Todo lo que hay que saber sobre la nueva prescripción de deudas

Las cuestiones fundamentales sobre los nuevos preceptos de prescripción extintiva de deudas y obligaciones de pago.

La inacción del acreedor y el transcurso del tiempo combinados pueden provocar la prescripción de la deuda

Un antiguo refrán español dice que: “Deuda vieja es deuda muerta”. Hace dos siglos el reputado novelista galo Honoré de Balzac, entre los diversos consejos sobre cómo eludir a los acreedores escribió: “Los deudores se pueden librar de las deudas por la prescripción; este método es tan excelente que le dedicaremos algunas reflexiones. La prescripción de la deuda es uno de los medios legales más eficaces para librarse de los acreedores y para liquidarles la deuda de una vez por todas y sin necesidad de darles un céntimo”.

Por lo cual, la actitud pasiva de muchos morosos experimentados se basa en la idea de “dejar trabajar a las leyes” a ver si hay suerte y prescribe la deuda. Los morosos avezados como norma no pagan a nadie; si el acreedor reclama le dan largas hasta que desista.

La prescripción extintiva de deudas y de obligaciones de pago en España, que se encuentra en la esfera jurídica de la prescripción de acciones civiles, es un tema muy complejo, puesto que las normas que la regulan vienen recogidas en diversas leyes y además los plazos de prescripción de deuda van desde los seis meses a los treinta años. Otro factor que complica la cuestión es la normativa especial sobre la prescripción extintiva de las deudas mercantiles y de las obligaciones de pago de ciertos negocios jurídicos que gozan de unas particularidades que es importante conocer.

Al propio tiempo, la Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su disposición final primera, modificó el artículo 1964 del Código Civil, reduciendo el plazo general de prescripción para el ejercicio de acciones personales que existía desde 1889; o, dicho de otro modo, redujo notablemente el plazo general de prescripción extintiva de deudas. Por tanto, podemos hablar de una nueva prescripción deudas a partir de 2015.

Asimismo, hay que tener en cuenta que las normas para la prescripción de deudas en los Derechos Forales pueden ser diferentes a las determinadas por la Ley Estatal. Luego, existe un gran desconocimiento al respecto y se propagan informaciones reduccionistas sobre una materia tan importante.

La prescripción extintiva de obligaciones de pago (también denominada por la doctrina científica prescripción liberatoria) es la extinción del derecho de crédito en virtud de la inacción del acreedor durante el término fijado por la ley. Se trata de un modo extintivo de derechos y en lo específico, del derecho de crédito pues afecta su existencia misma, provocando la desaparición del vínculo jurídico entre acreedor y deudor, con todas las consecuencias legales que de ello derivan.

Por consiguiente, la prescripción extintiva de deudas es un instituto del Derecho que permite al sujeto pasivo de un derecho subjetivo o de una pretensión (deudor) defenderse frente a los actos de ejercicio del titular del derecho (sujeto activo o acreedor), cuando tal acto se produce después de un silencio de la relación jurídica, prolongado a lo largo del tiempo marcado por la ley.

Recapitulando, la prescripción extintiva requiere para su configuración de dos elementos indispensables: primero, transcurso del tiempo fijado por la ley para el ejercicio del derecho de crédito; segundo, inactividad del acreedor y también del deudor. Por tanto, para que la prescripción de deuda se produzca, no deben haber existido actos que rompan el silencio del acreedor –es decir, que interrumpan la prescripción de la obligación– bien por reclamación extrajudicial del titular del crédito, por la iniciación de un proceso judicial a instancia del acreedor o por reconocimiento de la deuda por parte del deudor (sujeto pasivo).

La prescripción extintiva de la obligación de pago solamente supone el impedimento de ejercicio del derecho del acreedor de una reclamación judicial, puesto que, en aras a la seguridad jurídica, el titular del mismo no puede ejercitarlo. En otras palabras y haciendo una analogía, la prescripción de deuda no provoca la muerte del derecho, sino que lo convierte en una especie de zombi. Así pues, la prescripción extintiva de deuda es el modo de extinguirse las acciones que puede ejercitar el acreedor para conseguir su derecho de cobro por el mero hecho de no dar ellos adecuadas señales de vida durante el plazo fijado por la ley. Dicho de otro modo, para reclamar judicialmente un impago la ley marca unos plazos dentro de los cuales se puede iniciar la acción judicial. Sin embargo, si transcurre el lapso de tiempo previsto por el Derecho, el acreedor verá impedido su derecho a obtener una condena contra el deudor para realizar su derecho de cobro.

