¡Aleluya!, por fin los políticos entendieron que una ley contra la morosidad sin sanción es papel mojado

El Congreso de Diputados tomó en consideración la Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad.

Los juristas explican que el derecho se exterioriza principalmente a través de leyes que tratan de regular la vida en sociedad para conformar la vida económica e instaurar un orden social. La ley se puede definir como todo enunciado obligatorio en su cumplimiento que regula algo u ordena la sociedad, atribuyendo a la ley carácter obligatorio y estableciendo la garantía de cumplimiento mediante coacción o uso de la fuerza si fuera necesario.

Hans Kelsen, uno de los juristas más eminentes del siglo XX, consideraba que las normas del Derecho son preceptos coactivos de la conducta humana que ordenan una determinada actuación y enlazan a la conducta contrapuesta –el incumplimiento de las normas– un acto coactivo. La ley faculta a los poderes del Estado para dirigir contra el infractor, un acto coactivo como sanción. Kelsen aseguró que sin sanción no hay deber jurídico y definió a este como una norma jurídica positiva que ordena la conducta de los individuos al vincular una sanción al comportamiento contrario a dicha norma. La norma debe contener un mandato y una consecuencia jurídica al incumplimiento de dicho mandato; es decir, una sanción. Karl Binding, un jurista alemán, expresó el mismo pensamiento de Kelsen al afirmar que una norma sin sanción es como una campana sin badajo.

Sin embargo, el insigne jurista Federico de Castro y Bravo expresó en una ocasión la siguiente máxima: “En España, la abundancia de leyes se mitiga con su incumplimiento”. Hay que hacer notar, que el profesor Federico de Castro fue catedrático de derecho de diversas universidades, académico, investigador y juez del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. La profundidad y sutileza de los textos del profesor de Castro han influido a varias generaciones de juristas. Sus teorías han sido objeto de amplios trabajos por parte de la doctrina jurídica. La mayoría de su pensamiento jurídico está ya tan asumido por la doctrina y la jurisprudencia que se ha convertido en cultura legal común de la mayoría de letrados. El hecho de que uno de los mejores juristas españoles de la segunda mitad del siglo XX pronunciara esta lapidaria sentencia nos lleva a pensar que el profesor Federico de Castro estableció una irónica regla no escrita de derecho; las leyes se publican en el BOE pero luego nadie se encarga de realizar una función coercitiva para asegurar el cumplimiento de la norma jurídica.  En nuestro siglo el Estado Español legisla cada vez más sobre cuestiones implicadas en la actividad empresarial.

El preclaro político Álvaro de Figueroa y Torres –más conocido como Conde de Romanones–, que fue Presidente del Congreso de los Diputados, ministro y tres veces Presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Alfonso XIII, dijo en una ocasión: “Señorías, hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos”. El célebre político liberal sabía por experiencia que el poder legislativo tiene su espacio haciendo las leyes, pero el ejecutivo puede reservarse la última palabra mediante los reglamentos. Un Reglamento bien redactado es decisivo para que se pueda implementar en la práctica una ley promulgada.

Las máximas del profesor Federico de Castro, del Conde de Romanones y de Karl Binding nos ofrecen la mejor explicación del estrepitoso fracaso de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas contra la morosidad: la falta de interés político en implementar los preceptos instaurados por la ley de lucha contra la morosidad y la ausencia de medidas coercitivas para hacer cumplir una Ley que tiene por objeto combatir la morosidad. Ahora bien y ante todo, como la palabra morosidad es una palabra polisémica, habrá que contemplar las cuatro clases de morosidad existentes: en primer lugar, cuando el cliente incumple el plazo de pago pactado y demora la liquidación; es decir, un vil moroso; en segundo lugar, cuando una empresa en posición de dominio impone plazos de pago muy largos a sus proveedores; o sea una práctica abusiva; en tercer lugar, cuando un comprador ha impuesto aplazamientos de pago muy dilatados y encima no paga la factura al vencimiento acordado; es decir el colmo de la morosidad y abuso; en cuarto lugar, cuando el deudor nunca se digna a pagar y el acreedor se encuentra ante un crédito incobrable; en este caso no es un moroso sino un pufista.

