La Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad puede verse desvirtuada en el Congreso

La Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ha sido objeto de una enmienda que puede ser letal para limitar los plazos de pago

En España existen normas legales que regulan los plazos de pago. la “Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales después de la reforma de la Ley 11/2013, de 26 de julio impone que el plazo de pago será de 30 días naturales después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación. Por otro lado, la norma establece imperativamente que los plazos de pago no podrán ser ampliados mediante pacto de las partes por encima de los 60 días naturales contados desde la entrega de la mercancía al comprador o la prestación del servicio al cliente.

Consecuentemente, la norma actualmente en vigor que de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre dicta una norma imperativa que prohíbe taxativamente la posibilidad de alargar los períodos de cobro más de 60 días desde la entrega de los bienes basándose en el principio de libertad contractual; por lo tanto las partes no pueden establecer aplazamientos de pago por encima de los 60 días naturales contados desde la entrega de los bienes puesto que la citada Ley ha impuesto un límite para el principio de la autonomía de la voluntad, al disponer que el plazo de 60 días no podrá ser ampliado por la autonomía negocial derivada de la actuación de las partes contratantes.

Vale la pena señalar, que la Ley 3/2004, no es una particularidad legislativa española, sino que es el resultado de la transposición de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y posteriormente de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Los principales objetivos de estas Directivas son: primero, incentivar a las empresas privadas y a las administraciones públicas a respetar los plazos de pago en las operaciones comerciales; segundo, evitar la imposición de plazos excesivamente dilatados por parte de las grandes empresas a sus proveedores; y tercero armonizar de forma indirecta las diferentes prácticas de pago de los Estados de la UE, marcando un plazo de pago de referencia de 30 días –que es obligatorio por defecto en caso de inexistencia de pacto expreso– para la liquidación de las operaciones mercantiles entre empresas. Todo retraso en relación con este plazo dará derecho automáticamente a los acreedores a percibir intereses de demora. También tendrán derecho a reclamar los intereses moratorios e indemnizaciones por costes de cobro cuando los deudores se retrasen en pagar la factura una vez vencido el plazo contractual.

Sin embargo, una vez que han pasado más de catorce años de la entrada en vigor de la ley antimorosidad, España sigue sufriendo un problema crónico de falta de respeto a los plazos máximos de pago en las operaciones comerciales. En mi opinión, la mejor explicación del fracaso de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales es la falta de un régimen de infracciones y de sanciones, debida a la inexistencia de un interés político en implementar los preceptos instaurados por esta Ley. Esta ausencia de medidas coercitivas para hacer cumplir los preceptos dispuestos en la ley antimorosidad ha provocado su ineficacia en la realidad empresarial. Como aseguró de forma contundente Karl Binding: “una ley sin pena es una campana sin badajo” a lo que se puede añadir un irónico aforismo del profesor Federico de Castro y Bravo: “En España la abundancia de leyes se mitiga con su incumplimiento”.

Desde hace muchos años las organizaciones patronales que representan a las pymes y los expertos en combatir la morosidad han reclamado al Legislador que se promulguen medidas coercitivas para que la norma contra la morosidad se cumpla en la realidad empresarial y no sea un mero brindis al sol. Durante casi catorce años los partidos políticos habían demostrado desinterés por incluir un régimen de infracciones y de sanciones en la Ley antimorosidad. Ahora bien, el 9 de mayo de 2017, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Y el 20 de junio de este mismo año todos los grupos parlamentarios entendieron la necesidad de incorporar medidas coercitivas para hacer cumplir la ley contra la morosidad. Así pues, el Pleno del Congreso tomó en consideración la Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad presentada por Ciudadanos y se inició la tramitación de este proyecto.

