Las normas comunitarias para emitir facturas en la Unión Europea

La Directiva 2010/45/UE del Consejo establece las normas para emitir facturas en la Unión Europea.

En materia de facturación el legislador europeo se ha preocupado de establecer unas reglas que deben seguir todas las empresas y profesionales residentes en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. Debe tenerse en cuenta que, con la misión de salvar la divergencia entre legislaciones de los distintos Estados miembros y la existencia de ciertas lagunas no reguladas por la normativa comunitaria, se aprobó la Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, “por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta a las normas de facturación” que debió transponerse al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros antes del 1/01/2013.

Los objetivos de la Directiva 2010/45/UE (Directiva europea de facturación) son los de conseguir la simplificación, modernización y armonización de las normas de facturación del IVA ya que el legislador europeo fue consciente de que estas metas no podían ser alcanzadas de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, podían lograrse mejor a nivel de la Unión Europea; así que como esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado, se aprobó la Directiva 2010/45/UE de conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, para modificar la Directiva europea del IVA en lo que respecta a las normas de facturación.

Consiguientemente, la Directiva 2010/45/UE del Consejo persigue tres objetivos básicos: primero, asegurar la igualdad en el tratamiento de las facturas en papel y las facturas electrónicas con el fin de potenciar la facturación electrónica y luchar con el fraude; segundo, garantizar a las empresas una seguridad jurídica definiendo unas reglas de territorialidad destinadas a designar el Estado miembro cuyas reglas de facturación se aplicarán y tercero, reforzar el funcionamiento del IVA en el mercado interior comunitario simplificando y uniformizando las reglas de facturación y el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Asimismo, bajo mi punto de vista, uno de los nuevos preceptos que ha implantado la Directiva europea de facturación para emitir facturas en la Unión Europea es el de imponer el principio de igualdad de tratamiento de las facturas en papel y las facturas electrónicas e instaura para todo expedidor o destinatario de una factura, la obligación de asegurar la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad desde el momento de su emisión hasta el final de su período de conservación. Esta obligación ya existía en la Directiva 2006/112/CE (Directiva europea del IVA), pero solamente para las facturas electrónicas; así pues, a partir de la entrada en vigor de la Directiva de facturación también se aplica a las facturas en papel.

La “autenticidad del origen” se define como la seguridad de la identidad del proveedor o del emisor de la factura y la noción de “integridad del contenido” supone que el contenido de la factura no ha sido modificado. El sujeto pasivo puede determinar libremente y bajo su propia responsabilidad la manera como cumplirá con estas obligaciones. A este respecto, la Directiva europea ha previsto que el expedidor de las facturas en la Unión Europea pueda integrar en su organización administrativa un procedimiento de control interno formalizado, documentado y pertinente, que cree una pista de auditoría fiable entre la factura y la entrega de bienes o la prestación de servicios.

En el caso de intercambio de facturas electrónica, el sujeto pasivo puede recurrir a la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y creada mediante un dispositivo seguro de creación de firma, destinado a garantizar la identidad del expedidor y del destinatario, o bien al intercambio electrónico de datos (EDI), si el acuerdo relativo al intercambio contempla el uso de procedimientos que garanticen la autenticidad del origen y la integridad de los datos.

Estas dos tecnologías son presentadas en el texto de la Directiva a título de ejemplo de procedimientos que ofrecen sin lugar a dudas una seguridad jurídica. Ahora bien, el uso de otros tecnologías o procedimientos no podrán ser rechazado por principio.

Por añadidura, si el emisor de las facturas en la Unión Europea recurre a una de estados dos tecnologías seguras o a cualquier otra tecnología o procedimiento –en soporte físico o electrónico–, tanto el sujeto pasivo como el destinatario de la operación tienen la obligación de demostrar que la factura emitida o recibida corresponde realmente a una entrega de bienes o a una prestación de servicios realmente efectuada.

Otro punto es que, si hacemos un estudio sistemático de las principales modificaciones introducidas por la Directiva 2010/45/UE en la esfera jurídica de la facturación, podemos diferenciar cinco apartados, a saber: la expedición de las facturas, el contenido, la conservación de facturas, la facturación electrónica y las normas relativas a la exigibilidad del IVA.

La Directiva 2010/45/UE incorpora a la Directiva del IVA un nuevo artículo 219 bis en el que se establecen unas reglas claras sobre quién debe ser el Estado miembro cuyas normas prevalezcan en cada caso. Así, se establece como regla general que la facturación estará sujeta a las normas que se apliquen en el Estado miembro en que, de conformidad con las normas del Impuesto, se considere efectuada la entrega de bienes o la prestación de servicios correspondiente. En pocas palabras, la normativa del Estado miembro donde se localice la operación.

Sin embargo, existen excepciones a esta regla general en determinadas operaciones mercantiles en las que se aplica la normativa del Estado miembro donde esté establecido el proveedor de la entrega de los bienes o el prestador del servicio. Estas transacciones mercantiles son las operaciones intracomunitarias con inversión del sujeto pasivo (salvo que la factura sea expedida materialmente por el destinatario de la operación; o sea, cuando exista autofacturación) y las operaciones localizadas fuera de la Unión Europea.

A continuación, vamos a hacer un repaso más detallado de estas dos excepciones a dicha regla general, en los siguientes supuestos: en primer lugar, cuando el proveedor o prestador no esté establecido en el Estado miembro en que se considere efectuada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o su establecimiento en ese Estado miembro no intervenga en la entrega de bienes o la prestación de servicios, y el sujeto pasivo del Impuesto sea la persona a la que se entreguen los bienes o se presten los servicios. Dicho de otro modo, cuando el proveedor o prestador no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto donde se localiza la operación y se produzca la comúnmente denominada inversión del sujeto pasivo. Sin embargo, quedarían exceptuados de esta regla especial aquellos supuestos en los que, en virtud de acuerdo, se expida la factura por el propio destinatario de la operación, en cuyo caso se aplicaría la regla general señalada; y en segundo lugar cuando la entrega de bienes o la prestación de servicios no se efectúe en la Unión Europea.

En estos dos supuestos la facturación estará sujeta a las normas que se apliquen en el Estado miembro en el que el proveedor o prestador esté establecido o tenga un establecimiento permanente a partir del cual se efectúa la entrega o la prestación o, en ausencia de tal lugar de establecimiento o establecimiento permanente, en el Estado miembro en que tenga su domicilio permanente o su residencia habitual.

 

Autor: Pere Brachfield
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