El proyecto del Gobierno de condonar las deudas a los ciudadanos

El Proyecto de Ley de Reforma de la LEC que ha presentado el Gobierno de Mariano Rajoy pretende abrir la puerta a una condonación “de facto”, indirecta y masiva de las deudas a los ciudadanos al dejar sin efecto la institución jurídica de la interrupción del plazo de prescripción

¿Qué es eso de la prescripción de las deudas?

La prescripción extintiva es una institución jurídica por la cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho; dicho de otro modo el tiempo puede funcionar como causa de pérdida de los derechos de cobro del acreedor. La prescripción extintiva o liberatoria se produce por la falta de reclamación del acreedor durante el plazo establecido para cada obligación y es una forma de extinguirse el derecho y la acción legal para exigir al moroso el cumplimiento forzoso a través de los tribunales.

Mediante la prescripción extintiva, el Derecho protege una situación estable frente a una falta de diligencia en el uso de su derecho por parte del acreedor durante un determinado período.

La prescripción tiene como resultado privar al acreedor del derecho de obtener judicialmente una sentencia condenatoria contra el deudor que obligue coercitivamente a éste al cumplimiento de la obligación.

Por tanto la prescripción liberatoria no extingue la obligación sino que enerva la pretensión del acreedor de reclamar su derecho de cobro por medio de la acción judicial contra el deudor. Por esto la prescripción no hace desaparecer la obligación sino que la convierte en una obligación natural, por lo cual si el moroso voluntariamente paga la deuda, luego no puede arrepentirse y reclamar la devolución de lo entregado alegando que se trata de un pago sin causa.

Los requisitos legales para que se produzca la prescripción extintiva

El Derecho fija la convergencia de tres requisitos legales para que se produzca la prescripción liberatoria de una obligación. Primero que el derecho del acreedor tenga el carácter de prescriptible, puesto que ciertos derechos son imprescriptibles. Segundo, la falta de ejercicio del derecho o acción que le corresponda por parte de su titular. Y tercero que haya transcurrido el período de tiempo previsto legalmente en su duración y forma de cálculo.

El paso del tiempo y la inacción del acreedor combinados pueden provocar la prescripción de la deuda

Por tanto, la prescripción extintiva es un modo de extinción de los derechos de reclamar judicialmente el cobro por el transcurso del tiempo, o sea si el acreedor no realizara ninguna reclamación de la deuda (judicial o extrajudicialmente) durante un período determinado, una vez ha transcurrido dicho plazo, el moroso se vería indirectamente liberado de la obligación de pagar. Esto es así ya que por culpa de la prescripción extintiva, si el acreedor acudiese a los tribunales, lo más probable es que no obtuviera una sentencia favorable si el deudor alega como defensa jurídica que se ha producido la prescripción de la deuda.

La interrupción del plazo de la prescripción en el Derecho Español

La prescripción extintiva surge cuando transcurre de forma ininterrumpida todo el período de tiempo que dicta la legislación pues es fruto de la prolongada inactividad del acreedor. La idea central es que el acreedor puede evitar que prescriba su derecho de cobro si antes de que el plazo se haya agotado, realiza ciertos actos que interrumpen la prescripción y mantienen vigente el derecho de cobro y la acción que lo ampara. Gracias a este mecanismo legal, hasta ahora el acreedor tiene la facultad de mantener viva la deuda por tiempo indefinido, para reclamar el pago cuando el moroso venga a mejor fortuna.

Para que la interrupción de la prescripción sea eficaz primero es preciso que el acto proceda de la persona titular de la pretensión o de una tercera persona, que actúe en defensa de un interés legítimo y que tenga capacidad suficiente. Y segundo que se efectúe frente al sujeto pasivo de la pretensión antes de que se consume la prescripción.

En España, durante más de 125 años, el plazo de prescripción extintiva con carácter general para las deudas ha sido de quince años; y desde la promulgación del vigente Código Civil en 1889, su artículo 1973 establece que la prescripción de las acciones se interrumpe a través de tres fórmulas a saber: por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de deuda por el deudor.

Vamos a analizar brevemente las tres vías para interrumpir la prescripción. En primer lugar tenemos el ejercicio judicial del derecho. Esto es por ejercicio de la pretensión frente a los tribunales, aunque sea desestimada por defecto procesal. La presentación de una papeleta para solicitar un acto de conciliación también es una buena fórmula, ya que es económica y simple, para interrumpir la prescripción. En la actualidad la jurisprudencia también admite el inicio del procedimiento arbitral relativo a la pretensión o la interposición de la demanda de formalización judicial del arbitraje.

