Es imprescindible la promulgación de un régimen sancionador para implementar la legislación antimorosidad en la realidad empresarial

La Ley 3/2004 de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales se promulgó con la intención de constreñir las malas prácticas de pago y combatir la morosidad de las empresas y administraciones.

Prima facie pareció muy positivo que la ley estableciera un plazo de pago en 30 días, a contar de la fecha de recepción de la factura o de la entrega de la mercancía. La pena fue que esta disposición era solamente una norma dispositiva y por lo tanto el plazo de pago que debía cumplir el deudor era el que se hubiera pactado entre las partes.

Esta circunstancia otorgaba un amplio espacio a la autonomía de la voluntad de las partes y daba al traste con las esperanzas que muchos proveedores habían puesto en esta Ley antimorosidad.

El problema fue que en la práctica la situación no cambió después de la entrada en vigor de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y que los plazos de pago siguieron pactándose de manera abusiva en 90, 120 días o más, máxime en aquellos casos donde no se pactaban con los compradores, sino que fueron éstos fueron que los imponían a sus suministradores aplazamientos muy largos. El empresariado español llevaba años reclamando una reforma legislativa que permitiera la mejor de la Ley 3/2004 y que promoviera su eficacia en la aplicación práctica del día a día.

Con el fin de promover los cambios legislativos se constituyó la PMCM Plataforma Multisectorial de Lucha contra la Morosidad.

El 7 de julio de 2010 entró en vigor en España la “Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”, una nueva legislación de lucha contra la morosidad que fue promulgada gracias a la iniciativa legislativa del grupo de CIU en el Congreso. Gracias a esta reforma legislativa, se materializó un posible cambio estructural del sistema económico-financiero español que, en teoría, debería permitir que España no estuviera en el furgón de cola de los plazos de pago de la UE.

Vale la pena señalar que la modificación legislativa fue fruto de un largo proceso de concienciación de la clase política que ha llevado a cabo la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad y que en representación de la sociedad civil ha realizado una labor de “Gota Malaya” ante los poderes públicos y partidos políticos. Además hay que destacar el importante papel que ha tenido el grupo parlamentario de CIU en el Congreso para obtener el consenso político que hizo posible la aprobación definitiva de la Ley.

Hay que destacar que las valientes medidas de los legisladores que aportó la reforma legislativa de la Ley 15/2010, de 5 de julio, incluyen tres aspectos fundamentales para que se pueda implementar la nueva ley antimorosidad:

  • en primer lugar, tal y como solicitaba la PMCM, ha impuesto una restricción al juego de la autonomía privada de las partes en las relaciones contractuales privadas, estableciendo plazos de pago máximos para las operaciones comerciales, con lo que, teóricamente, se evita la existencia de abusos, impidiendo que los grandes compradores impongan sus condiciones de pago leoninas a los proveedores. De esta forma, la reforma introducida por la Ley 15/2010 de 5 de julio, impide sobrepasar en los contratos una duración máxima del aplazamiento de pago.
  • En segundo lugar la Ley 15/2010 establece que el período máximo de 60 días se computa desde el día de recepción de la mercancía; fecha cierta y no manipulable, lo que evita técnicas de ingeniería financiera que alargan los plazos de pago.
  • En tercer lugar las patronales tienen legitimación activa y pueden asumir el ejercicio de acciones colectivas de cesación y de retractación frente a empresas incumplidoras con carácter habitual de los períodos de pago previstos en esta Ley.
  • Y en cuarto lugar la ley establece que el plazo de pago para los organismos públicos queda establecido en treinta días.
No obstante, casi diez años después de la entrada en vigor de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, esta legislación sólo es aplicada por un pequeño porcentaje de las empresas españolas.

Y las empresas que aplican la ley a sus clientes (principalmente el cobro de los intereses de demora y de los gastos de gestión de cobro) suelen ser sociedades mercantiles de gran tamaño.

En cambio la mayoría de las pymes no pueden cobrar los intereses moratorios ni las indemnizaciones previstas por la ley.

Hay que recordar que el espíritu de la Directiva 2000/35/CE y de la Directiva 2011/7/UE de 16 de febrero es proteger a las pymes de la morosidad y de los abusos contractuales. La situación que vive actualmente la economía española es compleja, con una evolución galopante de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas que está afectando a todos los sectores industriales y que pone en peligro la supervivencia de miles de pymes.

La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, concretamente en su Capítulo segundo, Artículo 33 “Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales” ha introducido diversos cambios relevantes en la legislación antimorosidad. La mencionada Ley 11/2013 ha incorporado a nuestro derecho interno diversas normas dictadas por la Directiva 2011/7/UE de 16 de febrero de 2011, y que han supuesto una serie de cambios sustanciales en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

La nueva norma que versa sobre el Artículo 4 la “Determinación del plazo de pago” establece que el plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de 30 días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Por otro lado, la nueva legislación ratifica que los plazos de pago no podrán ser ampliados mediante pacto de las partes por encima de los 60 días naturales, tal como estableció la Ley 15/2010, de 5 de julio.

