El proyecto del Gobierno de reducir la prescripción de deudas a cinco años

El Gobierno de Mariano Rajoy pretende reducir el plazo general de prescripción extintiva de deudas de quince a cinco años.

Tradicionalmente el Derecho español había establecido un plazo de quince años para la prescripción general de las acciones personales. Este plazo está todavía marcado en el artículo 1964 del Código Civil. Hay que hacer notar que desde 1889, año en el que reinaba María Cristina y Don José Canalejas era Ministro de Gracia y Justicia, el plazo en el que prescriben las obligaciones en España ha sido de quince años (hoy por hoy, a seis de marzo de 2015, el período todavía continúa siendo de tres lustros). Este período de prescripción de las obligaciones es aplicable a todas las acciones que no tengan señalado en la Ley un término especial de prescripción.

A consecuencia de esta norma, en España el plazo de prescripción extintiva con carácter general para las deudas que no tengan señalado un término especial de prescripción (que son la mayoría), ha venido siendo de quince años.

No obstante, y en coherencia con el nuevo régimen de Segunda Oportunidad para las personas físicas, el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil recientemente aprobado por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes General, y que introduce un conjunto de medidas dirigidas a la mejora de la eficiencia en la actividad de la Administración de Justicia, en su Disposición final primera, Modificación del Código Civil en materia de prescripción, dice textualmente:

El Código Civil queda modificado como sigue: Uno. Se modifica el artículo 1964, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 1964. 1.
La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.

2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.”

En consecuencia, en caso de aprobarse en las Cortes Generales este Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se establecería un nuevo régimen de prescripciones en el Código Civil acortándose el plazo de prescripción de acciones personales que no tengan establecido un plazo de prescripción específico a solamente un lustro. Por tanto, el plazo que tendría el acreedor para ejercer acciones legales de reclamación de una deuda pasaría de quince años a solo cinco.

Asimismo, con referencia a la interrupción de la prescripción extintiva de deudas, el Proyecto de Ley de Reforma de la LEC pretende introducir un cambio revolucionario, puesto que el apartado Dos de dicha Disposición final primera reza:

Dos. Se modifica el artículo 1973, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 1973.
La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.
El plazo de prescripción no se entenderá interrumpido si transcurrido un año desde la reclamación extrajudicial el deudor no hubiese cumplido y el acreedor no hubiese reclamado judicialmente su cumplimiento.”

Desde mi punto de vista, este segundo apartado de la Disposición final primera, Modificación del Código Civil en materia de prescripción, es el que más peligro puede suponer para el derecho de crédito de los acreedores legítimos, ya que pretende limitar de forma radical la posibilidad de interrumpir la prescripción extintiva de las deudas mediante sucesivas reclamaciones extrajudiciales. Este mecanismo legal era una de las escasas herramientas jurídicas a favor del acreedor que existen en el Derecho positivo español. Gracias a esta disposición, hasta ahora el acreedor tiene la facultad de mantener viva la deuda por tiempo indefinido, para reclamar el pago cuando el moroso venga a mejor fortuna.

Si se aprueba esta reforma tal y como está escrita en el Proyecto de Ley, va a suponer un torpedo en la línea de flotación del derecho de cobro de las deudas y de paso en la gestión del recobro de impagos, ya que en la práctica este cambio legislativo supondría una condonación indirecta de cientos de miles de deudas.

Consecuentemente las consecuencias resultarían catastróficas para los acreedores. Además, debido al momento en el que el Gobierno ha propuesto esta modificación del Código Civil, no tenemos más remedio que sospechar que obedece a motivos puramente electoralistas.

Esperemos que en los trámites parlamentarios los distintos grupos políticos presenten enmiendas y se cambie la redacción de esta temeraria Disposición final primera por otro texto que no suponga un cambio radical para la protección del crédito y del derecho de cobro en España.

Pere Brachfield, director de estudios de la PMCM y profesor de EAE Business School

4 comentarios en “El proyecto del Gobierno de reducir la prescripción de deudas a cinco años

  1. La Ley no está aprobada ya que todavía es un proyecto de Ley. A ver que ocurre durante la tramitación parlamentaria.

  2. La Ley no está aprobada ya que todavía es un proyecto de Ley. A ver que ocurre durante la tramitación parlamentaria.

Los comentarios están cerrados.