Con el objetivo de compartir mis conocimientos adquiridos a lo largo de más de 35 años sobre la prescripción extintiva de deudas, he editado el manual La prescripción extintiva de deudas.

 

El actual plazo de prescripción de deudas de cinco años con carácter general en España

El Derecho español ha establecido un plazo para la prescripción general de las acciones personales; es decir, un plazo de prescripción extintiva de las deudas. Este plazo está marcado en el artículo 1964 del Código Civil. Vale la pena señalar, que desde 1889, año en el que se aprobó nuestro Código Civil, el plazo general en el que prescribían las obligaciones de pago en España fue siempre de quince años, plazo que cambió en el año 2015 ya que se estableció una nueva prescripción de deudas y se introdujo un nuevo plazo de prescripción extintiva.

Hay que recordar, que el artículo 1964 sufrió una importante y compleja modificación en el 2015, cuando la disposición final primera de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil redujo el plazo de prescripción de deudas a cinco años. Ahora bien, este plazo solamente es aplicable para las obligaciones de pago nacidas de relaciones jurídicas establecidas a partir del 7 de octubre de 2015, que fue la fecha de entrada en vigor de las modificaciones introducidas por la Ley 42/2015.

A su vez, a las acciones civiles derivadas de relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015, se les aplicará el nuevo régimen de prescripción de deudas y en particular la regla transitoria de la Ley 42/2015, de 5 de octubre que a su vez se remite al art. 1939 CC, de modo que, aunque según normativa anterior les hubiera correspondido un plazo de quince años, estas obligaciones prescribirán el 7 de octubre de 2020 (es decir, cinco años después de la entrada en vigor de la Ley 42/2015, puesto que es el nuevo plazo de prescripción de deudas establecido).

Y, a las acciones civiles derivadas de relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005 se les seguirá aplicando el plazo de quince años previsto en el art. 1964 CC (como se venía haciendo hasta la entrada en vigor de la Ley 42/2015).

 

El plazo de prescripción de veinte años para las deudas hipotecarias

Ahora bien, cuando se trate de un derecho real de hipoteca el plazo de prescripción de la acción hipotecaria es de veinte años puesto que el artículo 1964 del CC establece una regla especial para la acción hipotecaria, la que tiene el acreedor hipotecario contra el bien hipotecado para realizar su valor y cobrar de esta manera el importe de la deuda que ella garantizaba. La acción prescribe a los veinte años y el crédito que garantizaba a los cinco. Consecuentemente, la acción hipotecaria prescribe a los veinte años, a contar desde el vencimiento que inicialmente tiene fijado el préstamo.

 

El plazo de prescripción de deudas a los tres años

Ciertos derechos de cobro tienen un plazo de prescripción de tan sólo tres años; son los pagos derivados de servicios profesionales o suministros que suelen hacerse efectivos en un corto plazo de tiempo. El Código prescribe que el tiempo para la prescripción de las acciones a que se refieren los casos que a continuación veremos se contará desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios.

El artículo 1967 del CC en su regla 1ª dice literalmente: “Por el transcurso de tres años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes: La de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios, Escribanos, peritos, agentes y curiales, sus honorarios y derechos, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran.”

Lo cierto es que suscitan dudas algunos términos decimonónicos como son los de juez y escribano. Respecto a los jueces, en la actualidad son funcionarios de la Administración de Justicia y prestan servicio público al Estado, por lo que están al margen de la prescripción. Los escribanos se han extinguido ya que han sido sustituidos por los notarios. Consecuentemente si modernizamos este apartado, en el plazo de prescripción de tres años se incluyen los honorarios por servicios jurídicos de abogados, procuradores, notarios, registradores, peritos y otros profesionales del derecho, así como los gastos suplidos que hayan desembolsado por cuenta del cliente. Dentro de esta categoría también se incluye a los árbitros de derecho y de equidad.  La jurisprudencia ha interpretado que el término “agente” comprende a los agentes de propiedad inmobiliaria.