No obstante un estudio reciente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad revelan que el plazo medio de pago en España se encuentra en torno a los 85 días y que en los últimos cuatro años solo ha disminuido en 8 días. El motivo es que muchos compradores siguen imponiendo plazos de pago de 90 días a sus proveedores ya que no existe ninguna penalización estatal a estas prácticas abusivas.

En apoyo a esta afirmación tenemos que el estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad patentizó que en el año 2013, el 68% de las empresas encuestadas se ha visto obligado a aceptar acuerdos comerciales con proveedores que les obligan a cobrar a plazos superiores a los 60 días.

Además la PMcM reveló que en caso de sufrir impagos, solo un 12% de los proveedores exige habitualmente a sus clientes morosos los intereses de demora devengados, frente al casi 75% restante que nunca o casi nunca lo hacen. El motivo de no exigir los intereses moratorios radica en el temor de los proveedores de perder clientes si les aplican las penalizaciones por demora que establece la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

Para solucionar esta situación de incumplimiento de la Ley, hay que promulgar un régimen sancionador, ya que una norma jurídica no aplicada es sin duda algo peor que la ausencia de norma. Por tanto, un punto de vital importancia para combatir la morosidad en la práctica empresarial es la promulgación de un Régimen Sancionador que penalice el incumplimiento de la Ley. Los estudios realizados por la PMcM han llegado a la conclusión de que sin penalizaciones administrativas a las empresas insumisas, será imposible conseguir el cumplimiento efectivo de la legislación antimorosidad. En el estudio realizado por dicha Plataforma contra la Morosidad el 94% de las empresas están a favor de la implantación de un régimen sancionador para solucionar el problema de la morosidad.

Modelo legislativo a imitar

Como modelo legislativo a imitar, tenemos que el uno de enero de 2009 entró en vigor en Francia la Ley denominada “Loi de Modernisation de l’Économie” más conocida por el acrónimo LME. Esta legislación incluye diversas disposiciones destinadas a reducir los plazos de pago interempresariales en nuestro vecino galo. Uno de los objetivos más importantes de la Ley LME es la reducción de los plazos de pago en Francia para adecuarlos al contexto europeo, y en particular igualarlos con los existentes en Alemania, el gran competidor del otro lado del Rin de la economía francesa en el mercado interior de la UE.

La Ley LME limita la libertad contractual de las partes para determinar los aplazamientos de pago en las operaciones comerciales ya que la autonomía de la voluntad en la contratación queda supeditada a la normativa introducida por la LME. Por consiguiente hoy por hoy los plazos de cobro en las operaciones comerciales son por una parte fijados contractualmente por las partes dentro de los límites legales y por otra impuestos por la legislación. En ausencia de pacto, el plazo de pago de las facturas debe hacerse a los treinta días de la recepción de las mercancías. Si el cliente no respeta este plazo, será penalizado con una multa administrativa de 15 000 euros.

En relación al techo legal para los aplazamientos de pago de las operaciones comerciales, el artículo 21 de la LME ha modificado parcialmente el artículo 441-6 del “Code de Commerce” que dicta que el plazo de pago acordado entre las partes contratantes para liquidar las facturas no puede superar los 45 días fin de mes o los 60 días contados desde la fecha de emisión de la factura.

Asimismo el artículo 123 de la “Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (conocida en Francia como la Loi Hamon)”, con la finalidad de conseguir un mayor cumplimiento de los plazos de pago legales, ha establecido nuevas sanciones administrativas en caso de que un comprador no respete las normas para los aplazamientos máximos de liquidación de las facturas. Estas sanciones administrativas serán mucho más coercitivas y eficaces, y podrán llegar a los 75.000 euros cuando el infractor sea persona física y a los 375.000 cuando sea persona jurídica. Además si el infractor es reincidente, la sanción será el doble del importe de la multa original. Asimismo en Francia el proveedor tiene derecho a reclamar al deudor moroso un interés moratorio que hoy por hoy está fijado en el 10,25% anual y una indemnización de 40 euros por factura impagada al vencimiento. En el Estado francés el 58% de las empresas reclaman de manera sistemática o frecuente estos intereses de demora.

Los resultados de estas medidas legislativas han sido muy satisfactorios, puesto que en el año 2008, antes de la promulgación de la LME el plazo medio de pago interempresarial en Francia estaba en 67 días, tiempo claramente superior a la media europea que era de 57 días. En la actualidad según los resultados presentados por el “Observatoire des délais de paiement”, el plazo medio de pago está en 52 días. En lo concerniente al sector público, el plazo de pago medio ha disminuido en el 2013 situándose en 28 días.

Consecuentemente, visto el buen funcionamiento que ha tenido el régimen de sanciones en Francia, sería deseable que cuanto antes las Cortes Generales aprueben el régimen sancionador que se ha presentado ante el Congreso.

Pere Brachfield
Profesor de EAE Business School