El acoso a los morosos es un delito castigado por el Código Penal

Desde la reforma del Código Penal en 2015 está penado el acoso a los morosos

En algunos países, la lentitud y elevado coste de los procesos judiciales para embargar y ejecutar a los deudores morosos ha provocado la aparición de numerosas empresas privadas que se dedican a la recuperación extrajudicial de deudas. Ahora bien, aquí se plantea la cuestión de la legitimación de la empresa encargada para reclamar la deuda extrajudicialmente para realizar la gestión de recobro cuando el presunto deudor afirma no deber nada al supuesto acreedor. En los estados de Derecho, poco importa que una persona afirme ser acreedora de otra, por mucho que exhiba facturas y otros documentos supuestamente probatorios del crédito; lo que vale son los pronunciamientos de la sentencia que confirma el derecho de crédito y condena al deudor a pagar. Tras la sentencia, las supuestas relaciones previas existentes entre las partes quedan conformadas en adelante en los términos de la propia sentencia judicial. Y en los estados de Derecho, únicamente los jueces pueden ejecutar lo juzgado y adoptar las medidas coercitivas para obligar al moroso a pagar por lo que el acoso a los morosos por los cobradores de deudas está estrictamente prohibido y tipificado como delito en las leyes penales.

Ahora bien, en algunos estados europeos todavía existen empresas de recobro que emplean el acoso a morosos y el hostigamiento al deudor, para doblegar la voluntad del deudor y obligarle a pagar. Así pues, en España existen ciertas agencias de cobro que, en pleno siglo XXI, todavía utilizan métodos poco ortodoxos a la hora de presionar a los deudores recalcitrantes. Uno de los sistemas de cobro que todavía existen en el Estado Español, es el utilizar cobradores disfrazados; esta técnica se basa en la humillación pública del deudor, seguirlo a donde sea y recordarle insistentemente que debe dinero a determinado acreedor. Los cobradores disfrazados persiguen al presunto moroso por las calles, lo siguen al trabajo, a su casa, al club deportivo, etc. Los cobradores disfrazados para desplazarse utilizan generalmente vehículos pintados de negro o de color blanco, en los que han pintado los logotipos y marcas de la compañía en letras muy grandes. El objetivo es estacionar estos coches frente a la casa o la sede social del deudor y mediante megáfonos exigir que pague la presunta deuda, de modo que todo el barrio se entera que allí vive un supuesto moroso. Consiguientemente, la humillación pública es el método usado por este tipo de agencias de cobro llegando al extremo de España de ridiculizar al presunto deudor llevando el acoso físico y moral a límites de mobbing. Ahora bien, estos métodos de cobro son claramente anticonstitucionales, vale la pena señalar, que la Constitución Española, en el capítulo de los derechos fundamentales de los españoles, dicta en el apartado primero de su artículo 18: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, por lo que perseguir por las calles a un presunto deudor o plantarse delante de su casa o de su empresa, vulnera sus derechos constitucionales fundamentales.

También hay agencias que utilizan “métodos resolutivos” para coaccionar a los morosos que emplean métodos agresivos y técnicas muy humillantes que constituyen atentados a la integridad moral del moroso, con el objetivo de forzar su voluntad para que realice el pago de su deuda. Algunos de estos cobradores cometen abusos imperdonables, como visitar o llamar de forma recurrente al deudor a altas horas de la noche, utilizar un lenguaje ofensivo, proferir amenazas, provocar un daño psicológico, y contactar con familiares, amigos o compañeros de trabajo e informarles de la existencia de la deuda. Las conductas de estos gestores de cobro han sido calificadas por el Tribunal Supremos, por las Salas de las Audiencias Provinciales y por Juzgados de Instrucción como constitutivas de delitos o faltas de coacciones, amenazas, vejaciones, vulneración del honor y realización arbitraria del propio derecho. El pecado original está en la falta de regulación de los servicios relacionados con el recobro extrajudicial, puesto que España junto con Portugal son los únicos Estados de la Unión Europea que todavía no han legislado sobre la materia. No existe ningún reglamento que discipline esta actividad, y bajo mi punto de vista es paradójico que una Administración tan reglamentista como la española, no haya regulado la gestión privada del cobro de deudas.

No obstante, en Portugal una propuesta de ley del partido socialista va a poner coto este año a todos los métodos de cobro coactivos o que impliquen una intrusión en la vida privada de los deudores. En cambio, en España todos los intentos por promulgar una ley que regule a las agencias de recobro han fracasado. El último proyecto para aprobar una norma sobre la gestión privada de deudas fracasó estrepitosamente en 2010, cuando el Grupo Socialista en el Congreso proclamó a bombo y platillo que el Gobierno de Rodríguez Zapatero sacaría adelante una ley para asegurar la debida protección de los ciudadanos frente a aquellos medios de cobro que atenten contra la dignidad de las personas o invadan su intimidad.

Ahora bien, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo que modifica el Código Penal, se introduce en la norma penal un nuevo delito: el denominado delito de acoso. Este nuevo delito se encuadra dentro de los delitos contra la libertad, concretamente en el capítulo Tercero “De las coacciones”, regulándose en el artículo 172 ter las conductas de acoso hacia una persona que alteren gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. Este artículo está destinado a ofrecer respuestas a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas en la práctica de nuestros Tribunales como delitos de amenazas o coacciones. El nuevo tipo penal de acoso criminaliza conductas consideradas graves que no tenían un claro encaje en otras figuras criminales, cuando se producen conductas reiteradas que menoscaban gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, sometida a persecuciones, vigilancias, llamadas u otros actos continuos de hostigamiento. Aunque este tipo penal no lo prevea expresamente, los jueces y tribunales están aplicando el nuevo artículo 172 ter para calificar como delito el acoso a los morosos. Este nuevo ilícito penal está facultando que haya resoluciones judiciales que condenan a los cobradores que acosan a los deudores; en particular, cuando los cobradores utilicen métodos ilegales en el recobro de morosos; actos ilícitos que hasta la reforma del Código Penal no recibían condenas judiciales por falta de tipicidad delictiva.

Antes de la reforma del Código Penal de 2015 había muchos supuestos de acoso a deudores que quedaban impunes, lo que con la aplicación del artículo de yugula el acoso, la conducta de quien persigue a otra persona porque presuntamente es moroso, la acecha o la vigila contra su voluntad hasta causar un grave quebranto de su tranquilidad, comete un ilícito penal castigado por la ley. Vale la pena señalar, que en la actualidad ya hay cobradores imputados por cometer presuntamente delitos de acoso a deudores e incluso hay varias empresas que están siendo investigadas por haber consentido o animado a sus gestores de cobro a cometer actos ilícitos de acoso a los morosos utilizando las llamadas telefónicas reiteradas y constantes varias veces al día y requerimientos por escrito para el cobro de una deuda tratando de minar o menoscabar la voluntad de los deudores para conseguir el pago de la deuda, convirtiendo sus actuaciones en actos de hostigamiento.

 

Autor: Pere Brachfield
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