Igualmente, la jurisprudencia ha señalado que ha de entenderse que se ha confirmado la inclusión en la expresión genérica del artículo 1967.1º “agente” a todos los que tienen por oficio gestionar negocios ajenos, con independencia, por tanto, ha de entenderse, de si se desempeña tal función con carácter esporádico o de forma estable. En definitiva, la jurisprudencia establece que las acciones de reclamación de las retribuciones debidas al agente, como efecto del contrato de agencia, prescriben en el plazo de tres años que establece el artículo 1.967 del Código Civil, por ser aplicable su regla 1ª.

El apartado 2 del artículo 1967 del CC manda que el plazo de prescripción sea de tres años para los pagos que se deben realizar a farmacéuticos por las medicinas que suministraron; también prescriben a los tres años la obligación de pagar a profesores y maestros sus honorarios por la enseñanza que dieron, o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio. La jurisprudencia ha incluido en esta categoría a los profesionales liberales en general, entre los que se incluyen los médicos, arquitectos y aparejadores.

El apartado 3 del artículo 1967 del CC establece que el plazo de prescripción también es de tres años para pagar a los menestrales, criados y jornaleros el importe de sus servicios, y el de suministros y desembolsos que hubiesen hecho concernientes a los mismos. Sin embargo, la aplicación de esta norma está muy restringida, pues la materia que trata está actualmente sujeta a la regulación del derecho de laboral y al Estatuto de los Trabajadores. Tampoco es aplicable esta regulación al contrato de obra con suministro de materiales, puesto que este negocio jurídico cae bajo la regulación del contrato de compraventa.

Dentro de esta categoría de tres años el apartado 4 artículo 1967 del Código Civil dice textualmente: “La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico”. (usa el vocablo “mercader” un término proveniente del Siglo de Oro)

Con referencia a la primera parte de este apartado, la norma es aplicable a todos los créditos derivados del contrato de hospedaje (incluido el mini-bar de la habitación). En relación a la prescripción de la acción para reclamar al moroso el precio de los artículos vendidos, el Código se refiere a ventas de productos destinados al consumo particular; no obstante, la regla deja abierta la posibilidad a que el comprador de los artículos sea o no comerciante, pero siempre que no exista un ánimo de lucrarse con su reventa a terceros.

Por tanto, las compras de artículos realizadas por un particular a un comerciante –siempre que sean compras destinadas a su consumo particular y no exista ánimo de lucrarse con la reventa– prescriben a los tres años.

 

El plazo de prescripción de deudas de un año

La Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre modificó el plazo de prescripción de las acciones relativas al cobro de portes, ampliándolo a un año. En efecto el art. 79 señala que: “Las acciones a las que pueda dar lugar el transporte regulado en esta Ley prescribirán en el plazo de un año”. En cuanto a la forma de computación de dicho plazo el citado artículo dice: “El plazo de prescripción comenzará a contarse en todos los demás casos, incluida la reclamación del precio del transporte, de la indemnización por paralizaciones o derivada de la entrega contra reembolso y de otros gastos del transporte, transcurridos tres meses a partir de la celebración del contrato de transporte o desde el día en que la acción pudiera ejercitarse, si fuera posterior”.

El (derogado) artículo 951 del vetusto Código de Comercio de 1885 fijaba que las acciones relativas al cobro de portes, fletes y gastos derivados de los mismos prescribirán a los seis meses de entregar los efectos que los adeudaron, asimismo determinaba que el derecho de cobro del pasaje prescribirá a los seis meses a contar desde el día que el viajero llegó a su destino o del que debía pagarlo art 951 Código Comercio. Por consecuencia, estos eran los plazos más cortos que existían en España.

No obstante, esta regla ya no es aplicable en cuanto afecten al transporte marítimo de mercancías, porque el artículo 951 del Código de Comercio fue derogado por la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. En la actualidad, el plazo de prescripción de acciones por reclamación de deudas nacidas del contrato de fletamento es de un año puesto que así está determinado por la mencionada Ley 14/2014. En consecuencia, tenemos también en este ámbito una nueva prescripción de deudas.