En segundo lugar está el ejercicio extrajudicial del derecho; o sea por reclamación extrajudicial de la pretensión por parte del acreedor al deudor. La interrupción de la prescripción extintiva por vía de la reclamación extrajudicial es una singularidad del Derecho español. En este supuesto la interrupción se produce por la declaración expresa de voluntad hecha por el acreedor de hacer valer su derecho de cobro frente al moroso. Aunque esta declaración de voluntad del titular del derecho no está sujeta a ningún requisito por parte del Código Civil, y éste no exige ninguna fórmula instrumental para la reclamación extrajudicial.

Así que, al menos en teoría, cualquier medio sería válido para realizar el requerimiento extrajudicial. No obstante el problema será probar que el titular del derecho de crédito haya efectuado esta reclamación extrajudicial, que ésta intimación afirme claramente la existencia del derecho y que manifieste la voluntad de su titular de conservarlo. Además hay que demostrar que el sujeto pasivo la haya recibido y la fecha en que se ha realizado. La jurisprudencia ha admitido el intercambio de cartas, correos electrónicos y envío de telegramas como instrumentos con valor interruptorio de la prescripción. Incluso se ha llegado a admitir el requerimiento hecho a un mandatario verbal. Con todo, es recomendable realizar la comunicación al deudor moroso por conducto fehaciente.

Y en tercer lugar el art 1973 del CC admite el reconocimiento de la deuda por el deudor del derecho del acreedor. Respecto a este reconocimiento de deuda el Código Civil no establece ningún requisito formal, pero es conveniente tenerlo por escrito ya que nuestro Derecho dicta que incumbe la prueba al acreedor.

Además interrumpe el plazo de prescripción cualquier pago a cuenta de la deuda realizado por el moroso antes del cumplimiento del plazo de la prescripción.

Consecuencias y efectos de la interrupción de la prescripción de una deuda

Una vez de se ha producido la interrupción, se impide que de la prescripción se consume y consiguientemente el acreedor puede ejercer las acciones para reclamar la deuda. Además la interrupción de la prescripción determina que empiece a correr de nuevo y completamente el plazo, que vuelve a computarse del siguiente modo:

  • • En caso de ejercicio extrajudicial de la pretensión, desde el momento en que el acto de interrupción pase a ser eficaz.
  • • En caso de ejercicio judicial de la pretensión, desde el mismo momento del ejercicio de la acción con la que se exige la pretensión.

Una resolución dictada por la Sala 6ª del Tribunal Supremo, en sentencia de 11 de mayo de 1981 aclara perfectamente los efectos de la interrupción de la prescripción por lo que la reproducimos a continuación:
“la interrupción de la prescripción impide que ésta se consume, y enerva la eficacia del tiempo anteriormente transcurrido, de modo que habrá que empezar a contarse de nuevo cuando la interrupción cese, por lo que ha de causarse después de iniciada –no antes–, durante su curso –no cuando ya se ha operado– y ejercitando la misma acción de cuya prescripción se trata, no de otra que con ella tenga mayor o menor analogía”.

Por consecuencia en el momento en que se interrumpe la prescripción se pone el contador del tiempo a cero y vuelve a iniciarse el plazo de prescripción. En teoría el acreedor puede interrumpir todas las veces que quiera el plazo de prescripción, con lo que el deudor permanecerá indefinidamente obligado al pago.

El Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del Gobierno de Mariano Rajoy

El Gobierno de Mariano Rajoy, mediante el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, pretende de facto, acabar con la institución jurídica de la interrupción del plazo de prescripción. Esto se puede deducir de la lectura del apartado Dos de dicha Disposición final primera de dicho Proyecto, que de aprobarse por las Cortes Generales, supondría terminar con la tradicional vía de interrupción de la prescripción extintiva de deudas a través de la reclamación extrajudicial. Vale la señalar que este cambio legislativo abriría la puerta a una condonación indirecta y masiva de las deudas a los ciudadanos.

La idea del ejecutivo es que el plazo de prescripción no se entenderá interrumpido si transcurrido un año desde la reclamación extrajudicial el deudor no hubiese cumplido y el acreedor no hubiese reclamado judicialmente su cumplimiento. Esta parte de la reforma es la que más peligro puede suponer para el derecho de crédito de los acreedores, ya que pretende limitar de forma radical la posibilidad de interrumpir la prescripción extintiva de las deudas mediante extrajudiciales y obligar al acreedor a interponer demandas judiciales. La interrupción extrajudicial del plazo de prescripción era una de las escasas herramientas jurídicas a favor del acreedor que existen en el Derecho español. Esperemos que durante los trámites parlamentarios en el Congreso de Diputados se cambie la redacción de esta Disposición para evitar que se produzca una descomunal desprotección del derecho de crédito en España.

Pere Brachfield, director de estudios de la PMCM y profesor de EAE Business School