Las ventajas que han aportado SEPA y las Directivas sobre servicios de pago

La Single Euro Payments Area o SEPA y las Directivas Europeas de servicios de pago han supuesto grandes ventajas a empresas y consumidores

SEPA es el acrónimo en inglés del sintagma nominal “Single Euro Payments Area”, lo que en español sería algo así como “Zona Única de Pagos en Euros” supuso un gran paso en la integración europea al eliminar las barreras y diferencias de trato en las transacciones bancarias de pago entre países europeos, propiciando el desarrollo de una oferta de servicios de pago más competitiva, innovadora, segura y eficiente. Los instrumentos de pago SEPA ofrecen a los usuarios de servicios bancarios (tanto si son consumidores como empresas) un sistema de cobros y pagos paneuropeo e interoperable ya que es idéntico en 34 países europeos, que son todos los miembros del Espacio Económico Europeo, compuesto a su vez por los veintiocho estados de la Unión Europea más Liechtenstein, Islandia y Noruega y San Marino, Suiza y Mónaco. Por tanto, entre los Estados miembros de SEPA todavía no se encuentra el Principat d’Andorra.

Gracias a la implantación de SEPA, empresas, administraciones y particulares pueden efectuar pagos en euros o en otras divisas, sin utilizar efectivo, desde una sola cuenta situada en cualquier lugar de la zona de Europa que esté integrada en SEPA, mediante un único conjunto de instrumentos de pago y con la misma facilidad, coste, eficiencia y seguridad con que los realizan en al ámbito nacional. El éxito del proceso de adaptación a SEPA estuvo sometido a un conjunto de factores cuya evolución ayudó a la buena marcha de la iniciativa. Estos condicionantes fueron, principalmente, de tipo legal (relativos al marco jurídico europeo) o económico (de viabilidad de negocio). Dentro de los condicionantes legales el más importante que existía era la carencia de un marco jurídico uniforme, aplicable en toda la Europa del euro. La Directiva sobre Servicios de Pago persiguió poner fin a la disparidad legislativa en la materia. La Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior proporcionó una base jurídica moderna para la creación de un mercado interior de pagos, del que la SEPA constituye un elemento esencial. El objetivo de la Directiva fue garantizar que los pagos en el ámbito de la UE –en particular las transferencias, los adeudos directos y los pagos efectuados con tarjeta– puedan realizarse con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos nacionales internos de los Estados miembros, estableciendo el marco jurídico necesario para la creación de la Zona Única de Pagos para el Euro (SEPA). La Directiva reforzó los derechos y la protección de todos los usuarios de los servicios de pago (consumidores, minoristas, pequeñas y grandes empresas y autoridades públicas). El BCE y la Comisión Europea estimaron que la adopción de la Directiva por el Parlamento Europeo constituyó un paso decisivo para la creación de la SEPA.

La Directiva 2007/64/CE, al armonizar el marco jurídico aplicable, facilitó en gran medida la aplicación operativa de los instrumentos de la SEPA en el sector bancario, además de su adopción por parte de los usuarios finales, lo que sentará las bases para un mercado único “interno” de pagos en euros. Asimismo, la Directiva reforzó la protección de los consumidores y fomentó la competencia y la innovación, incentivando así el progreso tecnológico y el desarrollo de nuevos productos, como la facturación electrónica, que pueden reportar notables beneficios a la economía en su conjunto. La Directiva estableció las normas de ejecución de las operaciones de pago cuando las operaciones de movimiento de fondos sean en formato electrónico. Por tanto, no se aplica ni a las operaciones de pago efectuadas en efectivo, ni a las operaciones de pago efectuadas por medio de cheques en papel, toda vez que dichas operaciones, por su propia naturaleza, no pueden procesarse con la eficiencia de otros medios de pago. La Directiva tuvo como meta proporcionar una mayor protección para el consumidor europeo, proporcionándole una mayor seguridad jurídica y una serie de derechos como usuario de los servicios de pago. Además, la Directiva 2007/64/CE dispuso que en las transferencias transfronterizas en euros que no impliquen un cambio de divisas, el dinero estará disponible como más tarde en la cuenta del beneficiario al final del siguiente día hábil de la fecha de ejecución. Vale la pena recordar, que los Estados miembros de la UE tuvieron que transponer la Directiva a sus respectivas legislaciones nacionales a más tardar, el 1 de noviembre de 2009.

En otro orden de cosas, hace unos años se promulgó la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE, mejor conocida como la Segunda Directiva de Pagos, o como su acrónimo inglés, PSD2. Los estados miembros de la UE debían trasponer esta regulación a la legislación nacional como más tarde en enero de 2018, pero este trámite fue pospuesto a la espera de que el Parlamento Europeo aprobase las Normas Técnicas, conocidas como RTS, aspecto complementario y crítico para la implantación de esta normativa. Dado que el Parlamento Europeo aprobó y publicó el Reglamento que regula estas últimas el pasado 13 de marzo de 2018, concediendo un plazo de 18 meses para su implantación, se concluye como fecha límite para ello el 14 de septiembre de 2019.

La Directiva PSD2 persigue abrir el mercado de los Servicios de Pago a las denominadas Entidades de Pago, nuevos proveedores a sumar a los tradicionales Bancos Comerciales. Esto implica permitir el acceso a terceros a la infraestructura de los bancos, y que, entre otras novedades, elimina los cargos adicionales por pagos con tarjeta o transferencias y regulan el funcionamiento de nuevos servicios que operan a través de Internet o dispositivos móviles. De esta forma, una mayor competencia derivará en un mercado más dinámico, transparente y eficiente para los usuarios de estos servicios, principalmente consumidores y empresas. Si a esto añadimos el importante crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de fortalecer la seguridad de los pagos por Internet, tendremos una visión global del alcance de esta normativa. La Directiva PSD2 regula las condiciones que deben cumplir estas Entidades de Pago en cuanto a capital, recursos propios, estructura organizativa y plan de contingencias, en función de lo servicios que presten, así como la preceptiva autorización administrativa para poder actuar con las garantías legales suficientes.

Por consiguiente, la PSD2 ofrece oportunidades a todos los actores residentes en Europa; en primer lugar para los clientes de los servicios de pago, tanto particulares como empresas, se abre un escenario presidido por un mayor número de proveedores y servicios que, resueltos en un entorno tecnológico más seguro que el actual, deberá redundar en un incremento de la oferta y calidad de servicios y una disminución del precio de los mismos; en segundo lugar, para las entidades financieras, la oportunidad de establecer estrategias de colaboración con los TPPs autorizados ampliando la gama de servicios bancarios, lo que les da una oportunidad de monetizarlos; y en tercer lugar, para las Fintech y proveedores de servicios tecnológicos, el reto de desarrollar e implantar servicios de calidad que ofrezcan soluciones eficientes al elevado número de clientes de los servicios de pago.

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Autor: Pere Brachfield

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