Delitos contra la integridad moral del deudor; vejaciones

En el Título VII del Código Penal: “De las torturas y otros delitos contra la integridad moral”, la ley recoge los denominados atentados contra la integridad moral. De estos delitos vamos a desarrollar en particular el de vejaciones.

Las vejaciones son un delito contra la integridad moral de las personas y están tipificadas en el artículo 173 del Código Penal: “El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”.

Los legisladores han dejado un marco muy amplio al indicar solamente: “El que infligiera a otra persona un trato degradante” que puede provocar problemas interpretativos por los tribunales. Lo que salta a la vista es que las acciones descritas por el art. 173 pueden ir dirigidas a doblegar la voluntad el sujeto pasivo y son realizadas de tal manera que dan lugar a un sentimiento de vejación o de humillación. Además la ley exige que el atentado a la integridad moral del deudor sea grave; en otras palabras que la conducta llevada a cabo por el acreedor produzca en el moroso un sentimiento grande de humillación.
Conductas del acreedor tales como desnudar al deudor o simular que se le va a matar poniéndoles una pistola simulada de plástico en la boca constituyen claramente un delito de vejaciones.

El delito común de trato degradante está tipificado en el art. 173.1 del Código Penal: “El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.
Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda”.

En el primer párrafo del artículo 173.1 se regula el atentado contra la integridad moral de las personas. En lo que se refiere a la acción típica, los legisladores optaron en la descripción de este delito por emplear el verbo “infligir” y la expresión “trato degradante” con el resultado incriminado de menoscabo grave de la integridad moral de una persona. El verbo “infligir” que describe la acción dolosa, según la definición del diccionario de uso del español de María Moliner: “(del latín infligere herir, golpear). Con nombres genéricos de castigos o penalidades físicos o morales como castigo, pesadumbre, derrota, descalabro, agravio, ofensa, aplicarlos o causarlos”. En consecuencia el legislador ha elegido cuidadosamente el verbo para destacar el sentido doloso de la acción típica. Los legisladores han dejado un marco muy amplio al indicar solamente: “El que infligiera a otra persona un trato degradante” que puede provocar problemas interpretativos por los tribunales, puesto que el legislador no especifica en qué consiste el trato degradante y tampoco el “menoscabo grave de la integridad moral” que requiere dicho artículo para que la acción del sujeto activo resulte ser delito.

La noción de “integridad moral” es ambigua por lo que para su delimitación es necesario acudir a doctrina y jurisprudencia, dada su falta de definición legal. En este sentido, con carácter general viene entendiéndose por integridad moral “la idea de dignidad e inviolabilidad de la persona […] valor autónomo, independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad o al honor, radicando su esencia en la necesidad de proteger la inviolabilidad de la persona» (STS Nº 819/2002, Sala de lo Penal, de 8 de mayo), que “comprende tanto las facetas de la personalidad como las de la identidad individual, de equilibrio psicofísico, la autoestima o el respeto ajeno que debe acompañar a todo ser humano” (STS Nº 588/2000, Sala de lo Penal, de 6 de abril). O también, según la doctrina mayoritaria, como “el interés de toda persona a ser respetada como tal, a no ser sometida a comportamientos que se dirijan a humillarla o a generarle sentimientos de humillación, utilizándola como mero instrumento o cosa en manos del sujeto activo”.

La jurisprudencia considera que entran dentro de este apartado las acciones que vayan dirigidas a doblegar la voluntad del sujeto pasivo que sean realizadas de tal manera que den lugar a un sentimiento de vejación de humillación. Además la ley exige que el atentado a la integridad moral del deudor sea grave; en otras palabras que la conducta llevada a cabo por el acreedor produzca en el moroso un sentimiento grande de humillación. Por ejemplo conductas del acreedor tales como obligar a un deudor a desnudarse, cortarle el pelo a cero o simular que se le va a matar poniéndole una pistola de fogueo en la cabeza, constituyen claramente un delito de vejaciones.

