El padre, la abuela y la tía de la Reina Letizia en el banquillo de acusados

Los ciudadanos ya están tan acostumbrados a las noticias sobre los miembros de la familia de los Reyes de España que deberán sentarse en el banquillo que ya no despiertan interés.

La información de que la hermana del rey Felipe VI, la infanta Cristina de Borbón y su esposo, Iñaki Urdangarin están imputados en el caso Nóos es un hecho conocido por todos. La propia Casa Real tachó de poco ejemplar la conducta de Iñaki Urdangarin y seguramente el escándalo provocado por Nóos fue un poderoso coadyuvante para que el anterior monarca decidiera abdicar prematuramente.

Ahora bien, no sólo en el entorno familiar de los borbones hay miembros que deberán sentarse en el banquillo de los acusados. Hace unas semanas que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anunció que un Juzgado de lo Penal de Oviedo finalmente juzgará a Jesús Ortiz Álvarez, Henar Ortiz Álvarez y María del Carmen Álvarez del Valle (más conocida como Menchu Álvarez del Valle), imputados por un presunto delito de alzamiento de bienes. La noticia no tendría mayor trascendencia si no fuera porque son los nombres que aparecen en el Registro Civil del padre, de la tía y de la abuela de la reina Letizia.

Estos familiares directos de la Reina de España deberán sentarse en el banquillo el día 11 de septiembre de 2015 por supuesto delito de alzamiento de bienes e insolvencia punible. La acusación particular pide para cada uno de ellos 2 años y 6 meses de prisión, y multa de 10 euros diarios durante 16 meses. Además pide para Henar y Jesús Ortiz la inhabilitación especial para el desempeño del cargo de administrador o apoderado en cualquier persona jurídica, así como para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Ahora bien, la Fiscalía no ha presentado escrito de acusación.

La instrucción se cerró después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís rechazase un recurso de reforma interpuesto por el procurador Ignacio Díaz Tejuca en nombre y representación de María del Carmen Álvarez del Valle y María Henar Ortiz Álvarez, contra el Auto de 23 de septiembre de 2014.

Los antecedentes que han motivado el procedimiento penal

Los hechos que originaron este procedimiento penal se remontan nada menos que al año 2008, cuando Henar Ortiz regentaba una pequeña tienda de regalos y recuerdos en Cangas de Onís. En aquel año, Sandra Ruiz, una pequeña empresaria asturiana, presentó una reclamación judicial para cobrar una deuda de 22.600 euros contra la empresa Henarmonía, S.C., titular del negocio y presunta morosa, de la que era socia y administradora María del Henar Ortiz Álvarez, tía de la Reina Letizia. Según la demanda, Henar Ortiz Álvarez había contraído esta deuda con la demandante por unas piezas de joyería que fueron encargadas por la empresa de Henar Ortiz y entregadas a la compradora, y que, según la acreedora, nunca le fueron pagadas.

insolvenciaEn fecha 22 de marzo de 2009, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Oviedo dictó auto acordando el despacho de ejecución contra Henarmonía, S.C. y María del Henar Ortiz Álvarez por la cantidad de 22.600,73 euros en concepto de principal y 6.780,21, calculados para intereses y costas procesales. Siguiendo los trámites propios del referido procedimiento de ejecución, la ejecutada fue requerida para que designara bienes bastantes sobre los que trabar embargo. Henar Ortiz, declaró que no podría hacer frente a la deuda contraída, y se declaró insolvente.

Cómo algo no cuadraba, la fiscalía inició investigaciones por presunto delito de insolvencia punible y de alzamiento de bienes y al final varios miembros de la familia paterna de la Reina quedaron implicados en las diligencias previas abiertas en el Juzgado asturiano de Cangas de Onís. Finalmente la fiscalía determinó que Henar Ortiz, pero además también su madre y su hermano, podrían haber incurrido en ocultamiento de bienes para no afrontar las dudas contraídas por la tía de la reina. La sospecha de la fiscalía es que los imputados habrían tratado de evitar el embargo de algunos bienes familiares para hacer frente a la deuda; entre ellos, la casa rural de Sardeu, en Ribadesella, donde habita la entrañable abuela de la Reina y madre de Henar desde que se jubiló en la radio asturiana, donde ejerció como locutora e informadora durante décadas. Tanto la abuela de doña Letizia, como su padre y su tía han tenido que prestar declaración en diversas ocasiones en los juzgados de primera instancia e instrucción.

Con toda esa información, posteriormente, el Juzgado de Cangas valoró las pruebas y decidió archivar provisionalmente la causa en julio de 2013. No obstante, la demandante, Sandra Ruiz, apeló a la Audiencia Provincial la decisión de cerrar las diligencias del sobreseimiento que se había archivado. La Audiencia revocó el auto del juzgado de Cangas de Onís, lo que significa que habrá un juicio contra Henar Ortiz y sus familiares por alzamiento de bienes e insolvencia punible.

El delito de alzamiento de bienes como forma de insolvencia punible

Cuando un deudor para perjudicar a sus acreedores y frustrar la satisfacción de su derecho de crédito realiza actividades fraudulentas sobre su propio patrimonio comete un delito de alzamiento de bienes. El alzamiento de bienes es un ilícito penal encuadrado en los delitos contra el orden socioeconómico. El delito de alzamiento de bienes una modalidad de insolvencia fraudulenta independiente de la existencia de una situación concursal, sin perjuicio de que pueda existir un alzamiento de bienes previo y causador de la quiebra o simultáneo o posterior a ella. La naturaleza comisiva del delito consiste en una actuación sobre los propios bienes destinando a mostrarse real o aparentemente insolvente, parcial o talmente, frente a todos o parte de sus acreedores, con el propósito directo de frustrar sus créditos.

El delito de alzamiento de bienes puede concebirse prescindiendo que se trate de obligaciones puras, condicionales, a plazo, pues lo realmente importante es que el deudor oriente el acto de disposición a la aparición como insolvente, para el impago o frustración del crédito. El verbo alzar consiste, en una primera acepción en la desaparición física del deudor con sus bienes, pero en una interpretación más acorde con la función de la norma, basta con que se dé un acto de disposición sobre los propios bienes, para alejarlos del alcance de los acreedores, en virtud del cual el deudor queda total o parcialmente en estado de insolvencia.

En la actualidad se tipifica en el art. 257 del Código Penal de 1995, que establece penas de prisión de uno a cuatro años para los delitos de alzamiento de bienes en perjuicio de sus acreedores. El mismo acto delictivo se atribuye al que con el mismo fin realice (en perjuicio de sus acreedores) realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.

La hermana de la Reina Letizia también fue acusada de no pagar

Ahora bien, esta no es la única vez que acreedores reclaman supuestas deudas a familiares de la reina. En el 2012 diversos medios digitales informaron que Gracia Galindo, una modista catalana, acusó a Telma Ortiz, hermana de doña Letizia, de deberle más de 3.000 euros desde la boda de los Principes de Asturias. La deuda fue contraída por Telma Ortiz por la compra de un vestido de cocktail que Telma llevó a una de las comidas previas a la boda de su hermana Letizia. La modista declaró a la prensa que perdió hace años la esperanza de recibir algún pago de la hermana de la princesa tras intentar, sin éxito, contactar con ella de todas las maneras posibles.

Pere Brachfield, presidente de APGRI, asociación de profesionales en la gestión del riesgo de crédito