La Proposición de Ley se estructura en dos artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El artículo 1 modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. Uno de los objetivos de esta reforma es, en primer lugar, dotar de una mayor claridad a los conceptos y términos empleados en la norma, así como delimitar de manera más precisa sus términos, por ejemplo, en lo relativo al ámbito de aplicación de la Ley o a los supuestos de nulidad de cláusulas contractuales. Seguidamente, se prevé el establecimiento de un Sistema Arbitral de Morosidad, al que todas las empresas que se hayan adherido voluntariamente al mismo podrán someter de manera ágil y gratuita las controversias que surjan entre ellas en relación con el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley antimorosidad.

La organización, gestión y administración del Sistema Arbitral y el procedimiento de resolución de los conflictos, se establecerán reglamentariamente por el Gobierno. En tercer lugar, como medida de racionalización y simplificación normativa, se incorporan al articulado de la citada Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, una serie de disposiciones contempladas originalmente en la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecía la obligación de empresas y Administraciones de hacer públicos los plazos medios de pago con sus proveedores, a efectos de promover la transparencia y reforzar el cumplimiento de los plazos legales de pago a proveedores. Asimismo, se prevé la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad en operaciones comerciales, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que corresponderá el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y propuestas de actuación en materia de lucha contra la morosidad.

También, como una de las novedades más destacadas de esta Ley, se establece un régimen de infracciones y sanciones en materia de morosidad, dando así cumplimiento a una reclamación histórica de las asociaciones representativas de pymes y trabajadores autónomos. Por último, el artículo 2 modifica la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, al objeto de trasladar a dicha norma las modificaciones operadas en la referida Ley 3/2004, de 29 de diciembre, con la finalidad de homogeneizar la regulación de los plazos legales de pago específicas aplicables al sector del comercio minorista con las previstas en la normativa general de lucha contra la morosidad empresarial. En particular, se modifica el artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que quedará modificado en los siguientes términos: “Los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los perecederos no excederán en ningún caso de 30 días. Los aplazamientos de pago para los productos de alimentación no frescos ni perecederos, los productos de gran consumo, así como el resto de productos no excederán en ningún caso del plazo de pago estipulado en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; es decir 60 días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes.

Esta reforma del artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, debería acabar con los privilegios de los comerciantes y distribuidores en el ámbito del comercio minorista que venden directamente al público y que les permite pactar con sus proveedores  condiciones de pago draconianas para los productos de gran consumo  (noventa días) y  para el resto de productos que no sean de gran consumo ni de alimentación, o sea, acordar plazos de pago por encima de los ciento veinte días, y sin limitación de plazo máximo de pago que pueden fijar. Por tanto, las grandes cadenas de distribución podrían pagar “legalmente” a sus proveedores, por ejemplo, a 360 días (por decir algo) dentro de la legalidad vigente gracias al precepto del apartado 4 del Artículo 17. Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Esta disposición es muy perjudicial para las pymes y conculca el principio establecido en el apartado 3 del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que literalmente dicta: “Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales”.

En estos últimos meses la tramitación de la iniciativa legislativa en el Congreso ha llegado a su recta final. En la Comisión de Economía y Empresa los diputados ponentes están confeccionando el texto final de la ley. Ahora bien, ha caído como un jarro de agua fría sobre las organizaciones que representan a las pymes que el PSOE –seguramente influido por algunos lobbies muy poderosos– ha presentado una enmienda al proyecto de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad concretamente en la reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que resulta de una iniquidad intolerable, ya que mantiene la posibilidad de que la gran distribución minorista siga pagando cuando quiera, puesto que el precepto legal prevé que su puedan pactar aplazamientos de pago superiores a ciento veinte días, sin fijar techo alguno. Para salvar las apariencias, la norma prevé que el vendedor pueda exigir que los pagos de las facturas queden garantizados mediante aval bancario, lo que en la práctica supondrá que dicho proveedor imprudente se convierta ipso facto en exsuministrador de la gran distribución. Todavía tengo la esperanza que los diputados miembros de la Comisión de Economía y Empresa que están redactando el texto final de la ley de refuerzo antimorosidad comprendan que ahora la misión del legislador es homogeneizar la regulación de los plazos legales de pago específicas aplicables al sector del comercio minorista con las previstas en la normativa general de lucha contra la morosidad empresarial, sin que, en ningún caso, se pueda acordar contractualmente un plazo superior a 60 días naturales.

