La difusión de la lista de vecinos morosos en el portal de la comunidad

Las series de televisión como “Aquí no hay quien viva” y “La que se avecina” han retratado una realidad cotidiana: los morosos de las comunidades de propietarios.

La problemática en las comunidades de vecinos es la dificultad legal para obligar a pagar las cuotas a los propietarios morosos, a pesar de las mejoras introducidas en la LEC. Según diversos estudios se da la circunstancia que una de las primeras deudas que la mayoría de los ciudadanos suspende son las cuotas comunitarias, precisamente ante la falta de consecuencias negativas que a corto plazo pueden derivarse de este impago.

  • El deudor sabe que la comunidad intentará primero la vía amistosa para convencerle de que pague las cuotas atrasadas.
  • Una vez agotada la vía diplomática, normalmente en primer lugar los propietarios le privarán de su derecho de voto en las juntas.
  • Luego los vecinos tienen ponerse de acuerdo para iniciar acciones legales, pero siempre hay unos propietarios benévolos que se oponen al procedimiento monitorio ya que conocen al vecino moroso “de toda la vida” y quieren darle otra oportunidad para saldar sus cuentas.
  • Después de muchos meses de intentos infructuosos por cobrar a las buenas, la junta extraordinaria de propietarios decide emprender acciones y debe haber una liquidación de las cuotas en junta, luego hacer una notificación de modo fehaciente el acta y los acuerdos adoptados a todos los propietarios y al propietario deudor, con requerimiento de pago y un plazo para ello para que el vecino moroso puede ponerse al corriente de sus pagos.

Cuando el deudor no recoge las notificaciones, se puede realizar a través del tablón de anuncios de la comunidad. Para más INRI, en muchas ocasiones, al pretender hacer visible ante la comunidad la situación de morosidad de aquel vecino que adeuda cuotas a la comunidad, mediante su publicidad en el tablón de anuncios, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto sanciones a diversas comunidades por publicar datos sin consentimiento del afectado.

La Ley de Propiedad Horizontal prevé la posibilidad de difundir la convocatoria y la lista de morosos en el tablón de anuncios de la Comunidad de Propietarios únicamente en el caso de que esté en un lugar sin acceso por terceros. De modo que el tablón de anuncios de la Comunidad habrá de ser cerrado con llave de la que debe ser depositario el Presidente o el Administrador. No es legal, desde la óptica de protección de datos, exponer la lista de vecinos deudores a la vista de terceros. Sin embargo la difusión de la lista un vecino deudor podrá publicarse de forma accesible a terceros solamente en el supuesto recogido en el artículo 9 de la LPH, apartado h) párrafo segundo, “Si intentada una citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla en el lugar prevenido en el párrafo anterior, se entenderá realizada mediante la colocación de la comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar visible de uso general habilitado al efecto”. No obstante para proceder de esta forma deberán poderse acreditar los intentos de notificación al vecino moroso para evitar sanciones por incumplimiento de la legislación de protección de datos.

¿Es lícito con una pancarta el pago de la deuda a un deudor?

En cuanto a saber si reclamar con una pancarta el pago de la deuda a un moroso es lícito, el 4 de febrero de 2011 el diario ABC publicó la siguiente noticia: “Reclamar a un moroso el pago de una deuda con una pancarta que no contiene términos ofensivos es legítimo, según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, que anula la condena que el Juzgado de Instrucción número Cinco impuso a una mujer por una falta de coacciones”.
La sentencia dicta que la denunciada, esposa de un proveedor de la empresa “Rossan y Montoya, S.L.”, se situó se situó en los meses de junio y julio de 2009 junto al domicilio y el lugar de trabajo del empresario con una pancarta en la que le pedía que pagara lo que debía. El empresario presentó una denuncia contra ella, y el Juzgado de Instrucción, en su sentencia de febrero de 2010, la condenó por una falta de coacciones a la pena diez días de multa, con una cuota diaria de dos euros. La denunciada recurrió esta sentencia, y la Audiencia Provincial de Murcia, en una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Juan del Olmo, le ha dado la razón y ha revocado la condena.
La sentencia de la Audiencia de Murcia declara lo siguiente: “(…) tanto la deuda como la cualidad de moroso han sido reconocidos por el denunciante, y añade que no consta que la denunciada, esposa del acreedor, ejecutase acción alguna dirigida a exteriorizar con gritos o gestos una exigencia de pago, ni que se acercara al denunciante para requerirle el pago al que su esposo tenía derecho, ni que le conminara a dicha satisfacción de modo directo. La actuación de la denunciada fue pasiva, mostrando una pancarta con una exigencia legítima de cobro, y su comportamiento no es expresivo de una conminación ilegítima con la que tratase de doblegar la voluntad de la empresa deudora”. La sentencia también afirma que: “esta mujer se limitó a expresar una legítima expectativa: que el deudor pagase la deuda existente.Incluso socialmente una reclamación de ese tenor no es censurable, dada la levedad de la conducta que representa en un entorno social normal una solicitud de algo a lo que se tiene derecho o se considera legítimo, sin que ello suponga admitir comportamientos irracionales o ajenos a cualquier mínima convivencia, lo que no se produce en este caso”.

Pere Brachfield, director de estudios de la PMCM y profesor de EAE Business School

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