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, a la anterior redacción del artículo 173.1 del Código Penal se añaden, dos nuevos párrafos, los cuales en su párrafo segundo tipifican la conducta del acoso laboral –vulgarmente denominado mobbing– y en el tercero criminalizan el acoso inmobiliario, castigando al culpable, en caso de la comisión del delito, con la misma pena de prisión de seis meses a dos años que ya señalaba el apartado 1 originario.
La reforma tipifica el delito de “mobbing”, que es un continuado y deliberado maltrato verbal o modal que recibe un trabajador de otro con el objeto de excluirlo o destruirlo psicológicamente.

Desafortunadamente el legislador no aprovechó la oportunidad de la promulgación de la Ley Orgánica 5/2010 para tipificar también el “mobbing” a los morosos o como lo califica un servidor el “dunning harrasment” con lo que se hubiera otorgado una mayor protección a los deudores que sufren el acoso de ciertas agencias de recobro que emplean métodos ilícitos, pero que difícilmente son castigadas al no estar tipificados los actos que cometen en el actual Código Penal.

Por tanto, como “lege ferenda” sería deseable en la próxima reforma del Código Penal que el legislador añadiese un párrafo nuevo al art. Artículo 173-1 CP que dijera: “Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de la gestión extrajudicial de cobro de deudas, de forma reiterada o esporádica, lleven a cabo acciones vejatorias, hostiles, humillantes, o denigratorias, utilizando o no disfraces, para ridiculizar, humillar públicamente o poner en evidencia al presunto deudor y que sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima con el objetivo de forzar su voluntad para que realice el pago de una deuda, aunque dicho pago consistiere en una conducta debida”.

Las faltas de vejaciones

Las vejaciones en este caso son las conductas consistentes en maltratar, molestar, perseguir a otro perjudicándole o hacerle padecer, como define la acción de vejar el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Este hecho punible de tipo leve está recogido en el artículo 620.2 del CP que hemos visto anteriormente. La falta de vejaciones injustas, constituye un tipo penal que se incluye en el citado art. 620.2 del CP junto con las amenazas, las coacciones, e incluso las injurias livianas. Un problema que nos encontramos es que el artículo 620.2 del CP impone pena a los que causen vejación injusta de carácter leve, no aportando el precepto una definición de dicha vejación. Por ello resulta difícil concretar qué se entiende por vejación injusta, por lo que,

en la práctica procesal, ha venido a convertirse en un cajón de sastre en el que cabe incluir conductas que no encajan perfectamente en los otros tipos penales del mismo artículo pero que merecen reproche penal.

En todo caso, la jurisprudencia ha establecido que serán constitutivas de la falta de vejaciones, aquellas acciones u omisiones que reúnan los siguientes requisitos:

  • a) Que la dignidad, bien jurídico protegido por esta falta, resulte afectada. Puede consistir en expresiones proferidas o acciones ejecutadas contra alguien. Pueden ser tanto actos aislados como actos que individualmente no afectarían a la dignidad de la persona pero cuya repetición en el tiempo las convierte en atentatorias contra dicho bien jurídico
  • b) Que no constituya ninguna otra de las figuras tipificadas en el propio artículo 620.2 del CP, es decir, amenazas, coacciones o injurias.
  • c) Que, vistas las circunstancias concurrentes, merezcan reproche penal

Baste como muestra de jurisprudencia al respecto, que la Audiencia Provincial de Palencia se pronunció en Sentencia de 5 de octubre de 1998, indicando que dicha falta se produce “no sólo en palabras o gestos dirigidos al prójimo con intención de humillarle, sino en cualquier conducta dirigida a molestar o denigrar a un semejante sin justificación alguna, creándole un malestar, desasosiego o perturbándole en su cotidiano vivir, sin razón alguna”.

Vale la pena recordar que el párrafo 2º del art. 620 establece que estos hechos sólo serán perseguibles por la Administración de Justicia mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

 Pere Brachfield, director de estudios de la PMCM y profesor de EAE Business School