Cuestiones legales importantes respecto al nuevo tipo legal de interés moratorio

De entrada señalar que el Artículo 5 “Devengo de intereses de demora” de la “Ley 3/2004, de 29 de diciembre” ya establecía un mecanismo de constitución en mora automática del deudor por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni requerimiento de pago alguno por parte del acreedor.

Por consecuencia el cliente obligado al pago de factura surgida como contraprestación en operaciones comerciales incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por esta Ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido.

Consecuentemente la Ley 3/2004, de 29 de diciembre determina que si el deudor no paga el día del vencimiento, automáticamente le será exigible el abono del interés de demora; no hace falta un contrato previo con una cláusula de pena convencional, ni siquiera enviar una reclamación o intimación de mora al deudor para que el acreedor tenga derecho a percibir el interés legal de demora. Por tanto no será necesario incluir en el contrato la obligación de pagar intereses de demora, ni hacer ningún requerimiento de pago al deudor. La Ley quiere que el moroso pague elevados intereses moratorios disuasorios y compensaciones por los gastos de cobro.

Además el Artículo 7 “Interés de demora” de la citada Ley dicta que el interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el propio artículo.

Finalmente hay que comentar que el envío de cartas de reclamación en las que se exige el pago de intereses de demora no es obligatorio en la actualidad para tener derecho al cobro de los mismos, pero si recomendable por dos motivos; en primer lugar para que la carta sirva de disparador de decisión y el deudor abone la factura sin más demoras; en segundo lugar para que el acreedor muestre una postura de firmeza y un buen conocimiento de sus derechos establecidos por la actual legislación antimorosidad.

Otro punto es que la Ley 11/2013 de 26 de julio, transpone una de las normas de la Directiva 2011/7/UE, estableciendo que “el tipo legal de interés de demora que el deudor está obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo más ocho puntos porcentuales”. Por consiguiente la citada Ley 11/2013 de 26 de julio ha modificado el Artículo 7 “Interés de demora” la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, determinando que, para el cálculo del tipo legal de interés de demora que el deudor está obligado a pagar, se amplía de siete a ocho puntos porcentuales el diferencial a sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación, efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.

Este aumento del tipo de interés de demora el Estado Español transpone uno de los mandatos de la Directiva Europea 2011/7/UE de lucha contra morosidad que obliga a los Estados miembros a fijar un interés legal de demora calculado al sumar como mínimo ocho puntos porcentuales al tipo de interés aplicado por el BCE a su más reciente operación principal de financiación.

En cumplimiento de lo establecido por la Ley 11/2013 de 26 de julio y la Directiva Europea 2011/7/UE, ha sido necesario modificar el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el año 2013. En consecuencia, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, dictó la Resolución, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2013. Esta Resolución dispuso que el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2013 sea del 8,50 por 100, y será revisado a primeros de enero de 2014.

Puede observarse pues, que el artículo 7 de la Ley 3/2004 determina un tipo de interés legal de demora; no obstante hay que tener en cuenta que este tipo de interés tiene carácter subsidiario y sólo resultará aplicable en los casos en que las partes no hayan pactado un tipo de interés específico en el contrato ya que, al igual de lo que sucede con la determinación del aplazamiento de pago, los legisladores han querido nuevamente primar la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, pero dejando la posibilidad de que el tipo de interés moratorio fijado en el contrato sea ulteriormente reconducido por los tribunales dentro de la facultad moderadora de éstos, si el tipo de interés contractualmente establecido fuera considerado como una cláusula abusiva en perjuicio del deudor. (Artículo 1154 CC; el Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor).

Así las cosas, el tipo de interés legal de demora que aparece en el apartado número 2 del artículo 7 sólo se aplica en defecto de pacto del tipo de interés fijado en el número 1; este apartado indica que el tipo de interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato. 

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