Jurisprudencia sobre las agencias de recobro a morosos

Jurisprudencia agencias recobro

En los últimos años se ha construido una doctrina jurisprudencial sólida, tanto por parte del Tribunal Supremo como de las Audiencias Provinciales, aplicable a la ilicitud de prácticas de recobro que suponen una intromisión ilegítima en el derecho del honor del presunto deudor.

La sentencia del Tribunal Supremo que sentó las bases para construir una doctrina para que se consideren medios vejatorios, coactivos o intimidatorios cuando se ignore la privaticidad de la correspondencia como ámbito de extensión reservado a la intimidad personal con la intención de extender el rumor sobre la morosidad del destinatario fue un recurso de casación de la Sala de lo Civil de diciembre de 1995 (Núm. 1.130. – Sentencia de 30 de diciembre de 1995). Igualmente esta sentencia permitió establecer el criterio jurisprudencial para que la divulgación de datos relativos a la morosidad de una persona, cuando por el modo de producirse se aprecie una finalidad de atemorizar o coaccionar al deudor por medios vejatorios para que pague la cantidad que se reclama, sea considerado como un atentado al honor del afectado.

Bajo mi punto de vista la sentencia más importante dictada hasta ahora sobre la reclamación extrajudicial de deudas y ciertas actuaciones que suponen una intromisión ilegítima en el honor del deudor es la sentencia del Tribunal Supremo número 306/2001, de 2 de abril (STS de 2 de abril de 2001, Derecho al Honor. Conductas coactivas para el cobro de créditos). Esta sentencia es muy reveladora ya que señala el carácter ilícito de ciertas prácticas en el recobro extrajudicial de deudas y reclama a los Poderes Públicos la necesidad de remediar estas situaciones dada la proliferación de la utilización de estos instrumentos coactivos. Asimismo, la sentencia manifiesta literalmente que “Por muy deseable que sea la existencia de medios extrajudiciales para la efectividad de los derechos de crédito que se ostenten frente a terceros, ello no permite sustituir la fuerza coactiva de los Poderes Públicos por actuaciones privadas que atenten a la dignidad de las personas o invadan su intimidad” (F.J. Segundo de la Sentencia del Tribunal Supremo).

La citada sentencia del Tribunal Supremo califica de ilegítimo el procedimiento para cobrar cuentas pendientes consistente en hacer público en el entorno del moroso que debe dinero y reclama a los Poderes Públicos la necesidad de remediar estas situaciones. En esta sentencia el Tribunal Supremo reitera la doctrina que ya había mantenido en otras ocasiones de que no pueden quedar justificadas por usos sociales y menos aún por la Ley, conductas que tienen un evidente carácter intimidante o vejatorio.

La proliferación de la morosidad y la lentitud y, en cierto modo, la inoperancia de la justicia para ponerle fin, han hecho proliferar las empresas que se dedican a la recuperación de impagados con medios cuya legalidad ya se había puesto en entredicho. De nuevo el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la legalidad de estos medios en la Sentencia que ahora veremos. Tal y como especifica el Tribunal no se discute en este recurso la licitud de la actividad comercial que desarrollan estas empresas, ni la formación de archivos de datos con la finalidad de ejercer esa actividad mercantil sometida a la correspondiente normativa, sino que lo que está en cuestión es la actuación de los empleados de estas empresas para exigir el pago de las deudas.

Otra sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil que ha contribuido a reforzar la doctrina jurisprudencial es la Sentencia del Tribunal Supremo de uno de Julio de dos mil cuatro, Nº de Resolución: 615/2004 de que la divulgación en determinadas circunstancias, de los datos concernientes a la morosidad del deudor, aunque sea cierta, implica un vejamen o acción denigratoria que atentan contra la dignidad de la persona humana y lastiman y lesionan el honor del sujeto afectado. Asimismo la doctrina señala que siempre será ilegítima la divulgación de esos datos (por atentatoria al honor del afectado), cuando por el modo de producirse se aprecie una finalidad de atemorizar o coaccionar al deudor por medios vejatorios para que pague la cantidad que se reclama. Al propio tiempo se considerarán medios vejatorios, coactivos o intimidatorios cuando se actúe con la intención de extender el rumor sobre la morosidad del destinatario o cuando, como en determinadas actuaciones de las empresas de cobros a morosos se pretenda de forma diversa transmitir a personas del entorno del afectado (vecinos, clientes, proveedores). la morosidad del afectado.

Las Audiencias Provinciales se han pronunciado en numerosas ocasiones sobre la reclamación extrajudicial de deudas y han calificado de ilícitas las actuaciones de determinadas empresas de recobro que utilizan medios coactivos y denigratorios. Sin ánimo de ser exhaustivo, vamos a citar unas sentencias de los últimos lustros que son paradigmáticas para ilustrar este tema.

Sentencia 207/99 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictada el 9 de julio de 1999

Sentencia 041/2001 de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valladolid dictada el 24 de enero de 2001

Sentencia 062 /2001 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Segovia dictada el 31 de julio de 2001

Sentencia 096/2003 de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Asturias dictada el 28 de febrero de 2003

Sentencia 358/2005 de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Bilbao, de 11 de mayo de 2005.

