Nuevo plazo de pago de la Administración pública mucho más corto a partir de marzo

Las nuevas condiciones establecidas en la nueva ley de contratos del sector público acortan a 30 días el plazo de pago legal de la Administración en 2018.

La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece que la Administración pública deberá pagar como máximo dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o entrega de los productos adquiridos y deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la entrega de bienes o la prestación de servicios dentro de los treinta días siguientes a la entrega o prestación. Asimismo, los contratistas deberán pagar a los subcontratistas como máximo a sesenta días, contados desde la fecha en que tiene lugar la aceptación de los bienes o servicios, que deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la entrega de los bienes o la prestación del servicio. Por consiguiente, la nueva ley reduce el plazo de pago legal de la Administración pública.

El sector de la contratación pública es un sector con un volumen que mueve al menos 200.000 millones de euros al año, lo que equivale al 20 por ciento del PIB. Después de más de año y medio de retraso, y con tramitación de urgencia, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 19 de octubre de 2017, aprobó, el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español dos Directivas del Parlamento Europeo; norma que entrará en vigor a los 4 meses de su publicación en el BOE; es decir que la nueva ley será plenamente aplicable a partir del 9 de marzo de 2018 y los proveedores y contratistas de las administraciones públicas se beneficiarán del nuevo plazo de pago.

Esta nueva ley que establece el nuevo plazo de pago de la Administración tiene además el objeto fundamental de hacer la trasposición obligatoria de las Directivas europeas sobre contratación pública, y tenía que haber sido incorporada al derecho interno el 18 de octubre de 2016. No obstante, dado que el Gobierno estuvo en funciones durante diez meses, el anteproyecto de ley estuvo paralizado durante ese periodo puesto que no es posible que estando el Gobierno en funciones pueda presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados.

Esta ley, además de fijar el nuevo plazo de pago del sector público, tiene como objetivo fundamental implementar una contratación pública basada en una serie de principios como son la integridad, la transparencia, la igualdad y la competencia, por lo que ha introducido novedades dirigidas a la consecución de todos ellos y ha eliminado preceptos que atentaban claramente contra los principios mencionados. Entre otros preceptos, se introduce como novedad significativa la supresión del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía, que se estaba utilizando hasta ahora de forma desproporcionada y sin motivación, lo que ha dado pie a que en los últimos años haya sido objeto de críticas. Asimismo, se crean nuevos procedimientos con publicidad: el abierto simplificado, que se perfila como el procedimiento más ágil y sencillo; el de licitación con negociación, limitado a determinados supuestos; y el de asociación para la innovación.

En cuanto a las condiciones y plazo de pago, la Administración deberá pagar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o entrega de los productos adquiridos y deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la entrega de bienes o la prestación de servicios dentro de los treinta días siguientes a la entrega o prestación. Asimismo, los contratistas deberán pagar a los subcontratistas como máximo a un plazo de pago de sesenta días, contados desde la fecha en que tiene lugar la aceptación de los bienes o servicios, que deberá efectuarse en un plazo de pago máximo de treinta días desde la entrega de los bienes o la prestación del servicio. Igualmente, la gran novedad de la nueva ley es la posibilidad de pago directo de la Administración Pública a los subcontratistas, mecanismo legal que hasta ahora era un tema tabú para el sector público.

Autor: Pere Brachfield
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