 

La prescripción de la acción cambiaria cuando la deuda está documentada con letras, pagarés o cheques

En cuanto a la prescripción de la acción cambiaria, la posibilidad que tiene el acreedor de reclamar el pago de la deuda mediante un procedimiento judicial especial sumario, el denominado juicio cambiario, prescribe a los tres años cuando el documento cambiario sea una letra de cambio o un pagaré, y de sólo seis meses cuando se trate de un cheque. Aunque parezca bastante absurda esta diferencia en los plazos la legislación cambiaria así lo establece.

Los plazos de la prescripción referentes a los títulos valores están recogidas en el Artículo 88 de la Ley Cambiaria y del Cheque: “Las acciones cambiarias contra el aceptante prescriben a los tres años, contados desde la fecha del vencimiento. Las acciones del tenedor contra los endosantes y contra el librador prescribirán al año, contado desde la fecha del protesto o declaración equivalente, realizados en tiempo hábil, o de la fecha del vencimiento en las letras con cláusulas sin gastos. Las acciones de unos endosantes contra los otros y contra el librador prescribirán a los seis meses a partir de la fecha en que el endosante hubiere pagado la letra, o de la fecha en que se le hubiere dado traslado de la demanda interpuesta contra él”.

 

La interrupción de la prescripción extintiva de las deudas

La prescripción extintiva de las deudas surge cuando transcurre de forma ininterrumpida todo el período de tiempo que dicta la legislación pues es fruto de la prolongada inactividad del acreedor. La idea central es que el acreedor puede evitar que prescriba su derecho de cobro si antes de que el plazo se haya agotado, realiza ciertos actos que interrumpen la prescripción y mantienen vigente el derecho de cobro y la acción que lo ampara. Hay que hacer notar que de acuerdo con el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la carga de la prueba de la interrupción de la prescripción de deudas corresponde al titular del derecho de cobro bajo la regla general de que concierne a quien alega un hecho la carga de probar la certeza del mismo. Este precepto también estaba recogido en el derogado art. 1214 del CC.

Para que la interrupción de la prescripción sea eficaz primero es preciso que el acto proceda de la persona titular de la pretensión o de una tercera persona, que actúe en defensa de un interés legítimo y que tenga capacidad suficiente. Y segundo que se efectúe frente al sujeto pasivo de la pretensión antes de que se consume la prescripción.

Según el art 1973 del CC la prescripción de las acciones se interrumpe a través de tres fórmulas: por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de deuda por el deudor.

El Código de Comercio en el artículo 944 mantiene que la prescripción se interrumpe por:

  • Demanda o cualquier otro género de interpelación jurídica hecha al deudor
  • Por el reconocimiento de las obligaciones
  • Por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor

Puede observarse pues que para admitir la interrupción de la prescripción de la obligación de pago el Código Civil admite la reclamación extrajudicial como forma de conseguirla, mientras que el Código de Comercio no la contempla. Además, el Código de Comercio considera a la renovación del documento en el que se funde el derecho de cobro del acreedor como causa de la interrupción y el Código Civil no la menciona.

Así pues, la gran diferencia es que el Código de Comercio no admite la reclamación extrajudicial del acreedor al moroso como causa interruptiva de la prescripción de deudas. Sin embargo, en la actualidad existe una corriente tanto doctrinal como jurisprudencial, tendente a equiparar las causas de la interrupción de la prescripción de obligaciones de pago tanto en el ámbito civil como en el mercantil, pero dando preferencia al primero. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado respecto a la validez de la reclamación extrajudicial del Código Civil como causa para la interrupción de la prescripción de deudas en el tráfico mercantil.

Asimismo, el artículo 944 del Código de Comercio establece que: “Empezará a contarse nuevamente el término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de su renovación, desde la fecha del nuevo título; si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido”.

Como hemos podido observar, la prescripción extintiva de deudas en España es un tema muy complejo. Para adquirir amplios conocimientos sobre la prescripción extintiva de deudas, se puede leer el manual que he escrito recientemente sobre esta temática: La prescripción extintiva de deudas.

 

Autor: Pere Brachfield
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