La formación a gestores de recobro evita que cometan delitos de acoso a los deudores

El acoso telefónico a los deudores es un delito y la formación a gestores de recobro es la solución para evitar que lo puedan cometer.

Desde la reforma del Código Penal en 2015 por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo está penado el acoso a los morosos, incluso el que la doctrina ha denominado acoso telefónico. Este nuevo delito se encuadra dentro de los delitos contra la libertad, concretamente en el capítulo Tercero “De las coacciones”, regulándose en el artículo 172 ter las conductas de acoso hacia una persona que alteren gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. Este artículo está destinado a ofrecer respuestas a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas en la práctica de nuestros Tribunales como delitos de amenazas o coacciones.

El nuevo tipo penal de acoso criminaliza conductas consideradas graves que no tenían un claro encaje en otras figuras criminales, cuando se producen conductas reiteradas que menoscaban gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, sometida a persecuciones, vigilancias, llamadas u otros actos continuos de hostigamiento.

Aunque este tipo penal no lo prevea expresamente, los jueces y tribunales están aplicando el nuevo artículo 172 ter para calificar como delito el acoso a los morosos. Este nuevo ilícito penal está facultando que haya resoluciones judiciales que condenan a los cobradores que acosan a los deudores; en particular, cuando los cobradores utilicen métodos ilegales en el recobro de morosos; actos ilícitos que hasta la reforma del Código Penal no recibían condenas judiciales por falta de tipicidad delictiva.

Antes de la reforma del Código Penal de 2015 había muchos supuestos de acoso a deudores que quedaban impunes, lo que con la aplicación del artículo de yugula el acoso, la conducta de quien persigue a otra persona porque presuntamente es moroso, la acecha o la vigila contra su voluntad hasta causar un grave quebranto de su tranquilidad, comete un ilícito penal castigado por la ley.

 

El Artículo 172 ter del Código Penal

En España, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo que modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, se introduce en la norma penal un nuevo delito: el denominado delito de acoso.

Este nuevo delito se encuadra dentro de los delitos contra la libertad, concretamente en el capítulo Tercero “De las coacciones”, regulándose en el artículo 172 ter las conductas de acoso hacia una persona que alteren gravemente el desarrollo de su vida cotidiana.

El artículo 172 ter está destinado a ofrecer respuestas a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas en la práctica de nuestros Tribunales como delitos de amenazas o coacciones.

El nuevo tipo penal de acoso criminaliza conductas consideradas graves que no tenían un claro encaje en otras figuras criminales, cuando se producen conductas reiteradas que menoscaban gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, sometida a persecuciones, vigilancias, llamadas u otros actos continuos de hostigamiento.

 

Artículo 172 ter del Código Penal

“1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

• 1.ª) La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
• 2.ª) Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.
• 3.ª) Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.
• 4.ª) Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

Ya hemos visto el nuevo precepto del artículo 172 ter del vigente Código Penal que tipifica el delito de acoso y según la actual jurisprudencia, incluso el que comenten determinadas agencias de recobro utilizando solamente el teléfono. En este tipo penal pueden entrar las conductas del sujeto activo que supongan la humillación, intimidación, o vulneración de la intimidad, cuando sean insistentes y reiteradas y lleguen a provocar una alteración grave del desarrollo de la vida cotidiana del (presunto) deudor.

El Tribunal Supremo ha establecido que la “reiteración” puede resultar de sumar acercamientos físicos con tentativas de contacto telefónico, además de enviarse continuos requerimientos, por ejemplo, mediante cartas, emails, SMS, pero siempre que se trate de las acciones descritas en el tipo penal.

Vale la pena señalar, que en la actualidad ya hay cobradores imputados por cometer presuntamente delitos de acoso a deudores e incluso hay varias empresas que están siendo investigadas por haber consentido o animado a sus gestores de cobro a cometer actos ilícitos de acoso a los morosos utilizando las llamadas telefónicas reiteradas y constantes varias veces al día y requerimientos por escrito para el cobro de una deuda tratando de minar o menoscabar la voluntad de los deudores para conseguir el pago de la deuda, convirtiendo sus actuaciones en actos de hostigamiento.

La doctrina de las Audiencias Provinciales está considerando delito el acoso a deudores por empresas de recobros, en particular cuando hay gestores de recobro de impagados que los hostigan con llamadas incesantes. La jurisprudencia de las Audiencias Nacionales considera delito la conducta por parte de gestores de recobro empleados de empresas de gestión de cobros que están reclamando el pago de deudas o de préstamos mediante llamadas telefónicas y requerimientos persistentes e incesantes incluso a horas intempestivas.

Las Audiencias Provinciales también considera ilícito que las llamadas para la gestión extrajudicial del cobro del crédito se efectúan desde diferentes números de teléfono para evitar identificar la llamada y así evitar no contestarla, a distintas horas del día, hasta dos veces por día en ocasiones, así como los requerimientos mediante cartas, habiendo llegado a amenazar a la denunciante con que, si le reclaman judicialmente la cantidad que adeuda, tendrá que pagar costas en un 50 por 100.

Además, los tribunales han afirmado que la condición de deudor del sujeto pasivo no es motivo suficiente para justificar los actos ilícitos ya que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe y que las leyes no amparan el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo.

Asimismo, aunque la empresa de recobro, como persona jurídica no puede ser sujeto activo del 172 ter, ya que el sujeto activo que ejecuta materialmente la acción de acoso es la persona física del gestor de recobro, la empresa como persona jurídica también puede ser responsable penal ya que la Ley Orgánica 1/2015 ha reformado el código penal (ley orgánica 10/1995) en varias materias, destacando entre ellas, el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

 

La formación especializada en gestión de cobro evitará que los gestores de recobro cometan delitos de acoso

El desconocimiento y la falta de formación de cobro de impagados sobre el nuevo delito de acoso puede ser el motivo por el cual haya gestores de recobro de impagados que están cometiendo dicho delito sin ser plenamente conscientes de estar conculcando un precepto penal, ya que erróneamente piensan que llamando por teléfono no cometen ningún ilícito penal por falta de formación actualizada en gestión de cobro y recobro.

Por tanto, es necesario que los gestores de recobro reciban una formación de gestión de recobro de impagados adecuada y tengan un decálogo de actuación que les permita reclamar los impagados sin que su conducta pueda ser constitutiva de delitos de acoso. De esta forma, mediante la organización de cursos de formación de recobro de impagados la empresa de cobros habrá adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito de acoso, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de acoso a los deudores o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

 

Autor: Pere Brachfield
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