La complejidad del IVA intracomunitario en operaciones entre Estados miembros de la UE

La Directiva (UE) 2017/2455 introduce importantes cambios en el IVA intracomunitario.

El mercado interior europeo, también denominado mercado único, hace posible que los ciudadanos y las empresas puedan circular y efectuar operaciones comerciales libremente en los 28 países de la Unión Europea. Las piedras angulares del mercado único son la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, cuyo conjunto se denomina colectivamente las “cuatro libertades”, consagradas en el Tratado de la UE. El mismo Tratado faculta a las instituciones de la UE para adoptar leyes (en forma de reglamentos, directivas y decisiones) que prevalecen sobre el Derecho nacional y son vinculantes para las autoridades nacionales.

Desde el 1 de enero de 1993, fecha en la que el mercado único se convirtió en una realidad, de los 12 Estados miembros de entonces se ha pasado a los 28 países actuales. La Comisión Europea dispone de diversos instrumentos para garantizar que el mercado único funcione correctamente para todos. Hace 20 años, los problemas se resolvían sobre todo aprobando nueva legislación o emprendiendo acciones legales contra los países de la Unión Europea (UE). El planteamiento actual es más ambicioso y práctico, basado en una estrecha cooperación entre la Comisión y los países de la UE, así como con los ciudadanos y las empresas, y se centra en el funcionamiento real del mercado único.

Una vez adoptada la nueva legislación, las autoridades efectúan un seguimiento de su aplicación. Para ser eficaces, las autoridades nacionales tienen que estar conectadas entre sí a través de las fronteras y trabajar juntas para así hacer frente a cualquier problema que pudiera surgir. En cada etapa del ciclo se recogen y evalúan observaciones, de modo que los responsables políticos pueden decidir si es necesaria una nueva legislación o si debe adaptarse o derogarse la legislación vigente. La aplicación de las normas de la UE exige que sean incorporadas a la legislación nacional. Desde 1998, la Comisión califica los registros de los Estados miembros sobre la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único mediante un “cuadro de indicadores del mercado interior”.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, es importante tener en cuenta que el IVA es un impuesto armonizado en los Estados miembros de la UE, de forma que la legislación interna de cada uno de los Estados debe ajustarse a las Directivas europeas sobre la materia, de acuerdo con los principios del Derecho de primacía y eficacia directa de las normas comunitarias.
La norma comunitaria durante años fue la denominada Sexta Directiva del Consejo de 17 de mayo de 1977 en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios. Sistema común del IVA: Base imponible uniforme (Directiva 77/388/CEE).

Después de diversas modificaciones de esta Sexta Directiva comunitaria del IVA, se promulgó, a modo de refundición, la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, que se convirtió desde la fecha de su entrada en vigor el 1 de enero de 2007 en la norma básica comunitaria del IVA. Hay que hacer notar, que esta Directiva europea también ha sido objeto de diversas modificaciones; por ejemplo por la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta al lugar de la prestación de servicios, por la Directiva 2009/132/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, que delimita el ámbito de aplicación del artículo 143, letras b) y c), de la Directiva 2006/112/CE en lo referente a la exención del impuesto sobre el valor añadido de algunas importaciones definitivas de bienes y también por la Directiva 2010/45/UE de facturación.

Hay que hacer notar, que la citada Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero de 2008 introdujo nuevas reglas de localización aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos, prestados a destinatarios que no tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como tal, es decir a los particulares o consumidores finales y que pasan a gravarse en el lugar donde el destinatario esté establecido, tenga su domicilio o residencia habitual, independientemente del lugar donde esté establecido el prestador. Estas normas de localización resultaron aplicables desde el 1 de enero de 2015.

Antes de esta reforma legal, las prestaciones de servicios electrónicos a consumidores finales por parte de empresarios de la UE se gravaban en el país del proveedor, mientras que, si el prestador era un empresario establecido fuera de la UE, el servicio se localizaba donde estuviera establecido el destinatario. Como se ha comentado, con la nueva regulación, vigente a partir del 1 de enero de 2015, cuando estos servicios electrónicos se presten a una persona que no tenga la condición de empresario o profesional actuando como tal (particulares o consumidores finales), pasan a gravarse en el lugar donde el destinatario del servicio se encuentre establecido, con independencia del lugar donde radique o esté establecido el prestador de los servicios, es decir, tanto si el prestador del servicio es un empresario establecido en la UE como si está establecido fuera de esta.
Como consecuencia de esta modificación, por tanto, los servicios de por vía electrónica cuyo adquirente sea un consumidor final se entenderán localizados en España (excepto Canarias) si es allí donde está establecido el consumidor final, de manera que, con independencia de donde esté establecido el prestador, deberá repercutir el IVA según el tipo español y no el del país de establecimiento del prestador.

Téngase en cuenta que recientemente fue aprobada la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del IVA para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes. Asimismo, hay que tener presente, el Reglamento (CE) nº 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 218/92, que a su vez fue derogado y reemplazado por el Reglamento (UE) nº 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, y que fue aplicable desde el 1 de enero de 2012, el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

Además tenemos el Reglamento (UE) nº 967/2012 del Consejo, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, o por vía electrónica a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 en lo relativo al lugar de realización de las prestaciones de servicios.

Adicionalmente, han sido aprobados el Reglamento de ejecución (UE) 2017/2459 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del IVA y el Reglamento (UE) 2017/2454 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 904/2010 relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del IVA.

Autor: Pere Brachfield
Todos los derechos reservados; se prohíbe la reproducción total o parcial de este artículo