La morosidad ha aumentado en 2018 a pesar de la ley antimorosidad

La morosidad y los impagados se han incrementado ya que la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales no sirve para controlar los retrasos e impagos

En España existen normas legales que regulan los plazos de pago. la “Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales después de la reforma de la Ley 11/2013, de 26 de julio impone que el plazo de pago será de treinta días naturales después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación. Por otro lado, la norma establece que los plazos de pago no podrán ser ampliados mediante pacto de las partes por encima de los sesenta días naturales. Consecuentemente la Ley 11/2013 de 26 de julio mantiene la norma imperativa que prohíbe taxativamente la posibilidad de alargar los períodos de cobro más de sesenta días desde la entrega de los bienes basándose en el principio de libertad contractual.

Sin embargo, una vez que han pasado más de catorce años de la entrada en vigor de la ley antimorosidad, España sigue sufriendo un problema crónico de falta de respeto a los plazos máximos de pago en las operaciones comerciales.

Un estudio publicado por INFORMA D&B patentiza que el periodo medio de pago de los créditos comerciales en España se ha incrementado hasta 87 días en el tercer trimestre de 2018, lo que supone un incremento de 3 días respecto al año anterior. En consecuencia, este plazo medio de pago está muy por encima de los sesenta días que es el plazo máximo que permite la norma.

Además, los resultados del último Barómetro de Prácticas de Pago difundido por la aseguradora Crédito y Caución, un 65% de las empresas españolas se ha visto afectada de forma significativa por la morosidad en los últimos doce meses. Además, el 88% de las empresas españolas sufre en mayor o menor medida la morosidad de sus clientes. El retraso en los pagos es ligeramente más frecuente entre clientes nacionales (del 89%) que de compradores extranjeros (del 86%). La proporción de facturas en mora se sitúa en el 44% del total. La diferencia entre facturas en mora de clientes nacionales (45%) o extranjeros (43%) es poco significativa. Los retrasos más extendidos se registraron en los sectores de construcción y bienes de consumo duradero. La principal causa de la morosidad de los clientes nacionales es la insuficiente disponibilidad de fondos (46%), seguida de la financiación a costa del proveedor (35%). En el caso de los clientes extranjeros, la morosidad se debe a la complejidad del procedimiento de pagos (29%) y las ineficiencias del sistema bancario (24%).

Según el citado estudio, las consecuencias de estas demoras en la liquidación de las facturas vencidas son negativas para la buena marcha del tráfico mercantil, puesto que, para gestionar el impacto negativo de la disminución del flujo de caja, el 22% de las empresas españolas afectadas por la morosidad de sus clientes ha pospuesto o incumplido los pagos con sus propios proveedores. El 20% de los negocios perjudicados ha perdido notables ingresos a causa de los retrasos en pagos de sus clientes. Si hay algo peor que soportar un retraso en el pago de una factura vencida, es sufrir la pérdida por resultar incobrable un crédito comercial. El informe de Crédito y Caución reveló que la tasa de facturas incobrables se sitúa en España en el 1,5%. Esta cifra por sí sola no nos dice mucho, pero en comparación con nuestro entorno de la UE, es ligeramente por encima del promedio de Europa Occidental (1,3%). Las cuentas incobrables se originaron con mayor frecuencia en clientes de los sectores de productos químicos, construcción, bienes de consumo duradero y servicios.

En mi opinión, la mejor explicación del fracaso de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales es la falta de un régimen de infracciones y de sanciones, debida a la inexistencia de un interés político en implementar los preceptos instaurados por esta Ley. Esta ausencia de medidas coercitivas para hacer cumplir los preceptos dispuestos en la ley antimorosidad ha provocado su ineficacia en la realidad empresarial.

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