El Gobierno de Pedro Sánchez, la ministra de Economía y Empresa, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, junto a los diputados de la Comisión de Economía y Empresa deberían dedicar algunos minutos de sus apretadas agendas a estudiar una ley recientemente promulgada en Chile denominada “Ley de Pago a 30 días” que beneficiará a más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas chilenas y para más de cuatro millones de personas que dependen económicamente en torno a ellas. El proyecto había sido anunciado por el presidente Piñera el pasado julio de 2018 después de que este mandatario sostuviera un encuentro con representantes de las pequeñas y medianas empresas chilenas, que le instaron a tomar medidas legales para acortar los plazos de pago a las pymes. Esta era una de las principales demandas de los emprendedores y de las pymes chilenos: que las grandes empresas no abusaran y les pagaran en un plazo más breve del acostumbrado. Vale la pena señalar que, en diciembre del pasado año, el proyecto de “Ley de Pago a 30 días” cumplió su último trámite legislativo y obtuvo 110 votos a favor, solo 26 en contra y una abstención, de modo que fue aprobado por la Cámara de Diputados, quedando así listo para ser promulgado y convertirse en ley.

Con la promulgación de la nueva norma el presidente de Chile busca garantizar a los pequeños y medianos empresarios de su país el pago en un lapso de un mes, tiempo que antes se podía extender hasta 120 días. No obstante, la norma jurídica va a tener un plazo de transición para ir reduciendo progresivamente el plazo máximo de pago que evolucionará de los 60 días a los 45, para llegar a los 30 días dentro de dos años, que será el plazo de pago legal definitivo. Asimismo, la ley nueva instaura la aplicación de intereses moratorios por cada día de atraso en el pago de la factura y una penalización por la mora. Debe señalarse que esta ley exigirá las mismas condiciones de pago tanto para el sector privado como para el público. Además, el incumplimiento sistemático de los plazos dispuestos en la nueva ley se considerará como una práctica de competencia desleal y se sancionará como tal.

Los aspectos que me han llamado más la atención en el proceso de aprobación de esta nueva ley en Chile han sido, en primer lugar, el firme compromiso con las pymes que ha demostrado el presidente Piñero y el impulso permanente que el Gobierno chileno ha dado a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, puesto que el ministro de Economía, José Ramón Valente, lideró la discusión del proyecto en el Congreso. En segundo lugar, el amplio consenso que el proyecto de ley del presidente Piñero obtuvo entre los diputados de la Cámara. El ejecutivo chileno agradeció el compromiso de los congresistas con las pymes chilenas, resaltando lo importante que será para ellas terminar con la incertidumbre de pago, que muchas veces ha sido un freno para el crecimiento de sus negocios o incluso ha significado su cierre por problemas financieros. En tercer lugar, me ha encantado el diálogo permanente que existen entre el Gobierno chileno, encarnado en su principal mandatario, y los representantes de los empresarios; este diálogo permanente ha facilitado la comprensión por parte del Gobierno de los problemas que afectan a las pymes y ha conseguido cambios en la legislación que los van a solucionar.

En particular, nuestros políticos deberían leer el Considerando 9 de la ley chilena de “Pago a 30 días” y que declara lo siguiente: “Si realmente queremos apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas ese es el camino que Chile debe seguir. Si las empresas (del Estado y privadas) pagan a tiempo es altamente probable que solucionemos uno de los grandes problemas que afectan al emprendimiento. La norma que proponemos es similar a la española. Se establece plazo máximo de pago, 30 días, se suprime la posibilidad de «pacto entre las partes», con el fin de evitar posibles prácticas abusivas de las grandes empresas sobre sus proveedores, y se establecen sanciones por morosidad”. Puede observarse, pues, que este Considerando recoge la esencia de la cuestión; esperemos que los políticos españoles sigan el ejemplo de sus colegas chilenos.

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