La reforma de la Ley contra la morosidad acabará con los morosos intencionales

La Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que se tramita en el Congreso aportará medidas resolutivas contra los morosos intencionales.

Hans Kelsen consideraba que las normas del Derecho son preceptos coactivos de la conducta humana que ordenan una determinada actuación. La ley faculta a los poderes del Estado para dirigir contra el infractor, un acto coactivo como sanción. Kelsen aseguró que sin sanción no hay deber jurídico y definió a este como una norma jurídica positiva que ordena la conducta de los individuos al vincular una sanción al comportamiento contrario a dicha norma. La norma debe contener un mandato y una consecuencia jurídica al incumplimiento de dicho mandato; es decir, una sanción. Karl Binding, un jurista alemán, expresó el mismo pensamiento de Kelsen al afirmar que una norma sin sanción es como una campana sin badajo. La máxima de Binding nos ofrece la mejor explicación del fracaso de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales: la falta de interés político en implementar los preceptos instaurados por esta Ley y la ausencia de medidas coercitivas para hacerla cumplir.

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales tiene por objeto combatir los retrasos en el pago de deudas dinerarias vencidas y también el abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación de los plazos de pago en las operaciones; así que, establece que el plazo de pago legal será de treinta días. Además, dicta que los plazos de pago no podrán ser ampliados mediante pacto de las partes por encima de los sesenta días naturales. Ahora bien, como hasta la fecha la Ley no había incorporado medidas coactivas, existe un incumplimiento generalizado de este precepto; en apoyo de esta afirmación, un estudio de INFORMA D&B patentiza que el periodo medio de pago en España se sitúa en 84 días; este plazo medio está muy por encima de los sesenta días que es el plazo máximo que permite la norma.

Como penalización a la morosidad, la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales determina que todo retraso en el momento de efectuar el pago da lugar al derecho a percibir intereses de demora y la obligación del moroso a pagarlos. El interés de demora correspondía a la suma del tipo de interés del BCE más ocho puntos. Además, la Ley antimorosidad cita que el moroso debe indemnizar al acreedor con 40 euros por cada factura impagada. Igualmente, el acreedor tendrá derecho a reclamar al moroso una indemnización por los costes de cobro acreditados que haya sufrido y que superen la cantidad de 40 euros. Sin embargo, son muy pocas las empresas que se atreven a reclamar los intereses moratorios y los costes de cobros a sus clientes.

Desde hace muchos años, los expertos en lucha contra la morosidad hemos reclamado al Legislador de turno que se promulguen medidas coercitivas para que la norma contra la morosidad se cumpla en la realidad empresarial de este país. Hasta hace poco, los partidos habían demostrado desinterés por esta cuestión. No obstante, el 20 de junio de 2017 todos los grupos parlamentarios entendieron por fin la necesidad de promulgar medidas coercitivas para hacer cumplir la ley contra la morosidad. Así pues, el Pleno del Congreso tomó en consideración la Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y se inició la tramitación de este proyecto. Vale la pena decir, que en la votación plenaria de la toma en consideración de dicha Proposición, se cosecharon 335 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones.

La futura Ley antimorosidad se estructura en dos artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El artículo 1 modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. Uno de los objetivos de esta reforma es, en primer lugar, dotar de una mayor claridad a los conceptos y términos empleados en la norma, así como delimitar de manera más precisa sus términos, por ejemplo, en lo relativo al ámbito de aplicación de la Ley o a los supuestos de nulidad de cláusulas contractuales. Seguidamente, se prevé el establecimiento de un Sistema Arbitral de Morosidad, al que todas las empresas que se hayan adherido voluntariamente al mismo podrán someter de manera ágil y gratuita las controversias que surjan entre ellas en relación con el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley antimorosidad. La organización, gestión y administración del Sistema Arbitral y el procedimiento de resolución de los conflictos, se establecerán reglamentariamente por el Gobierno. En tercer lugar, como medida de racionalización y simplificación normativa, se incorporan al articulado de la citada Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, una serie de disposiciones contempladas originalmente en la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecía la obligación de empresas y Administraciones de hacer públicos los plazos medios de pago con sus proveedores, a efectos de promover la transparencia y reforzar el cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores.

Asimismo, se prevé la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad en operaciones comerciales, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que corresponderá el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y propuestas de actuación en materia de lucha contra la morosidad. Entre otras funciones, este Observatorio remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de los plazos medios de pago, así como de las infracciones y sanciones previstas en esta Ley con el fin de evaluar la efectividad de las medidas adoptadas para combatir la morosidad en las operaciones comerciales y proponer, si fuera necesario, modificaciones o nuevas medidas para dicho fin.

También, como una de las novedades más destacadas de esta Ley, se establece un régimen de infracciones y sanciones en materia de morosidad, dando así cumplimiento a una reclamación histórica de las asociaciones representativas de pymes y trabajadores autónomos. Por último, el artículo 2 modifica la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, al objeto de trasladar a dicha norma las modificaciones operadas en la referida Ley 3/2004, de 29 de diciembre, con la finalidad de homogeneizar la regulación de los plazos legales de pago específicas aplicables al sector del comercio minorista con las previstas en la normativa general de lucha contra la morosidad empresarial. En particular, se modifica el artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que quedará modificado en los siguientes términos: “Los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los perecederos no excederán en ningún caso de treinta días. Los aplazamientos de pago para los productos de alimentación no frescos ni perecederos, los productos de gran consumo, así como el resto de productos no excederán en ningún caso del plazo de pago estipulado en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta reforma del artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, acabará con los privilegios de los comerciantes y distribuidores en el ámbito del comercio minorista que venden directamente al público y que les permite pactar con sus proveedores  condiciones de pago draconianas para los productos de gran consumo  (noventa días) y  para el resto de productos que no sean de gran consumo ni de alimentación, o sea, acordar plazos de pago por encima de los ciento veinte días, y sin limitación de plazo máximo de pago que pueden fijar. Por tanto, las grandes cadenas de distribución podrían pagar “legalmente” a sus proveedores, por ejemplo, a 360 días (360 días por decir algo) dentro de la legalidad vigente gracias al precepto del apartado 4 del Artículo 17. Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista

Esta disposición es muy perjudicial para las pymes y conculca el principio establecido en el apartado 3 del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que literalmente dicta: “Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales”.

 

Autor: Pere Brachfield
Todos los derechos reservados; se prohíbe la reproducción total o parcial de este artículo