La gestión extrajudicial del recobro de deudas

Cómo iniciar la reclamación de los créditos impagados y las tácticas habituales para escaquearse de los morosos

El Derecho Español preceptúa que en una transacción mercantil entre empresas, a partir del momento de la entrega de los productos o prestación del servicio, si no existe disconformidad expresa del cliente en tiempo y forma, el deudor está obligado al pago en función a las condiciones pactadas o según marca la legislación vigente. El acreedor está facultado por la Ley para reclamar judicial o extrajudicialmente una deuda dineraria, cuando ésta está vencida, es cierta, lícita, exigible, determinada y líquida. El Derecho considera que se ha producido un impago de una obligación dineraria cuando llegada la fecha de vencimiento de una deuda y resultando exigible la cantidad vencida, el deudor no efectúa el pago. La norma jurídica considera que la consecuencia más importante del vencimiento de una obligación de pago es su exigibilidad. La Ley establece que una deuda es vencida y exigible cuando resulta pura y simplemente libre de condiciones, términos o circunstancias que impidan su reclamación. Una deuda es líquida cuando se determina de manera precisa en una cantidad concreta de dinero. En caso de incumplimiento contractual el acreedor tiene todo el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación o exigir la resolución de la obligación. El acreedor suele intentar el recobro de las deudas por la vía del recobro extrajudicial, por lo que el cobro de impagados suele prolongarse varias semanas. Sólo cuando el acreedor ha agotado el recobro amistoso, se plantea la reclamación judicial de los impagados.

En ambos casos el acreedor tiene derecho al resarcimiento de daños y perjuicios y al abono de intereses de demora. A diferencia a los principios establecidos en el Código Civil, la filosofía dimanante del Código de Comercio y de la legislación mercantil  es que en las obligaciones mercantiles que deban cumplirse determinado día, no es preciso hacer la interpelación judicial ni extrajudicial al deudor –ni  la cláusula de mora automática en el contrato– para que se origine la mora puesto que se sustituye este requisito por la fecha del vencimiento de la obligación. Por lo tanto, cuando existe un vencimiento pactado entre las partes la morosidad empieza desde la fecha en que se produce el impago. Consecuentemente, la morosidad en los contratos mercantiles no exige requerimiento previo del acreedor como ocurre en los civiles.

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales solamente exime al deudor del pago de intereses de demora cuando el acreedor ha incumplido previamente sus obligaciones contractuales. El vencimiento del plazo contractual o legalmente previsto, sin que el deudor haya procedido al pago, implica la constitución en mora del mismo y que el acreedor tenga derecho a exigir  intereses moratorios, salvo que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso (por causas de fuerza mayor). Así las cosas, el incumplimiento del plazo previsto para el pago de la operación supone la automática constitución en mora del deudor sin necesidad de aviso o intimación previa algunos, por parte del acreedor. Consiguientemente vencido el plazo pactado por las partes para el pago de la deuda o en su defecto, transcurrido el plazo legal, al deudor moroso ya le es exigible un interés moratorio.

Ahora bien, cuando se les reclama una deuda, los morosos suelen eludir sus obligaciones de pago utilizando alguna de estas tácticas de escaqueo:

 

  • Negando radicalmente la existencia de la deuda y de la existencia de relaciones mercantiles con el acreedor (jamás les hemos comprado nada)
  • Afirmando no estar obligados al pago de la deuda (esto es una deuda de mi ex socio, nos separamos hace unos meses y se quedó con estas mercancías así que la factura se la reclaman a él)
  • Alegando que no recibieron nunca el producto facturado (estas cajas que nos han facturado nunca nos fueron entregadas)
  • Poniendo pegas respecto al precio, calidad, cantidad, servicio, día de prestación del proveedor (la mercancía llegó en mal estado, hay daños en los artículos suministrados, me facturan a un precio unitario superior del que acordamos con el vendedor)
  • Asegurando que ya hizo el pago total o parcial de la deuda

Ante todas estas objeciones la mejor arma del gestor de cobros antes de reclamar la deudas es disponer de una buena documentación mercantil que le permita reclamar el pago. En las obligaciones dinerarias, el acreedor tiene derecho a exigir de la otra la prestación dineraria. No obstante si el moroso niega la existencia del débito, el acreedor deberá demostrar con documentos su derecho de crédito.

El Derecho dice que corresponde al acreedor la carga de probar los hechos constitutivos del derecho que reclama cuando el deudor no los admite. En esencia el acreedor debe demostrar los siguientes hechos:

  • Que ha existido una operación comercial legítima por encargo del deudor que ha aceptado la oferta del proveedor
  • Que dicha operación ha sido realizada según la orden de compra y ha dado plena satisfacción a los intereses mercantiles del deudor
  • Que se ha producido un crédito comercial derivado de la contraprestación de la operación mercantil, y que existe una deuda pecuniaria lícita, cierta, determinada, vencida, exigible, líquida e impagada.

La ley dice que una vez que el acreedor ha demostrado la existencia de una deuda impagada, corresponde al demandado la prueba de los hechos que sean suficientes para impedir, extinguir o quitar fuerza a la reclamación de la deuda (por ejemplo, alegar prescripción extintiva). Estos hechos demuestran la necesidad de tener la correcta documentación que permita acreditar la deuda, no sólo si hay que pleitear ante los tribunales sino también si se va a reclamar el impagado en gestión amistosa.

 

Autor: Pere Brachfield
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