejercicio de la acción judicial, el comprador dispone de los seis meses posteriores a la entrega, por aplicación subsidiaria el art. 1490 del CC.
Ahora bien los plazos para la reclamación de vicios pueden ser modificados por la voluntad de las partes en el contrato o acuerdo comercial.

Prescripciones de portes y fletes

El art. 951 del vetusto Código de Comercio de 1885 fijaba que las acciones relativas al cobro de portes, fletes y gastos derivados de los mismos prescribirán a los seis meses de entregar los efectos que los adeudaron, asimismo determinaba que el derecho de cobro del pasaje prescribirá a los seis meses a contar desde el día que el viajero llegó a su destino o del que debía pagarlo art 951 Código Comercio. Por consecuencia estos eran los plazos más cortos que existen en España y en el mundo.
No obstante esta regla no es aplicable en cuanto afecten al transporte terrestre de mercancías, porque la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre ha modificado el plazo de prescripción ampliándolo a un año. En efecto el art. 79 señala que: “Las acciones a las que pueda dar lugar el transporte regulado en esta Ley prescribirán en el plazo de un año”. En cuanto a la forma de computación de dicho plazo el citado artículo dice: “El plazo de prescripción comenzará a contarse en todos los demás casos, incluida la reclamación del precio del transporte, de la indemnización por paralizaciones o derivada de la entrega contra reembolso y de otros gastos del transporte, transcurridos tres meses a partir de la celebración del contrato de transporte o desde el día en que la acción pudiera ejercitarse, si fuera posterior”.

La prescripción de la acción cambiaria cuando la deuda está documentada con letras, pagarés o cheques

En cuanto a la prescripción de la acción cambiaria, la posibilidad que tiene el acreedor de reclamar el pago de la deuda mediante un procedimiento judicial especial sumario, el denominado juicio cambiario, prescribe a los tres años cuando el documento cambiario sea una letra de cambio o un pagaré, y de sólo seis meses cuando se trate de un cheque. Aunque parezca bastante absurda esta diferencia en los plazos la legislación cambiaria así lo establece.
Los plazos de la prescripción referentes a los títulos valores están recogidas en el Artículo 88 de la LCCH: “Las acciones cambiarias contra el aceptante prescriben a los tres años, contados desde la fecha del vencimiento. Las acciones del tenedor contra los endosantes y contra el librador prescribirán al año, contado desde la fecha del protesto o declaración equivalente, realizados en tiempo hábil, o de la fecha del vencimiento en las letras con cláusulas sin gastos. Las acciones de unos endosantes contra los otros y contra el librador prescribirán a los seis meses a partir de la fecha en que el endosante hubiere pagado la letra, o de la fecha en que se le hubiere dado traslado de la demanda interpuesta contra él”.

El plazo de prescripción extintiva para deudas de las administraciones públicas contraídas con un contratista o un proveedor

Contrariamente a lo que muchos piensan, las deudas de las administraciones públicas también prescriben, como ha comprobado más de un contratista.

El peligro de que una Administración demore durante varios años el pago es que la deuda llegue a prescribir y el contratista nunca la podrá cobrar. Los plazos de prescripción de las obligaciones de las AAPP vienen recogidas en el artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Dicho artículo 25 establece el siguiente régimen de prescripción:

Prescripción de las obligaciones.

1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años:

  • El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
  • El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.

2. Con la expresada salvedad en favor de leyes especiales, la prescripción se interrumpirá conforme a las disposiciones del Código Civil.

3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública estatal que hayan prescrito, serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.

En consecuencia si un contratista no ha conseguido cobrar en el plazo legal (que a partir de 2013 es de 30 días) no solo debe recordar al tesorero del ayuntamiento la deuda pendiente, sino que antes de que transcurra el plazo de cuatro años deberá reclamar por vía administrativa o, todavía mejor, judicialmente sus facturas porque de lo contrario puede perder su derecho de cobro.

Pere Brachfield, director de estudios de la PMCM y profesor de EAE Business School