La citada Ley de lucha contra la morosidad tiene por objeto combatir los retrasos en el pago de deudas dinerarias vencidas y exigibles, y también el abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación de los plazos de pago en las operaciones comerciales entre empresa; así que, establece que el plazo de pago legal que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días. Además, dicta que los plazos de pago no podrán ser ampliados mediante pacto de las partes por encima de los sesenta días naturales. Ahora bien, como hasta la fecha la ley no había incorporado medidas coactivas, existe un incumplimiento generalizado de este precepto; en apoyo de esta afirmación, un estudio de INFORMA D&B patentiza que el periodo medio de pago en España se sitúa en 86 días; en consecuencia, este plazo medio está muy por encima de los sesenta días que es el plazo máximo que permite la norma.

Como penalización a la morosidad, la Ley antimorosidad determina que todo retraso en el momento de efectuar el pago da lugar al derecho a percibir intereses de demora y la obligación del moroso a pagarlos. El interés de demora –a falta de uno pactado en contrato– correspondía a la suma del tipo de interés del BCE más ocho puntos. Además, la ley de lucha contra la morosidad cita que el moroso debe indemnizar al acreedor con 40 euros por cada factura no pagada al vencimiento como compensación por costes de cobro. Igualmente, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor moroso una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad de 40 euros. Sin embargo, son muy pocas las empresas que se atreven a reclamar los intereses moratorios y los costes de cobros a sus clientes.

En apoyo a esta afirmación, un estudio de la Gestión del Riesgo realizado por IE Business School, Crédito y Caución e Iberinform reveló que la reclamación de intereses de mora solamente la realizan un nueve por ciento de las empresas. El porcentaje de empresas que reclaman la indemnización por gastos de cobro no llega al uno por ciento. El motivo radica en el temor de que el moroso se les ría en la cara si se le reclama el pago del interés de mora devengado y la indemnización por costes de cobro, dada la inexistencia de medidas coercitivas eficaces para obligar al pago de dichos intereses moratorios y, en la mayoría de los casos, el acreedor se conforma con cobrar el principal del crédito adeudado.

Desde hace muchos años, las organizaciones empresariales, las asociaciones de trabajadores autónomos y los expertos en lucha contra la morosidad (entre los que se encuentra el que suscribe este post, que importó la idea de establecer un régimen sancionador en caso de incumplimiento de los plazos de pago legales de la legislación francesa: La Loi de Modernisation de l’Économie du 4 août 2008; Article L441-6 du Code de Commerce) hemos reclamado al Legislador y al Ejecutivo de turno que se promulguen medidas coercitivas para que la norma contra la morosidad se cumpla en la realidad empresarial de este país. Hasta hace poco, los partidos políticos habían demostrado un desinterés por esta cuestión. No obstante, el pasado día 20 de junio, ¡Aleluya! se produjo una epifanía en el Congreso, gracias a esta revelación momentánea, los políticos y todos los grupos parlamentarios entendieron por fin la necesidad de promulgar medidas coercitivas para hacer cumplir la ley contra la morosidad. Así pues, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, tomó en consideración la Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y se inició la tramitación de este proyecto. Vale la pena decir, que en la votación plenaria de la toma en consideración de dicha proposición, se cosecharon 335 votos a favor (en el Congreso hay 350 diputados), ninguno en contra y cero abstenciones.

No obstante, no hay que cantar todavía victoria, como se han apresurado a hacer algunos con ánimo triunfalista, y con más afán de postureo y de tener protagonismo en los medios de comunicación, que en conseguir que la Ley contra la morosidad se implemente algún día en la realidad empresarial, porque el trámite parlamentario por el que debe pasar dicha Proposición de Ley es largo y tortuoso; primero pasará por la presentación de enmiendas en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, que es la fase clave de la tramitación y en el que los grupos parlamentarios del Partido Popular y del PSOE han anunciado que quieren incorporar importantes enmiendas. Por tanto, ha de pasar tiempo para ver la norma publicada en el BOE; esto si se llega a promulgar algún día.

 

Autor: Pere Brachfield
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