La futura ley de contratos del sector público acortará los plazos de cobro

El texto del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público reducirá los plazos de cobro y obligará a la Administración a pagar a 60 días

Las Administraciones públicas españolas son de las que pagan más tarde en toda la UE; circunstancia que drena la tesorería de contratistas y proveedores españoles y, así, la morosidad del sector público lastra la competitividad y frena la buena marcha de nuestra economía. En apoyo de esta afirmación, tenemos el estudio realizado por INFORMA D&B, S.A sobre el comportamiento de pagos de las administraciones que reveló que durante el segundo trimestre de este año, el periodo medio de pago de la Administración se situó en 88,68 días. Además, dicho estudio reveló que el Retraso Medio de Pago de la Administración repuntó a partir de 2015 hasta la fecha. El informe detectó que, durante el primer trimestre de 2017, el Retraso Medio de Pago de la Administración se situó en 24,68 días. Asimismo, dicho estudio afirmó que, analizando los datos de comportamiento de pagos europeos, se pudo ver que la Administración pública española se situó durante el primer trimestre de 2017 en el segundo puesto del ranking de administraciones con mayor retraso medio de pago, superada únicamente por Italia, país que tiene un retraso medio de 47,64 días.

Otro informe que reveló los dilatados plazos de pago de la Administración es el elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Dicho informe sobre los plazos de pago de las administraciones públicas con los autónomos que todas incumplen la Ley de Morosidad, tanto la local, como la autonómica y la estatal. De hecho, el 80% de las administraciones públicas en España sigue incumpliendo la Ley de Morosidad. Además, el estudio desveló que los plazos medios de pago con los autónomos de las administraciones públicas en el primer semestre de 2017 son de 71 días. A su vez, el Observatorio de Deuda de la Federación Española de Empresa de Tecnología Sanitaria (FENIN) a finales de agosto patentizó que la cifra global de facturas pendientes de cobro de las Comunidades Autónomas con los proveedores de tecnología sanitaria se situaba en 834 millones de euros y con un plazo medio de pago de 91 días. En consecuencia, existe un problema de morosidad en el sector público que perdura hasta ahora.

Vale la pena señalar, que el apartado 4 del artículo 216 “Pago del precio” del actual Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) establece que la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. Ahora bien, la problemática de los dilatados plazos de pago que imponen las Administraciones Públicas a sus contratistas surgió con la polémica reforma del 2013 del apartado 4 del artículo 216 “Pago del precio” del TRLCSP. Antes de la reforma, la norma establecía que la Administración tenía la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los documentos que acrediten la realización del contrato. La reforma sustituyó el grupo sintáctico nominal “fecha de la expedición” por el de “fecha de aprobación”, cambio que permitió a las Administraciones alargar notablemente el plazo de pago. Lo primero que uno piensa al leer este precepto es que no se indica en cuánto tiempo la Administración deberá aprobar los documentos para que se inicie el cómputo del plazo de pago.

Con el fin de establecer este período, el Ejecutivo añadió un nuevo párrafo en el citado artículo: “La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación”. Debe tenerse presente, que la excepción se ha convertido en la regla y es muy usual que, gracias al presunto acuerdo, los pagos de las administraciones se demoren bastante más allá de los sesenta días, institucionalizando la morosidad de la Administración.

El texto del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación pública aprobado con competencia legislativa plena por la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, y, al que falta solamente su tramitación en el Senado, introduce una importante modificación en el artículo que regula el plazo de pago y que pretende acabar con la morosidad de la Administración. El nuevo redactado mantiene que la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos; sin embargo, modifica la norma existente hasta ahora, que daba potestad a la Administración para pactar con el contratista un plazo para la aprobación, y  establece que la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. Esta modificación va a reducir notablemente el plazo de pago real del sector público a 60 días como máximo; o sea el pago deberá realizarse en los 30 días siguiente a la fecha de aprobación, y ésta deberá hacerse cómo máximo a los 30 días de la entrega de los bienes o prestación del servicio.

En consecuencia, el proyecto de ley elimina toda posibilidad a que la Administración pueda acogerse a alguna excepción legal y no tendrá justificación ni vericueto legal para no pagar en el plazo máximo de sesenta días sin verse obligada a abonar los intereses de demora establecidos en la mencionada Ley 3/2004 de Ley 3/2004, de 29 de diciembre que, hoy por hoy, están fijados en el 8,00 por 100. Además, protegerá a los pequeños contratistas del abuso de algunas Administraciones, que les obligaban a aceptar condiciones de pago leoninas y reducirá la morosidad del sector público.

 

Autor: Pere Brachfield
Todos los derechos reservados; se prohíbe la reproducción total o parcial de este artículo