Sentencia 484/2007 de la Audiencia Provincial de Alicante de 20 de diciembre de 2007

Sentencia 045/2009 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Ourense de 11 de febrero 2009

Sentencia 132/10 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Lleida de 20 de abril de 2010

Sentencia 056/2011 de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 29 de marzo de 2011.

Sentencia 164/2012 de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Murcia de 4 de abril de 2012

Marco legal en el extranjero para las empresas de recuperación de deudas

En los países de nuestro entorno, encontramos ejemplos de regulación de esta actividad. Por ejemplo, en Alemania, la «Rechtsberatungsgesetz» o Ley de Asesoramiento Jurídico Alemana prevé que sólo las personas que hayan obtenido la autorización al efecto de la autoridad competente podrán dedicarse con carácter profesional -sea como profesión principal o secundaria, a título oneroso o gratuito- a la gestión de asuntos jurídicos de terceros, incluido el asesoramiento jurídico y el cobro de créditos de terceros o créditos cedidos en comisión de cobro. Asimismo prevé que la autorización será otorgada singularmente para un ámbito de actividades.

Si nos fijamos en el caso de Francia, como país más cercano, las empresas de recuperación de deudas deben cumplir imperativamente los siguientes requisitos legales:

Hacer una declaración de alta en la actividad por escrito ante el Procurador de la República (que tiene la potestad en cualquier momento de verificar que la empresa cumple las obligaciones marcadas por la Ley) y demostrar haber cumplido con dos condiciones previas:

tener suscrita una póliza de seguros de responsabilidad civil profesional que sirva para garantizar a los clientes cualquier consecuencia pecuniaria derivada de las actividades de la empresa de recobros (errores en la gestión de expedientes, apropiación de fondos, reclamaciones de deudores)

tener una cuenta bancaria exclusivamente para el ingreso de las cuantías recobradas por cuenta de los clientes

Asimismo las demás obligaciones de la gestora de cobros son:

Firmar con cada cliente-acreedor legítimo un contrato en el que figuren todas las condiciones y modalidades de recobro

Enviar una carta al deudor que contenga ciertas informaciones obligatorias sobre el procedimiento de recobro de la deuda

La empresa de recobros debe entregar un recibo al moroso por cualquier pago realizado.

La empresa de recobros está obligada a liquidar lo antes posible al cliente-acreedor cualquier pago realizado e informarle de los acuerdos alcanzados con el moroso

Y los requisitos exigidos por el ANCR que es el Sindicato Nacional de agencias de recobro de Francia (asociación patronal que engloba a la mayoría de empresas pequeñas y medianas del sector) es que todos sus afiliados deben:

Tener en vigencia un seguro de caución bancaria o garantía financiera destinada a reembolsar a los acreedores los fondos recaudados en caso de que la empresa de recobros tuviera que presentar suspensión de pagos o quiebra.

Estar inscritos en el registro de comercio con todos los requisitos legales como empresa jurídica

Aceptar y poner en práctica el riguroso código deontológico de la patronal y cumplir con unos requisitos éticos y de conducta.

Gracias a esto requisitos legales que fueron implementados por un decreto en el año 1996 en Francia la recuperación de impagados es una actividad que goza de un prestigio profesional. En el país vecino –como en el resto de la UE– las empresas de recobros son serias, cumplen con seriedad y eficacia su cometido. Por esta razón cuentan con la confianza de los clientes usuarios de estos servicios, y consiguientemente son muy utilizadas por las empresas que tienen deudas por cobrar.

Los códigos éticos de las empresas de recuperación de deudas

Las dos principales asociaciones patronales del sector en España: ANGECO (Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro) y ASEDIE (Asociación Multisectorial de la Información) han elaborado sendos códigos éticos de actuación que, son obligatorios para sus respectivos miembros y que, de forma totalmente voluntaria, pueden suscribir todas aquellas empresas dedicadas a la recuperación de deudas que lo desean. La diferencia principal entre ambas patronales es que ANGECO únicamente abarca empresas de recobro y ASEDIE es una asociación multisectorial que incluye un sector de gestión de cobros.

Hay que tener en cuenta que las principales empresas del sector están afiliadas a ANGECO, que asimismo es la única asociación española admitida en FENCA Federation of European National Collection Associations (Federación de Asociaciones Nacionales de Gestión de Cobro Europeas). Igualmente, ANGECO tiene suscrito, y por tanto obliga a sus asociados, el código de conducta existente a nivel europeo para este sector de actividad.

El código ético de la AEPGC, la asociación de los profesionales del recobro presidida por Pepe Oriola

La Asociación Española Profesional de Gestores de Cobro (AEPGC), fundada por el letrado Pepe Oriola en noviembre de 2009, con la voluntad de fomentar el ejercicio ético y legal de la profesión tiene su propio Código Deontológico. En la actualidad la AEPGC está presidida por Pepe Oriola y el que suscribe tiene el honor de ser el vicepresidente.